Es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet. Su área de incumbencia es el estudio de las elites económicas argentinas. Ello la ha llevado a especializarse en la relación entre Estado/empresarios y acción económica y política de grandes empresas, que ha plasmado en libros tales como Estado, empresas y empresarios (Prometeo, 2009) y Radiografía de la elite económica argentina (Unsam–Edita, 2016), entre otros. A su vez, su desempeño en la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina (2019-2023) convierte a Ana Castellani en una referente importante a la hora de pensar los derechos sociales y el fortalecimiento del empleo público estatal en el país.

–Teniendo en cuenta épocas de expansión y de retracción, ¿qué historización y periodización se puede hacer en relación con los derechos sociales en la Argentina?

–Los derechos sociales tienen una fase muy amplia de expansión a mediados del siglo XX con el peronismo, que trastoca la pauta distributiva de una manera muy significativa, porque son unos diez puntos de incremento de participación de los trabajadores en el ingreso en un lapso menor a diez años. Además, es la consagración en normativas de un conjunto de derechos vinculados a lo que se conoce como la ciudadanía social. Los derechos laborales no son un invento de ese momento, venían siendo tratados o demandados por el movimiento obrero, pero se plasman como una realidad efectiva en el primer gobierno peronista. Eso se va incrementando a partir de mediados de la década del 60, con la expansión más pronunciada de la actividad industrial, y sigue así hasta el 74. Es con el Rodrigazo en el 75, y sobre todo con la dictadura, que parte de esos derechos se ven afectados significativamente. A su vez, los derechos laborales sufrieron embates e intentos de embates fuertes en los 90, con toda la legislación que flexibiliza o pretende flexibilizar el mercado de trabajo. De hecho, se avanzó en esa dirección durante esos años y se busca taxativamente seguir avanzando en eso durante el macrismo y la presente gestión de Milei.

–¿Qué ideas, motivos o causas alimentaron cierto discurso que desprestigia los derechos sociales y que hacen que algunas personas puedan festejar despidos?

–Eso tiene que ver con una alteración muy profunda del mercado de trabajo que se da en los 90 y que entra en crisis con la convertibilidad. O sea, la convertibilidad tiene la ventaja de lograr la estabilización macroeconómica y la desventaja de hacer que se pierdan numerosos puestos de trabajo en el sector privado y en el público, y eso incrementa la desocupación de una manera inédita, hasta llegar a las dos cifras. Nunca antes en la Argentina había existido una tasa de desocupación cercana al 17 por ciento, como arrancó en mayo de 1995. Eso fue llevando a una creciente informalidad del empleo, porque todos esos desocupados tienen que seguir ganándose la vida de alguna manera. Básicamente, se insertaron en un mercado laboral informal. Ni siquiera en periodos de extrema bonanza económica, como podría ser en el gobierno de Néstor Kirchner, donde hay un crecimiento y una expansión del mercado de trabajo formal, se termina de completar esa inserción completa de los trabajadores. Cuando hablamos de mercado informal hablamos de distintas situaciones, desde el que está trabajando en una relación de dependencia no registrada, o sea, la persona que va a trabajar todos los días cumpliendo un horario, pero que no tiene los derechos laborales porque su empleador incumple la ley, hasta cuentapropistas y quienes realizan trabajos de supervivencia. A ellos se les va a sumar otra oleada: trabajadores, muchos de
ellos profesionales, que son monotributistas, o sea, están registrados, tienen sus propios aportes, pero que tampoco perciben los derechos sociales que tenemos los trabajadores registrados plenos. Para muchos de estos trabajadores del sector informal, el derecho social es una entelequia porque no gozan de estos derechos. Entonces, esa modificación al mercado laboral hoy hace que la mitad esté trabajando en condiciones de informalidad o de autonomía tal que hacen que no sean beneficiarias de esos derechos sociales ni puedan imaginar como un derecho de todas y todos ni las vacaciones pagas, ni el aguinaldo, ni las paritarias, ni los convenios colectivos. Parte de esa gente muchas veces se siente interpelada por los discursos que buscan justificar hábilmente la situación que tienen: la responsabilidad es del trabajador formal estatal.

–¿Por qué la embestida es particularmente contra el trabajador estatal?

–El discurso de que el Estado es grande, burocrático e ineficiente es de larga data y se consolida hacia los 70, con la dictadura. Pero, principalmente, a mediados de los 80 empezó a generarse un discurso que posibilitó generar el consenso social para todo el proceso de desguace del Estado que vino con las reformas estructurales de los 90. Está representado en el sketch de la empleada de Gasalla. A su vez, la pandemia exacerbó más esta división porque dejó en evidencia que hay un grupo privilegiado, el trabajador estatal, que tiene la certeza de un ingreso mensual en cualquier circunstancia. Todo esto facilitó la interpelación a muchos actores que hoy están apoyando o militando a Milei. Se cristaliza una idea de que hay ingresos, derechos y protecciones que el resto no tiene y que además estos empleados del Estado no generan ninguna producción o no van a trabajar. Después, en la realidad existen muchísimas prestaciones que brinda el Estado que no las hacen los duendes mágicos, las hacen los trabajadores. Vas a la oficina de la Anses a tramitar la jubilación, o una asignación familiar, o lo que sea, y del otro lado hay alguien trabajando. Este dato se evita hábilmente. Se fue amasando también la idea de que hay mucha gente dentro del empleo público nacional que es sostenida con los impuestos de los que sí trabajan. Como si los trabajadores públicos no pagaran impuestos, o como si esos impuestos que pagan los trabajadores del sector privado o del sector informal no se usaran también para pagar otras cosas que ellos disfrutan, como pueden ser los subsidios al transporte, a la luz, al gas, entre otros. Hay, obviamente, una operación ideológica para ocultar deliberadamente una cosa y mostrar como chivo expiatorio al empleado público. Existe una estrategia de demonización del empleado público, que obviamente tiene siempre un asidero en algún caso. En un colectivo tan grande siempre va a haber algún caso concreto de mala atención que se puede poner como un mal ejemplo. Pero no se puede generalizar y decir que todos los empleados públicos son irresponsables, porque si eso fuera realmente así, no tendríamos la capacidad de generar políticas públicas que tiene este Estado nacional y que se vio con total claridad en la pandemia. Entre tantas, la ATP y el IFE fueron políticas públicas que se implementaron con una celeridad que solo se explica porque hay trabajadores públicos capaces de implementarlas.