“Repudio del gobierno. Fueron hallados 30 cadáveres en Pilar”.

“Condenó Harguindeguy todos los extremismos. Reiteró su condena a los autores de la muerte de 30 personas en Fátima”.

Ambos títulos pertenecen a los matutinos de un invierno sangriento. En agosto de 1976 leer los diarios en la Argentina era leer la historia de un país que en realidad no existía. ¿Videla conmovido? ¿Harguindeguy (el ministro del interior de la dictadura) condenando los crímenes de sus propios hombres?

Repugnancia es la palabra que, tal vez, sintetiza mirar aquel pasado. A 45 años de una de las mayores masacres de la dictadura cívico-militar, duele doble confirmar que los criminales desplegaron tanta hipocresía porque tenían toda la ayuda de la prensa nacional dispuesta a reproducir las voces que agitaban un coro de simuladores de uniforme. Ni los escribas ni los conductores de programas movían un dedo para investigar los hechos.

No se trataba de treinta cadáveres “hallados en Pilar”. Eran treinta jóvenes sacados de las mazmorras de la Policía Federal y, con la participación del Ejército, asesinados y dinamitados a 62 kilómetros de la entonces Capital Federal.

Conocida como la Masacre de Fátima, la matanza de aquella madrugada del 20 de agosto fue silenciada por la complacencia de todo el periodismo que aceptó inmediatamente el discurso oficial en boca de los asaltantes de la Casa Rosada.

¿De qué se habría enterado un periodista si metía sus narices en la averiguación de semejante impacto macabro? ¿Qué descubriría si no hubiese aceptado mansamente los comunicados oficiales de los dictadores de entonces?

• Que los restos de los primeros dieciséis jóvenes identificados en ese momento, o al poco tiempo, correspondían a Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Conrado Alsogaray, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydee Rosa Cirullo de Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmen María Carnaghi, Horacio Oscar García Gastelú, Alberto Evaristo Comas, Susana Elena Pedrini de Bronzel, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas y Ricardo José Raúl Herrera. Todos militantes secuestrados en los días o semanas previas.
• Que habían sido sacados violentamente de la sede de Coordinación Federal (se la conocía como Coordina o Superintedencia), una dependencia de la Policía Federal ubicada en Moreno al 1400, a 200 metros del Departamento Central de Policía, un lugar que funcionaba como Centro Clandestino de Detención.
• Que los grupos operativos de Coordinación eran comandados por el coronel entrerriano Manuel Alejandro Morelli, cuñado del cura represor, Cristian Von Wernich.
• Que la acción genocida era una supuesta respuesta estatal del Plan de Exterminio de la dictadura, ante el explosivo colocado por Montoneros en el comedor de Coordinación Federal en julio de 1976.

En el camino que une la ruta 8 con la Ruta Provincial 6, un grupo de obreros halló esa mañana treinta cadáveres, diez mujeres y veinte varones. Todos atados y vendados, con impactos de bala en el cráneo efectuados a corta distancia. Según el médico forense de la policía bonaerense  Gregorio Ferrá, en un bolsillo de una de las víctimas se encontró una tarjeta en la que decía “30 x 1”.

Los argentinos/as supimos recién los detalles de esta cobardía genocida cuando en 1985, durante una de las audiencias del Juicio a las Juntas, el ex policía Víctor Armando Luchina, quien prestaba tareas en la calle Moreno, contó que apenas pasada las doce de la noche de aquel 20 de agosto le pidieron que apagara las luces de los pasillos, la oficina del principal y el playón y que grupos de tareas comenzaron a sacar gente de las celdas mientras los secuestrados, con angustia y gritos, preguntaban qué iba a pasar.

Luchina en su relato puntualizó que entre las 0:20 y la 1:00 vio un camión militar, muy ancho, acomodar su culata hacia la puerta y que en el intenso movimiento de personal se dio cuenta que ingresaban personas que no pertenecían a la Superintendencia Seguridad Federal. Se trataba de los militares que al día de hoy aún no se han identificado.

Todos encapuchados, mujeres y hombres fueron bajados del tercer piso por el ascensor. En el relato, Luchina dijo que “no podían mantenerse en pie, parecían dopados, por lo que debían ser llevados por una o dos personas. Muchos se encontraban maniatados, con las manos hacia atrás y, la mayoría, con el rostro tapado ya sea con vendas, una capucha o una bolsa plástica”. A Luchina le pidieron que tomara por las axilas a una chica que se desplomaba,  mientras “el personal encargado del traslado se reía, llevaba a los detenidos a empujones y entre otros dos los hamacaban y los arrojaban dentro del camión como “pesos muertos” apilándolos unos sobre otros”.

En el camión, otros represores pasaban lista y cuando la cuenta finalizó en treinta no cargaron más personas. Delante del camión -contó Luchina- salieron “cinco o seis automóviles con militares y un grupo o brigada de la Superintendencia”.

Pocas horas después, la noticia del hallazgo era parte de la “historia oficial” que todos repetían como colimbas obedientes de un cuartel.

Memoria, verdad y justicia

Fueron la democracia y el juicio y castigo a los culpables que se inscribía en la bandera de las Madres, el empuje de las condenas que se lograron por etapas. Primero en la causa 13 a los ex comandantes (1985); después en la sentencia del Tribunal Oral Federal 5 en julio de 2008 cuando se condenó a los policías federales Juan Carlos Lapuyole y Carlos Gallone a prisión perpetua por los secuestros y los homicidios en Fátima. Miguel Timarchi fue absuelto por los jueces Obligado, Gordo y Farías.

¿Sólo dos responsables? Nadie puede creer que aún no se haya logrado dar con la gigantesca patota que combinó dinamita y terrorismo de estado.

Por años, los otros catorce restos no lograban ser identificados. Hasta que en la última década el profundo trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo determinar estas confirmaciones: José Bronzel, Marta Alicia Spagnoli de Vera, Roberto Olivestre, Enrique Jorge Aggio, María Rosa Lincon, Cecilia Podolsky de Bronzel, Juan Carlos Pasquarosa, José Jacinto Pasquarosa y Ernesto María Saravia Acuña completan hoy el listado parcial de víctimas. Cinco incertidumbres esperan hasta hoy que algún familiar concurra al EAAF para aportar su ADN.

Sobre el verde de esta localidad tan poco nombrada del partido de Pilar, una hilera de árboles señala, desde marzo de este año, el lugar donde el horror de los mayores criminales marcó para siempre a Fátima, en el digno intento de que una masacre no se olvide.  

En eso anda también la otra prensa. La que combate la impunidad de aquellos vergonzosos títulos.