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Caras y Caretas

           

Los números en cuestión

El peso de la deuda total llega hoy al 85 por ciento del PIB, pero solo el 20 corresponde a organismos multilaterales. La importancia del desendeudamiento y el crecimiento de la economía.

La historia económica de las últimas décadas en la Argentina describe, con bastante claridad, períodos de expansión de la actividad económica, de la inversión y del empleo, contrapuestos a otros de marcada contracción de las principales variables macroeconómicas.

Incluso los indicadores de pobreza e indigencia, que en el país aparecen desde hace casi 35 años consolidados en niveles muy elevados, siempre por encima del 30 por ciento en pobreza y orillando el 10 por ciento de indigencia –aun que con picos por encima de esos guarismos en momentos de deterioro de la economía–, describen subas y bajas, según el contexto.

Sin embargo, hay dos factores omnipresentes que constituyen los principales obstáculos para el desarrollo económico y social del país: la escasez de dólares para apalancar el crecimiento, que explica lo que los economistas denominan la restricción externa, y el peso del endeudamiento, en especial el externo, o sea el que está nominado en moneda extranjera.

Cuando se habla de deuda, en general se emparenta este concepto con la deuda externa (en dólares, euros, yenes, DEG del FMI, yuanes, etc.), aunque la deuda en moneda local también tiene un peso relevante –cada vez más– y condiciona las medidas de política económica que pueden tomarse.

EL PESO DE LOS NÚMEROS

Según datos de la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, a marzo de 2023 el stock de deuda bruta llegó a un monto equivalente a 397.788 millones de dólares, y el propio organismo aclara que el 99,4 por ciento de ese total (395.287 millones) está en situación de pago normal.

A trazo grueso, el 33 por ciento del total está expresado en moneda local, mientras que el resto es en moneda extranjera. Esto es, técnicamente, lo que se denomina deuda externa, o sea, compromisos asumidos por colocación de títulos o bonos en monedas diferentes al peso y que están en poder de residentes tanto locales como del exterior.

En términos consolidados, el último mes la deuda en situación de pago normal (sin mora) se incrementó el equivalente a 3.616 millones de dólares, según datos del Palacio de Hacienda, compuestos por 3.475 millones contabilizando deuda en moneda extranjera y otros 141 millones equivalentes a títulos de deuda en pesos.

Suele afirmarse que gran parte de la deuda bruta está en pesos y en poder de organismos públicos, algo que es cierto, pero que tiene sus bemoles. Básicamente, porque los vencimientos legan igual y si bien se pueden refinanciar sin demasiados problemas, constituyen parte de la “bola de nieve” que todos los meses el Tesoro tiene que licitar para obtener financiamiento.

Es lo que los analistas llaman hacer un “roll over”, es decir, conseguir financiamiento nuevo para pagar los vencimientos, pero asumiendo un nuevo compromiso de pago, en general con una tasa de interés más elevada.

No es que convenga, literalmente, pero es lo que se puede hacer cuando no hay recursos. O se paga con plata genuina y rompiendo el chanchito o se “pedalea” el pago, no hay mucho más en la viña del Señor.

LA GRAN “U”

En 2004, la deuda bruta de la administración pública representaba un 118,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero a partir de entonces comenzó un proceso incesante de reducción de la deuda en términos del producto, que llevó esa relación al 38,9 por ciento del PIB en 2011.

Se habló por aquellos años de un fuerte proceso de desendeudamiento. Eso en parte es cierto, pero también tiene que ver con la reducción porcentual de la deuda por crecimiento del PIB en aquel período.

En cuanto al desendeudamiento, se observó con claridad cuando el entonces presidente Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, pagaron la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (9.600 millones de dólares cash) en 2005. O con pagos puntuales en dólares en el marco de las demandas presentadas por empresas privatizadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (Repsol, Azurix, Suez y otras).

Lo cierto es que desde 2011 comenzó un lento pero sostenido proceso de incremento del porcentaje de deuda sobre el producto, que llegó a fines de 2022 al 85 por ciento del PIB.

En el medio, el porcentaje crece al compás de las devaluaciones, de las caídas de PIB, como en 2018, 2019 o 2020, o con el acuerdo con el FMI firmado en junio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, por 57.000 millones de dólares, de los cuales llegaron a desembolsarse 44.100 millones.

Pero más allá de los porcentajes y la relación deuda/PIB, hay un dato que nadie puede soslayar ni desatender de cara al futuro: la deuda en valores (dólares) lleva 17 años consecutivos de incremento año tras año (salvo en 2019).

Así, y esto es lo preocupante más allá del color político de las diversas administraciones nacionales, la deuda bruta pasó de 154.270 millones de dólares en 2005, tras el primer canje de títulos a los bonistas para salir del default de 2001, a 396.555 millones en 2022 o los mencionados casi 397,8 millones al primer trimestre de 2023.

MONEY, MONEY

En lo que hace específicamente a la deuda externa, la que está nominada en moneda extranjera, y tomando el desagregado por tipo de acreedor, los datos oficiales revelan que el país debe solo uno de cada cinco dólares a organismos multilaterales de crédito.

Las estadísticas de la Secretaría de Finanzas indican que, de la deuda bruta a diciembre de 2022, las agencias del sector público tienen en su poder títulos por 181.945 millones de dólares (el 45,9 por ciento del total), mientras que el sector privado es acreedor de 134.050 millones (33,8%) y los organismos de crédito internacional (multilaterales y bilaterales), un total de 80.561 millones (20,3%).

En este último grupo se incluyen, claro, los 44.000 millones de dólares que se le debe al FMI, que quedaron como “herencia” de la gestión Cambiemos, y que con el acuerdo renegociado en marzo de 2022 a esta altura ya llegaron a unos 49.000 millones.

Además, hay otros 2.000 millones de dólares con el Club de París, más intereses. El pasado 3 de abril, el ministro de Economía, Sergio Massa, renegoció los términos del acuerdo con siete países del bloque (Alemania, Países Bajos, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Austria e Israel) hasta 2028, con una reducción a la mitad de las tasas de interés.

Quedan también compromisos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina, Fonplata, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros organismos y agencias de cooperación del exterior.

Y, por otra parte, hay un remanente de acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2020, y que eligieron litigar contra el país por el total de sus bonos, los llamados holdouts. Hoy tienen en su poder papeles por 2.388 millones de dólares (0,6 por ciento de la deuda bruta).

Escrito por
Carlos Boyadjian
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