Para que se levantara temprano y sacarla en los programas de la radio, los movileros sabían que no servía para nada tocar el timbre, golpear la puerta o llamar por teléfono. Lo que sí podía tener algún resultado era agarrar unos cascotes y, como una cosa casi vandálica, bastante desfasada de la investidura periodística, tirarlos contra la persiana del primer piso de la casa donde vivía Margarita Di Tullio. Con ese recurso, que ella misma recomendaba, era posible despertarla.

Su apodo, “Pepita la Pistolera”, más el repaso de sus antecedentes (en 1985 había matado a tiros a tres tipos que se habían metido en su casa) y sus vínculos con el mundo nocturno del puerto la convertían en un personaje a pedir de las noticias y las crónicas. El chalé de Mar del Plata, estilo marplatense, piedra Mar del Plata, respondía como escenario modelo, organizado con el amor del que podía ser capaz una persona con una vida al borde. Un cenicero con forma de zueco tapado de colillas y teñido de sus quemazones; una voz, que mientras la dueña de casa se preparaba, gritaba “¡Marga! ¡Marga! ¡Marga!”, con un chillido que resultaba desconcertante hasta que uno se enteraba que quien cumplía con la misión de poner en alerta a la jefa era un loro que habitaba en la cocina.

Pero si había algo para lo que este personaje no servía era para ocupar el centro de una hipótesis razonable sobre el caso que tenía horrorizado al país: el crimen de José Luis Cabezas.

En la lógica del “perejil”, la metieron presa junto a un grupo de allegados englobados bajo el nombre obvio pero práctico de “Los Pepitos”, sospechados de haber sido los responsables del brutal asesinato del fotógrafo de la revista Noticias.

En esos días irrumpía la pregunta: ¿qué razón podían tener Pepita y sus Pepitos para matar a Cabezas? El esfuerzo por pensar una respuesta convivió por un tiempo con otras teorías. Al propio Eduardo Duhalde se le atribuye la frase “Me tiraron un muerto”, bajo la hipótesis de un pase de factura policial.

El entonces gobernador ya había aceptado que su caracterización de la Bonaerense como “la mejor policía del mundo” era un delirio. Y mucho más en el nuevo contexto: una banda integrada por policías, además de un grupo de civiles, había caído acusada por el crimen.

Los “nuevos” asesinos de José Luis Cabezas eran un oficial llamado Gustavo Prellezo, algunos cómplices de la fuerza y cuatro civiles útiles e imprescindibles para el tenebroso plan, llamados “Los Horneros”, por Los Hornos, donde los habían reclutado.

El “quiénes” quedó más cerca, pero la pregunta se actualizó: ¿por qué habían matado a Cabezas? En las primeras horas, las fuentes difundieron una versión más o menos narrable. En la costa había una banda dedicada a la venta de drogas y a los robos de casas. Cabezas, de acuerdo con ese hilo, le había comentado a un comisario que esa banda era liderada por un policía. Y por eso lo habían matado.

Una “variación” ya disparatada incluía a Cabezas dentro de esa misma trama, pero con un rol de extorsionador.

EL RIESGO DE SACAR FOTOS

Pero el juez José Luis Macchi se enfocó en la línea que iba a ser la definitiva hasta el juicio oral que se hizo casi tres años después, entre el 14 de diciembre de 1999 y el 2 de febrero de 2000.

La Cámara Penal de Dolores condenó a los policías y a Los Horneros. Las pruebas también sirvieron para configurar el móvil. Condujeron al poderoso empresario telepostal de pelo blanco y vida en las sombras Alfredo Yabrán. Un año antes del crimen, en el verano de 1996, Cabezas le había sacado la famosa foto cuando caminaba con su mujer en una playa en Pinamar.

Los jueces dieron por probado un encuentro en el que Yabrán le transmitió a Gustavo Prellezo su deseo de tener “un verano tranquilo, sin fotógrafos ni periodistas”. Silvia Belawsky, la mujer del policía, reveló que su marido le había contado que trabajaba para Yabrán, quien estaba “en todo esto”. También se conoció un antecedente con disfraz de chiste negro en la letra del propio empresario, que le regaló un jarrón a Oscar Lescano, un sindicalista amigo, y en la tarjeta le escribió: “Si no te sirve de adorno, es para que se lo rompas en la cabeza a algún fotógrafo indiscreto”.

La conclusión del periodista Gabriel Michi, compañero de Cabezas, funciona como un shock de razón: “Ninguno de los policías ni Los Horneros tenían razones personales para atacarnos. A quien nosotros sí habíamos investigado y José Luis fotografiado era a Alfredo Yabrán”. La familia del fotógrafo y sus compañeros siempre defendieron esta línea.

Una hipótesis antagónica y desatinada dentro del mismo campo temático fue la que desplegó Miguel Bonasso en su libro Don Alfredo. Apuntaba como autora del crimen a la CIA, que buscaba inculpar a Yabrán para quedarse con sus negocios.

Pero para los jueces fue tan lineal como siniestro y probado: a Cabezas lo habían matado por su labor periodística. Con pluma tribunalicia, el camarista Jorge Dupuy, redactó: “Infiero la existencia de graves motivos por parte del inescrupuloso encargado de seguridad de Yabrán por procurar la muerte de Cabezas”. Hablaba de Gregorio Ríos, jefe de los custodios del empresario, de vínculo acreditado con Prellezo.

Raúl Begué, el presidente del tribunal, afirmó que Yabrán y Ríos “determinaron directamente” al policía “para que secuestrara al fotógrafo José Luis Cabezas y atentara contra su integridad física de tal forma de impedir que cumpliera con su labor profesional”. Resumió: “¿Qué otra persona que Yabrán aparece con agravios y concretas posibilidades de conflictos permanentemente renovados con Cabezas, a la vez manteniendo una vinculación habitual directa o por medio de su jefe de seguridad con Gustavo Prellezo, el organizador del complot que tenía por objeto interrumpir aquella ‘molestísima’ actividad gráfica y a la vez con suficiente solvencia para financiar el proyecto?”.

No se olviden de Cabezas.