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La pesadilla de la Iglesia

Los sacerdotes Alfredo “Alfie” Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio José Barletti, todos de la comunidad de los Padres y Hermanos Palotinos, fueron acribillados en la madrugada del 4 de julio de 1976, en la parroquia San Patricio. El crimen sigue impune.

De los tantos hechos que debe aclarar y penar la Justicia argentina, la masacre de los cinco palotinos pide castigo a gritos a 45 años de los asesinatos.

Un paisaje desolado de complicidades, silencios y miedos, es lo que se ve al observar, desde el cómodo 2021, aquel incómodo 1976 cuando los medios, la Iglesia, la Justicia llamaban a aquello Proceso y no era otra cosa que dictadura criminal cívico-militar-eclesiástica.

Cuando esa mañana del domingo 4 de julio de 1976, en los departamentos traseros de la iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, hallaron los cadáveres de cinco palotinos, (seguidores del apostolado de Vicente Pallotti) gran parte de los vecinos formaba parte de una clase media que había abrazado la llegada los militares bajo la confusa esperanza de un orden para el país.

En ese barrio alzaban su voz en defensa de la dignidad humana el padre Alfredo Leaden, hijo de una tradicional familia irlandesa, el padre Pedro Dufau, de Mercedes, el sacerdote Alfredo “Alfie” Kelly, párroco de San Patricio, el de mayor carisma y personalidad, el seminarista Salvadro Barbeito,  español, tenía 29 años, y Emilio Barletti un flaco de San Antonio de Areco, de 23 años,  aspirante a la Sociedad del Apostolado Católico en la comunidad de San Patricio.

Los cinco no habían ocultado jamás sus inquietudes políticas y sociales, ni sus pensamientos  influenciados por el Concilio Vaticano II ni su compromiso con los familiares de los desaparecidos.

Cada domingo abrían el templo a las 7.30 a la espera de la concurrida misa de las 8. Pero ese helado 4 de julio, a las 7.30 el templo estaba cerrado. “¿Se habrán quedado dormidos?”, preguntaban los feligreses que llegaban.

Alarmado, Rolando Savino, de 16 años, organista de la iglesia, buscó entrar por una banderola del salón ubicado atrás de la casa. Manoteó las llaves del templo y de la casa parroquial, preparó las cosas para la misa y regresó inmediatamente al inmueble donde dormían sacerdotes y seminaristas. En el living vio los cinco cadáveres. Creyó primero que había sido un robo violento y le pidió a una señora que lo acompañara a la comisaría.

En la 37, sobre la calle Mendoza, notaron las primeras señales de la inevitable complicidad. Un agente policial se hizo el tonto cuando le pidieron que se dirigiera urgente a la parroquia de San Patricio. Al rato algunos patrulleros rodearon el lugar. Simulaban estar impactados por la escena. Después desplegaron la rutinaria y falsa tarea de examinar el lugar mientras le decían al muchacho “nos tenés que decir los nombres de los cinco”.

La farsa policial-judicial empezaba, con el único fin de mostrar que había preocupación por el tema.

Aún no se hablaba de “zona liberada”. Pero ahí estaba la zona liberada.

El ocultamiento

Las tapas de los diarios (el lunes 5 de julio de 1976) no escondieron el hecho, aunque muy pronto lo pusieron bajo los mantos de ocultamiento que se tejían en sus redacciones. Clarín tituló la noticia de los crímenes con un seco “Asesinaron en Belgrano a cinco religiosos”. La prensa canalla de la radio y la TV manejada por personajes como Neustadt, Julio Lagos o Magdalena Ruiz Guiiñazú, no movió un dedo para denunciar que eran cinco homicidios cometidos por la mano de obra operativa que fermentaba en los cuarteles y comisarías.

Si  las pintadas que los criminales de Videla dejaron en los dormitorios de los palotinos no hubiesen sido borradas, hoy leeríamos las frases que escribió la patota asesina: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son Tercermundistas” y “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. ¡Viva la Patria!

Si el juez de la dictadura Guillermo Rivarola y su secretario Gustavo Guerrico hubiesen hecho lo que correspondía, todos los policías federales, encargados de la custodia de esa zona donde vivían generales, gobernadores, y pudientes diversos, habrían sido detenidos al menos como encubridores.

El grupo de tareas que actuó había llegado a la esquina de las calles Echeverría y Estomba moementos  antes en dos Peugeot, según testimonio de vecinos. Traían la venganza y las armas en las manos. Dos días antes, un militante de Montoneros había colocado un explosivo en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal. 18muertos y 66 heridos.

La Iglesia, sin embargo, decidió no confrontar con la dictadura. El nuncio Pio Laghi y el arzobispo Juan Carlos Aramburu pese a que designaron al sacerdote Efraín Sueldo Luque para que investigara la masacre, jamás alzaron la queja pública.

Un periodista –sin duda de los mejores que dio la Argentina- fue uno de los primeros que exigió Justicia en los años iniciales de la democracia. Eduardo Kimel, autor del libro “La Masacre de San Patricio”, pagó caro su audacia. Rivarola, el juez de la dictadura, le inició una causa penal.  En la justicia argentina del menemismo y el delarruismo se consideró que este párrafo era agraviante: “El juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”.

Y condenaron a Kimel a un año de prisión por el delito de calumnias. Nunca olvidemos los nombres de estos jueces:  Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome de la Cámara de Apelaciones y la jueza de primera instancia, Ángela Braidot.

La fortaleza enorme de Kimel y el CELS llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2008 le exigió al Estado argentino que deje sin efecto la condena en su contra, lo indemnice y modifique el Código Penal. En octubre de 2009 el Congreso sancionó una ley que despenalizaba los delitos de calumnias e injurias cuando se trata de casos de interés público. Es la ley Kimel, quien había muerto un año antes.

No sólo los autores materiales e intelectuales de la matanza deben ser hallados y condenados, también la historia debe hacer algo con Rivarola y el enorme listado de responsables alrededor de todos los actos aterradores de ese invierno.

La causa actualmente sigue una pista relacionada con un grupo de tareas de la Marina. Lo hace porque dos sobrevivientes de la ESMA escucharon al represor Antonio Pernías jactarse de haber participado en el operativo de San Patricio. También el imputado Claudio Vallejos, un integrante del GT3 ESMA aseguró que fueron los marinos. Pero nadie se encarga de seguir la pista más seria: la de la Federal. Ni de retormar la petición del fiscal de 1986 Aníbal Ibarra, quien al menos pidió al indagatoria y el procesamiento del comisario de la 37 Rafael Fensore y del ayudante Miguel Romano, quien estaba a cargo de patrullar la zona como custodia la noche del crimen.

La vida de los cinco camina e ilumina las calles del tan presumido como encantador barrio de Belgrano. Pero cada 4 de julio vuelven a sonar los disparos de la injusticia.

Escrito por
Pablo Llonto
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