La democracia nunca fue una línea recta de progreso. Más bien, desde el final de la última dictadura cívico-militar, lo que hubo es una constante puja por avanzar en un proceso de Memoria, Verdad y Justicia. En los últimos cuatro años, esa lucha no se detuvo, pero reconoce claros retrocesos, con un hito en el fallo de la Corte Suprema que intentó permitir que los genocidas pudieran aprovechar la Ley del 2×1, derogada años antes, pero que se encontró con un rechazo tal que terminó en una marcha atrás forzada de los integrantes de la Corte. El gobierno de Mauricio Macri estuvo plagado de funcionarios con declaraciones negacionistas del terrorismo de Estado, que sólo dejaron su cargo luego de meses de repudio. O tal vez los retrocesos se puedan medir en números: las prisiones domiciliarias de los represores crecieron en un 45 por ciento en los últimos cuatro años, algo que no sólo se debe al envejecimiento de los condenados, sino a una política anunciada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Hoy el 67 por ciento de los detenidos está en su casa y otro ocho por ciento tiene condiciones especiales de detención (por ejemplo, en Campo de Mayo).

2X1

El principal intento en estos años de terminar con el proceso de juzgamiento, o llevar sus resultados a una liberación general, fue el fallo de la Corte Suprema en mayo de 2017 que les permitía a los represores usar la ley 24.390, conocida como Ley del 2×1, para computar doble el período de tiempo a partir del segundo año de detención sin sentencia firme. El fallo –firmado por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton– benefició al represor Luis Muiña, condenado por secuestros, torturas, desapariciones y un homicidio. Y permitía a los represores acudir a una ley que había sido derogada en 2001 y que estuvo vigente entre 1994 y ese año, es decir, cuando los genocidas estaban protegidos por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Votaron en disidencia los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La mayoría que se había conseguido se desarmó a raíz del desprestigio que trajo esta decisión, fogoneada por Rosenkrantz, según cuenta la periodista Irina Hauser en su libro Rebelión en la Corte. El 2 de agosto, una movilización gigantesca inundó Plaza de Mayo, con una multitud que portaba pañuelos blancos. En el escenario decía: “Ningún genocida suelto. Señores jueces: Nunca más”. El Congreso trató en forma veloz una ley que aclaraba que los condenados por delitos de lesa humanidad no podían acogerse a la Ley del 2×1. La Corte no dio marcha atrás hasta diciembre de 2018, cuando una mayoría dejó solo a Rosenkrantz.

PRISIONES DOMICILIARIAS

Para la época del fallo del 2×1, había 1.044 detenidos por delitos de lesa humanidad, de los que ya 518 estaban con arresto domiciliario. Esa proporción fue creciendo con los años. En 2015, eran 439 los represores detenidos con esa modalidad. Ese número tuvo un crecimiento sostenido en el gobierno de Cambiemos: subió a 519 en 2016, a 549 en 2017, a 639 en 2018, y en lo que va de este año ya totalizan 649 casos, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de julio de 2019.  El abogado de Abuelas, Alan Iud, indicó que el principal problema con esto es la dificultad para controlar que esas prisiones realmente se cumplan. “Las personas mayores de 70 años o [con un] estado de salud quebrantado tienen que tener el derecho a la prisión domiciliaria sin excepción”, sostuvo Avruj en una entrevista con Clarín. La cantidad de genocidas libres pasó de 791 en 2015 a 1.459 en 2019.

A junio de 2019, hay 226 causas con sentencia, pero sólo 58 están firmes. Un dato importante es que desde 2006 fueron condenadas 915 personas por delitos de lesa humanidad, y 94 de ellas por delitos sexuales. Se trata de un proceso que comenzó con el juicio a Miguel Etchecolatz, en el que desaparecieron al querellante Jorge Julio López. Avruj hizo un intento de meter al Estado en la causa López como querellante, que fue denegado por el Poder Judicial.

NEGACIONISMO

Corrían los primeros días del gobierno de Cambiemos cuando el entonces ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, se despachó: “En la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”. La frase completa es, en verdad, peor: “Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios”. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lo mantuvo en su gestión hasta que la presión social se hizo demasiado grande: Lopérfido dimitió y lo enviaron como agregado cultural en la embajada de la Argentina en Alemania, cargo que luego tuvo que dejar. Este año se volvió a referir al hecho: “No me arrepiento”, dijo.

El presidente Macri, ante esta discusión, esquivó las preguntas: “No tengo idea si fueron nueve mil o treinta mil, si son los que están anotados en un muro o son muchos más”. Pero el negacionismo no fue un caso aislado. Su director de Aduana Juan José Gómez Centurión negó que existiera un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura y calificó de “22 mil mentiras” la cifra de 30 mil desaparecidos. “No creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a las personas. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejar”, aseguró Gómez Centurión, a quien Macri mantuvo en el cargo.

Avruj sostuvo en las últimas semanas que buscará que los familiares de los muertos por la guerrilla cobren una indemnización similar a la de los familiares de desaparecidos. A su vez, hubo un discurso de hostigamiento a los organismos de derechos humanos: desde las sospechas que planteó Avruj sobre el nieto 130 hasta las acusaciones de corrupción en las indemnizaciones a los familiares. El CELS advierte que a estos discursos se sumó el desmantelamiento de las políticas públicas que impulsaban las causas judiciales desde distintos ministerios. También hubo diversas amenazas de vender o demoler sitios de memoria, como el de Arsenal Miguel de Azcuénaga en Tucumán.

CIDH

El gobierno de Macri se mostró muy refractario al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que acusó de entrometerse en sus asuntos internos. No fue el único escándalo: Avruj propuso como candidato ante la CIDH a Carlos Horacio de Casas, quien hizo campaña para revertir los avances para el colectivo LGTTBIQ+. Fue objetado por más de cien organismos de derechos humanos y terminó perdiendo la votación. También propuso a Alfredo Vítolo, un activo militante contra los derechos de las mujeres, que tenía un trabajo titulado “La posibilidad de perdonar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad”. Tuvo que dar marcha atrás con la postulación.

Pero las principales críticas de la CIDH fueron por el caso de Milagro Sala, quien continúa detenida. Fue por la decisión del gobernador Gerardo Morales de incumplir todas las intimaciones internacionales a cesar con la prisión preventiva. En el caso de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado, el gobierno también intentó frenar las condenas internacionales, al punto de que el secretario de Derechos Humanos dijo que el caso Maldonado en la CIDH está “cerrado absolutamente. Nos hace sentir muy orgullosos”.