El poder mafioso es concurrente con el poder del Estado. Quiero decir que la mafia está estructurada con las mismas lógicas que la estatalidad. Es otro tipo de estatalidad. Se trata entonces de instituciones complementarias. Y una estatalidad puede disputarle a la otra su condición. Cuando un poder con lógicas mafiosas coloniza el Estado, activa un doble poder y despliega un doble plexo normativo. Este mantiene un viso de legalidad que conecta con un estatuto ilegal. El poder que despliega es expresión oficial y extraoficial del antagonismo de clase. Puesto que la mafia está estructurada con lógicas homólogas a las de la estatalidad, y dado que se trata de instituciones concurrentes, si el Estado en tanto fuerza especial de represión no se propone condicionar el poder mafioso, este termina colonizándolo. Colonizar significa que el poder mafioso interviene en la ejecución de las funciones propias del Estado. Se crea así el Estado ilegal, una mafialización del Estado, la institucionalización de la criminalidad. Se dispone una naturaleza dual del Estado sobre la base de un doble poder permanente. Esta situación es estudiada por Rita Segato en La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (2013), donde postula la existencia de dos realidades paralelas, una legal y otra ilegal, imbricadas en una estructura única.

EL PODER DUAL

Un ejemplo de ese doble poder permanente se revela si desmontamos los mecanismos de la deuda solicitada por el gobierno de la alianza Cambiemos ante el FMI –legitimada, lamentablemente, por el gobierno del Frente de Todos (con honrosas excepciones)–, que implicó una transferencia de capitales del sector público a una parte del sector privado y que grava sobre las clases trabajadoras nacionales. Uno de los objetivos de ese doble poder es la configuración de una sociedad dual: una parte minoritaria con acceso a bienes, servicios, “derechos” que en realidad son privilegios; la otra, reducida a una ciudadanía aplastada, con una participación social obturada, con una vocación cultural y política barrada, grandes mayorías nacionales obligadas a ser hombres y mujeres carentes de plenitud en una comunidad de desiguales.

La finalidad del empréstito fue apoyar la reelección presidencial de Macri y no fue contraído mediante los recaudos legales que exige la legislación argentina. Esa operatoria demuestra la existencia de un mecanismo mafioso desplegado por el gobierno cambiemita porque responde a la pugna in(di)soluble y fecunda entre legalidad e ilegalidad, signo de una huella obsesiva que marca el derrotero de la cultura mafiosa. En el caso del “FMIgate” encontramos funcionarios públicos, sujetos legalizados, que operaron en las mallas del Estado, que hubieran tenido que servir en función de un interés nacional, y que en realidad actuaron violando distintas normas y procedimientos administrativos para llevar a cabo el acuerdo del préstamo que luego fue malversado. Los funcionarios públicos nacionales –sus rostros reales son Mauricio Macri; Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda; Luis Caputo, ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central; Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, ex presidentes del BCRA– operaron de manera ilegal. Es esto: sin interpelar a los órganos competentes, sin el cumplimiento de requisitos de procedimiento esenciales exigidos por la legislación nacional y sin solicitar la información económica, financiera y jurídica necesaria para cerrar un acuerdo con el FMI. Procedieron sin requerirle al Poder Legislativo nacional la autorización (previa) para contraer el crédito (violaron el artículo 75 de la Constitución Nacional, incisos 4 y 7). Quiere decir que la carta de intención no fue discutida ni aprobada por el Congreso de la Nación. Ante un hecho de esta magnitud, se hubiera esperado que la Corte Suprema asumiera el rol de su competencia: de custodio de la Constitución. Nada de eso aconteció. (Además, los funcionarios cambiemitas violaron otras normativas nacionales, que no mencionaré para soslayar tecnicismos innecesarios).

MAGNIFEMICIDIO

El doble poder permanente se impone quebrar las singularidades de los liderazgos populares porque interrumpen la expansión de su poder. En la Argentina todo esto se revela si tomamos como índice la violencia, cuyas funciones son múltiples, pues tiende a separar, alejar, discriminar, dispersar, matar. Es la herramienta nuclear del poder mafioso, que tiene una aversión hacia la democracia liberal (porque es un poder plural, diseminado, reconocible en su diversidad), a la que considera una especie de cáscara formal que pretende vaciar a través de la captura del Estado por el campo criminal. La violencia es un Jano bifronte: tiene una dimensión material y otra expresiva. Si nos remitimos a la expresividad, la violencia posee su propia estilística e implica una comunicación. El intento de magnifemicidio del 10 de septiembre de 2022 es un mensaje del poder mafioso a la democracia. Dice lo que ese poder no está dispuesto a tolerar: la idea de un capitalismo (apenas) inclusivo, autonomía en términos internacionales y una inclinación a las relaciones multilaterales. Ese mensaje político habla de una fuerza que no está dispuesta a compartir un segmento del poder con otros sectores políticos –con otra sensibilidad, creatividad e inteligencia social– por fuera del bloque dominante. El intento de magnifemicidio, además, tuvo tres destinatarios: estuvo dirigido a la militancia, al gobierno, al Estado para enrostrarles su derrota por no poder proteger el cuerpo de esa mujer, la de mayor representatividad en el campo nacional y popular.

Una de las consignas del 25 de mayo fue “Argentina y democracia sin mafias”: es el índice que señala la indefensión del campo estatal con respecto al poder mafioso ubicado en sus tejidos. Pues ese poder interviene en la ejecución de las funciones propias del Estado. Dar cuenta de la magnitud del fenómeno es imprescindible: entender la racionalidad de un poder que ha constituido un Estado con una naturaleza dual, que opera sobre la base de un doble poder permanente y que responde solo por la mitad a los preceptos democráticos. A cuarenta años de la vuelta a la institucionalidad democrática, eso es una trampa a la democracia, entendida como una ciudadanía compleja, dispuesta a la participación social, a la vocación cultural y política, a ser hombres y mujeres plenas de una comunidad de iguales. Esto es: justa.