“Proceda”. Una palabra y un gesto. Una imagen clavada en la retina de la historia. El jefe del Ejército descuelga el cuadro de la impunidad. Las rejas del mayor centro clandestino de detención se abren. Los claveles rojos se mezclan con los abrazos y las lágrimas de la victoria en pleno escenario del horror. Y después, la disculpa. Un presidente que se sostiene del atril y pide perdón en nombre del Estado.

La jornada del 24 de marzo de 2004 es, sin duda, el mayor símbolo de una gestión que por primera vez en veinte años colocaría a los derechos humanos en el centro de la política del país. Pero, aunque aquel día plantó bandera, Néstor Kirchner había dado muestras contundentes de su decisión apenas caminó los primeros pasos de su presidencia. A menos de tres meses de asumir, el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final: los genocidas podían ser juzgados.

EL FIN DE LA IMPUNIDAD

Kirchner llegó a la Casa Rosada el 25 de mayo de 2003. Dos semanas después, el 9 de junio, encabezó un homenaje a los fusilados del basural de José León Suárez, aquellos asesinatos cometidos en 1956 por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu que el periodista, militante y escritor Rodolfo Walsh denunció en su libro Operación Masacre. Ese día, su hija Patricia, diputada nacional por Izquierda Unida, llevó en su cartera el proyecto de ley, de su autoría, que desde hacía más de un año intentaba, sin éxito, que fuera tratado en el recinto.

“Me invitaron al homenaje y pensé que tenía una oportunidad política. Conocí a Eduardo Luis Duhalde, entonces secretario de Derechos Humanos, y él me contó que conoció a mi padre. Le pedí, entonces, un favor. Que cinco minutos antes de que el presidente se retirara, yo quería darle en la mano la copia del proyecto. Y eso sucedió. La escena duró menos de un minuto y nunca lo volveré a ver personalmente. Le doy el proyecto en la carpeta, extiende su mano, lo toma y se sonríe. Le digo algo así como que espero que ocupen las bancas. Se ríe y se va. Ya en la calle, el secretario de Derechos Humanos me dice: ‘Mirá lo que tengo que estudiar’, y me muestra la carpeta que yo acababa de entregar”, recuerda Patricia Walsh 17 años después.

Pero pasaron los días y las semanas, y del proyecto ni noticias. Hasta que el 12 de agosto, Día de la Soberanía, Walsh recibe el llamado inesperado del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Caamaño, que le anunciaba que en la sesión especial votarían la anulación de las leyes de impunidad y, también, la adhesión a la convención internacional que considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Había una mala: un sector del Partido Justicialista se negaba a votar la nulidad de los indultos con los que Carlos Menem había beneficiado a los miembros de las Juntas Militares. Ese punto quedó afuera, pero se logró el consenso de un proyecto de nulidad único, basado en la iniciativa de Izquierda Unida.

“Así obtuvimos para nuestra larga lucha una victoria parcial que permitió reabrir las causas que estaban cerradas, supuestamente, para siempre –reconoce Walsh–. Teníamos la fuerza de la legitimidad, de ser protagonistas en contra del silencio y del olvido. Y la lucha de las madres, las abuelas, los familiares y los hijos, de la cual yo también formaba parte, de la cual yo había aprendido casi todo lo que sé. Aquel 12 de agosto, ganamos. Las bancas debieron ocuparse, dar quorum, y la mayoría votó a favor”.

El 2 de septiembre, Kirchner promulgó la ley 25.779, y casi dos años después, en junio de 2005, la Corte Suprema falló a favor de su validez. En 2006, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.

LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA

La lucha de los organismos de derechos humanos había comenzado al día siguiente de aquella navidad de 1986, cuando Raúl Alfonsín estableció la paralización de los procesos judiciales contra los acusados de haber cometido delitos de desaparición forzada. “Pero Néstor Kirchner fue el primer presidente que nos escuchó. No que nos recibió, porque todos nos recibían, sino que él fue el primero que nos escuchó. Y fue también el primer presidente que tomó los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, de un Estado presente. Justamente, al tomarlo como política de Estado es que pudimos anular las leyes de impunidad y por fin empezar a juzgar a los genocidas”. Cuando Taty Almeida habla de Néstor Kirchner se emociona. Aunque está detrás de un teléfono, cuidándose de la pandemia, su voz inconfundible suspira entre los recuerdos. “Él dijo que se sentía el hijo de Madres y Abuelas, y así también lo sentimos nosotras. Fue un hijo que se ocupó por primera vez de los reclamos de justicia de los organismos”.

Mamá de Adriana y Miguel, dos militantes desaparecidos, Lita Boitano coincide. “Fue un antes y un después. Los derechos humanos fueron política de Estado por primera vez”, destaca a sus 89 años la presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Con la mitad de su edad, Charly Pisoni, de la agrupación H.I.J.O.S., también reconoce en la gestión de Kirchner un quiebre. “Con él pudimos ver que había otra forma de hacer política desde el Estado, algo de lo que nosotros estábamos totalmente descreídos, porque veníamos de la dictadura y de distintos gobiernos democráticos impopulares que nos daban la espalda”.

Aquella tarde del 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner puso la cara y cambió silencio por palabras. “Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino”, dijo después de pedir perdón de parte del Estado “por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia por tantas atrocidades”. Era el cierre de un día intenso. Más temprano, le había ordenado al jefe del Ejército, Roberto Bendini, que descolgara los cuadros de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone de las paredes del Colegio Militar. Después, había firmado junto con el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, el convenio de creación del Museo de la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la ESMA.

Afuera, sobre la Avenida del Libertador, las madres, abuelas y familiares esperaban la firma para luego caminar hacia el escenario ubicado sobre la calle Comodoro Rivadavia. Los organismos habían acordado no entrar al predio. “Habíamos exigido muchas veces que nos devolvieran la ESMA, pero cuando nos dijeron que abrirían las puertas dijimos que no queríamos entrar, pasaba algo psicológicamente, una negación”, recuerda Pisoni. Sin embargo, la noche anterior, mientras terminaban de escribir el discurso que una compañera de H.I.J.O.S. leería en el escenario, cambiaron de idea: “Definimos que cuando se abrieran las puertas entraríamos y dejaríamos unos claveles rojos en la entrada del edificio emblemático, el Cuatro Columnas”. Después todo fueron canciones y pañuelos, banderas y abrazos, risas y más llanto.

Lita Boitano tampoco logró cumplir con el acuerdo. “Al final, muchas compañeras me retaron porque habíamos quedado que nos quedábamos afuera del portón porque no podíamos pisar ese antro, pero todo fue tan fuerte que cuando los hijos se mandaron, yo fui detrás. Nos colamos con Cristina Muro, era pura emoción. Algunos de los chicos incluso habían nacido ahí, se escuchaban los nombres de los papás y las mamás desaparecidos, era como encontrarnos con nuestros hijos”. Lo simbólico, lo gestual, lo palpable se mezclaban otra vez.