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AL FINAL HAY RECOMPENSA

A pesar de las leyes de impunidad, los organismos lucharon toda una vida por lograr justicia y no venganza. Con el kirchnerismo llegaron las condenas.

En la mañana del 17 de mayo de 2013, el dictador Jorge Rafael Videla murió en el pabellón 6 del módulo IV del penal de Marcos Paz. Poco más de seis años después, el final de uno de los íconos de la última dictadura cívico-militar aún replica como un punto de inflexión en la larga e inconclusa secuencia por Memoria, Verdad y Justicia.

El brazo ejecutor del terrorismo de Estado, responsable de modelar la categoría del desaparecido en los años más oscuros –“si no están, no existen; y como no existen no están. Los desaparecidos son eso, desaparecidos; no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”–, murió preso a los 87 años en la soledad del baño de su celda.

El “caso Videla” sintetiza el derrotero de la participación y compromiso del Estado en la búsqueda de justicia por los crímenes de lesa humanidad desde la recuperación de la democracia. El represor fue condenado a prisión perpetua en 1985 en el marco del histórico Juicio a las Juntas y permaneció preso hasta 1990, cuando consiguió el beneficio del indulto del ex presidente Carlos Menem. Volvió a prisión ocho años después –durante la gestión del radical Fernando de la Rúa–, acusado por la apropiación de niños, pero pudo regresar a su casa apenas 38 días más tarde: por su edad, recibió el beneficio de la domiciliaria. En 2008, volvió a la cárcel en forma definitiva.

La bisagra que constituyó el Juicio a las Juntas en 1985 (Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua; Roberto Viola recibió una sentencia de diecisiete años de prisión; Armando Lambruschini, de ocho, y Orlando Agosti, de cuatro) se consolidó luego con la condena contra Ramón Camps, ex jefe de la Policía Bonaerense, en la denominada Causa 44.

Sin embargo, los retrocesos no tardarían en llegar: primero con la amnistía encubierta de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de la gestión alfonsinista; luego, a través de los indultos de Menem entre 1989 y 1990, una medida que favoreció a quienes habían recibido condena pero también a los imputados en diferentes causas.

En 2001, De la Rúa hizo su parte: con el decreto 1.581/2001 obstruyó la extradición de represores reclamada por tribunales de otros países que aplicaban el principio de la justicia universal en materia de violaciones a los derechos humanos.

Ese proceso de parálisis contrastó con la persistencia de organizaciones sociales y de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas. Fue el colectivo que buscó mantener vivo el reclamo de justicia hasta encontrar una hendija clave: los represores podían volver a ser juzgados por la apropiación de menores y la sustitución de identidades, delitos que no habían vertebrado las condenas iniciales.

CAMBIO DE RUMBO

El período kirchnerista abrió una nueva etapa. La decisión del ex presidente Néstor Kirchner de anular las denominadas leyes del perdón permitió la reapertura de las causas que habían quedado congeladas y sin efecto por aquella normativa. Además, con la derogación del cuestionado decreto aliancista, abrió la puerta para que se retomaran investigaciones en el exterior.

El Estado se puso por delante: la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en más de ochenta causas en todo el país con el mandato de reclamar la condena a los represores y su prisión en cárcel común. El 16 de diciembre de 2003 se creó por decreto el Archivo Nacional de la Memoria, que acopió toda la documentación de la Conadep y luego digitalizó millones de fojas que también fueron puestas a disposición de tribunales, querellantes e investigadores.

“Somos hijos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, sintetizó el ex mandatario ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2003. Empezó otro tiempo para el rol del Estado en la búsqueda de justicia. El nuevo clima de época empujó la activación de las causas. Según datos oficiales, para diciembre de 2007, el número de procesados por delitos de lesa humanidad ascendía a 358 y los detenidos sumaban 349, alojados en unidades penitenciarias federales o provinciales, dependencias de las fuerzas de seguridad o bien con prisión domiciliaria.

RESISTENCIA Y RETROCESO

“Las resistencias en el seno del Poder Judicial se expresaron muy abiertamente cuando se trató de enjuiciar a los civiles. José Alfredo Martínez de Hoz murió sin condena, Vicente Massot y Carlos Blaquier fueron desprocesados. Tampoco se avanzó con la causa Papel Prensa”, reflexiona Luis Alén, abogado y ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación.

Para Alén, la llegada de Mauricio Macri al poder marcó una nueva secuencia de retrocesos. “Empeoró todo. La presencia de la Secretaría de Derechos Humanos fue reducida a una mínima expresión; los programas de asistencia y acompañamiento quedaron desprovistos de recursos y personal. Y desde el Gobierno volvió con fuerza el negacionismo”, contrasta.

Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de 2018 advirtió sobre el estancamiento de las investigaciones. “Persiste un número estable de causas en etapa de instrucción que constituyen la elevada cifra del 45 por ciento del total en trámite: casi la mitad de las causas que hoy están activas tienen aún por delante prácticamente todo el recorrido del proceso penal”, puntualizó.

Además, denunció la profundización de las demoras en las instancias de juicio y recursivas al señalar que “por primera vez, el diagnóstico permite identificar una baja significativa en el número de elevaciones y en la cantidad de sentencias dictadas”. Y destacó: “Hay indicios de una ralentización más profunda en la instancia de juicio”.

Por último, advirtió sobre la “consolidación en la baja del número de detenidos y en el arresto domiciliario como modalidad principal”.

En simultáneo, la ciudadanía volvió a marcar los límites. Una histórica movilización en la Plaza de Mayo, replicada en diferentes ciudades del país, frenó, en mayo de 2017, un fallo de la Corte Suprema de Justicia para beneficiar a los represores con el recurso del 2×1 de acortamiento de penas.

El reclamo en las calles (“los delitos de lesa humanidad no son comunes, no prescriben”) obligó al máximo Tribunal a volver sobre sus pasos. Y mostró la solidez subterránea del consenso social por justicia. El mismo consenso que llega a la superficie cada vez que Abuelas de Plaza de Mayo da a conocer la identidad de un nieto recuperado y que permitió, en medio de avances, pérdidas y obstáculos, que Videla terminara sus días en la cárcel.

Escrito por
Viviana Mariño
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