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Caras y Caretas

           

Será justicia

Los represores que actuaron en el secuestro de los estudiantes secundarios en La Plata fueron juzgados en 2022 y 2024 y cumplen condenas domiciliarias. Pero Camps y Etchecolatz, los jerarcas, ya habían fallecido.

A veces los cantos dicen todo. Cuando en las calles argentinas se escucha “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”, queda claro que la consigna tiene sus años y refleja el sentimiento de una enorme parte del pueblo dispuesta a no darle tregua ni paz a ningún genocida.

Desde la recuperación de la democracia, cuando la historia de los estudiantes platenses secuestrados se convirtió en la Noche de los Lápices, no hay marcha estudiantil, ni acto, ni experiencia recordatoria en la que no se escuche el canto que reclama juicio y castigo.

¿Han sido identificados y condenados los autores de los crímenes de todas y todos los estudiantes?

No todos, pero buena parte de ellos lograron ser identificados y llevados a juicio oral. Tres juicios orales desde 1985 hasta hoy incluyeron sus casos. Pero las causas de instrucción continúan en La Plata y se busca aún indagar a otros responsables, tanto de los grupos operativos que ingresaron a las casas de los estudiantes, como de los guardias y torturadores de cada centro clandestino.

LOS POZOS Al último juicio oral que trató estos hechos se lo conoció como el “Juicio de los Pozos” o el “Juicio Brigadas”.

Entre los Pozos se encontraba el centro clandestino Pozo de Banfield, lugar en el que fueron vistos por última vez María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Racero y Francisco López Muntaner. Otros estudiantes permanecieron en cautiverio en el Pozo de Quilmes. De ellos permanece también desaparecido Víctor Alfredo Treviño.

La sentencia de este juicio se dictó el martes 26 de marzo de 2024 y ese día Pablo Díaz, Emilce Moler y Gustavo Calotti, sobrevivientes de la Noche de los Lápices, estaban en la sala elevando el valor de sus testimonios y dignificando la solidaridad y el respeto por la memoria de sus compañeros.

Exjerarcas civiles de la dictadura y miembros de las fuerzas de seguridad como Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés, Federico Minicucci y Guillermo Domínguez Matheu, escuchaban, del otro lado, el veredicto.

Aquel día, una de las condenas más aplaudidas fue la de Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y contra las Personas, comisario inspector dependiente de la Dirección General de Investigaciones y titular de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana que funcionaba en la Brigada de Banfield. Wolk, jefe del Pozo de Banfield, murió recientemente en prisión domiciliaria en Mar del Plata, a los 91 años.

Algo parecido sucedido con Smart, quien fue ministro de Gobierno bonaerense del 8 de abril de 1976 a septiembre de 1977 y carga con el “privilegio” de haber sido el primer funcionario civil jerárquico de la dictadura condenado por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Tiene 90 años y cumple prisión domiciliaria en El Calafate, Santa Cruz.

Los grandes ausentes en esta última condena fueron Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense en aquellos años, y Miguel Etchecolatz, exdirector general de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ambos fallecieron. Camps en 1994, Etchecolatz en 2022. Pero este último ya había recibido entre sus varias condenas la pena de prisión perpetua en el juicio conocido como Arana, que investigaba los hechos cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Delegación de Cuatrerismo de la policía bonaerense dependiente de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Arana estaba ubicado en una zona semirrural y funcionó entre mayo de 1976 y marzo de 1978, a dos cuadras de la estación de trenes de Arana, cerca del aeropuerto de La Plata y frente a una fábrica de aceite.

Otros condenados por estos hechos fueron Guillermo Domínguez Matheu (prisión domiciliaria en CABA), militar del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército; Jorge Antonio Bergés, médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (fallecido después de la condena); Federico Minicucci, oficial del Ejército (fallecido en 2025), y Horacio Luis Castillo, policía bonaerense, oficial inspector de las Brigadas de Investigaciones de Banfield (fallecido).

Emilio Herrero Anzorena, Antonio Herminio Simón, Ricardo Armando Fernández y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón, del Destacamento de Inteligencia 101, murieron durante el juicio o quedaron apartados por razones de salud.

Este último juicio oral tuvo la particularidad del reconocimiento por parte de los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti de la violencia sexual que sufrieron María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone.

Falcone fue víctima de abuso deshonesto y abuso sexual con acceso carnal; Ciocchini fue víctima de abuso deshonesto. Ambas permanecen desaparecidas.

Se tomó como prueba no solo la voz de los tres sobrevivientes, sino que en el Juicio a las Juntas, Pablo Díaz había relatado que María Claudia le había comentado, con mucha angustia, que había sido violada, y contó un episodio en el que María Clara había sido manoseada por los guardias en el Pozo de Banfield. Casi medio siglo después, la Justicia tomó estos aberrantes delitos y seis represores fueron acusados por delitos sexuales: Wolk, Bergés, Smart, Minicucci, Domínguez Matheu y el policía Horacio Luis Castillo.

OTROS PROCESOS Anteriormente, en 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó a prisión perpetua a Miguel Osvaldo Etchecolatz y al expolicía Julio César Garachico por los secuestros, torturas y homicidios cometidos en el centro clandestino Pozo de Arana, que incluía víctimas de la Noche de los Lápices, y entre ellas se sumó el caso de Francisco López Muntaner, estudiante secundario secuestrado y desaparecido.

Garachico fue jefe de calle de la Unidad Regional de La Plata y vive en Mar del Plata, donde cumple prisión domiciliaria.

El caso de las víctimas de la Noche de los Lápices también había formado parte del juzgamiento a los comandantes en el Juicio a las Juntas. El 9 de diciembre de 1985, cuando se leyó la sentencia (solamente cinco de los nueve comandantes recibieron penas), el caso de los chicos/as platenses le fue adjudicado a Jorge Rafael Videla como comandante en Jefe del Ejército. La pena a prisión perpetua de Videla por más de trescientos hechos incluía los casos de Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, Pablo Díaz, María Claudia Falcone y María Clara Ciocchini por los delitos de privación ilegal de libertad, calificado por haber sido cometidos con violencia y amenazas y tormentos agravados. Videla murió en la cárcel de Campo de Mayo en 2013.

Escrito por
Pablo Llonto
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