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SERÁ LEY

Vilma Ibarra, Ginés González García y Elizabeth Gómez Alcorta son los funcionarios clave del proyecto que impulsa el Ejecutivo. La pandemia condicionó los tiempos, pero podría llegar al Congreso antes de lo esperado.

Anhelo, contraseña, eslabón feminista, impulso de la marea verde organizada. Link entrañable a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A esta altura, pocos ignoran su objeto, la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Argentina, que a dos años de su tratamiento en el Congreso nacional se convirtió en promesa presidencial histórica y en la elaboración de un proyecto del Poder Ejecutivo guardado bajo siete llaves durante meses. “No me siento bien sabiendo que en la Argentina mueren mujeres en abortos y muchas otras quedan con lesiones o infértiles por abortos practicados en la clandestinidad”, dijo Alberto Fernández el 19 de junio último. “Es un tema pendiente de la Argentina”. Ansiedad sería el término en este preciso momento.

Son contadas con los dedos de una mano las personas que accedieron al borrador de la iniciativa que ya fue redactado pero se prefiere retener mientras dure la crisis sanitaria. Por ahora, el único proyecto con estado parlamentario es el que presentó la Campaña en 2019, por octava vez y con el aval de 72 firmas legislativas. “Me he sustraído a conocer el proyecto del Poder Ejecutivo porque no quería que hubiera ninguna interferencia, pero confío en que habrá alta consonancia con el de la Campaña Nacional”, aseguró la socióloga, historiadora y asesora presidencial Dora Barrancos, integrante de la Campaña y a la cabeza del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, durante la Cátedra Libre virtual organizada en mayo por la Red de cátedras en Universidades públicas nacionales sobre educación sexual integral y Derecho al Aborto (RUDA). “Tengo enorme confianza en Vilma Ibarra, Ginés González García y Elizabeth Gómez Alcorta, las personas en las que gravitó el diseño del proyecto oficial, y es muy estratégico que sea por primera vez el Poder Ejecutivo el que envíe un proyecto de aborto al Congreso”.

DISPUTA CENTRAL

El debate por la IVE en 2018 fue latido multitudinario de una disputa central por el derecho a decidir de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries sobre sus propios cuerpos, sin estigmatizaciones ni criminalizaciones. Es un reclamo de derechos humanos básicos que la Campaña sostiene desde su creación, en 2005. Y si bien las legislaciones y las políticas sanitarias de la última década ampliaron el acceso a los sistemas de salud, su regulación continúa enquistada en el Código Penal vigente desde 1921, mientras que las provincias más conservadoras siguen obstaculizando derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. En Formosa, una joven de 22 años murió en abril por las consecuencias de un aborto inseguro, y en Santiago del Estero negaron un aborto no punible en mayo a una niña de 12 años que había sido violada. Son dos de las provincias, junto con Corrientes, Catamarca y San Juan, que aún no adhirieron al protocolo actualizado de ILE, de aplicación obligatoria en el territorio argentino por todas las instituciones sanitarias, públicas y privadas.

“La pelea es larga, no pensamos que iba a llevar tanto”, lamenta una de las referentes de la Campaña, Julia Martino. “La política tiene que dar cuenta del crecimiento del tema en la sociedad. Sólo falta que el Ejecutivo presente el proyecto y nos sentemos a discutir y ver de qué manera legalizar. Entendemos que con el coronavirus hubo una alteración de la agenda, pero la realidad es que las mujeres y otras identidades siguen teniendo embarazos no deseados y abortos. Consagrar este derecho es una necesidad y una emergencia social”.

Martino detalla los números de la deuda pendiente: en el país se realizan unos 500 mil abortos por año, hay 50 mil internaciones por prácticas inseguras y cerca de 100 muertes en el mismo período. “Cuesta pensar que cada día en la Argentina alrededor de seis niñas de entre 10 y 14 años tienen un bebé. Son hechos que se agravan en este contexto. Por eso sostenemos que es urgente tratar la ley ahora, aun con esta virtualidad. Es un reclamo de los feminismos y de los colectivos LGBTTI. No podemos ceder ese territorio ganado en términos de derechos”.

LA ESTRATEGIA

Si bien nadie sabe a ciencia cierta cuándo ni cómo se tratará, un amplio sector legislativo se inclina por el debate presencial, con la potencia de la movilización en las calles, mayor correlato social y consensos territoriales. Octubre, arriesgan, es horizonte posible. Y esta vez articulando a fondo con la Cámara alta para no volver a trazar la misma frustración del 8 de agosto de 2018, cuando 38 senadores clausuraron un derecho fundamental de acceso a la salud y volvieron a condenar a la clandestinidad a miles de mujeres y diversidades. “Lo importante fue que se logró la despenalización social del aborto”, afirma la diputada Mónica Macha (FdT), integrante originaria de Las Sororas, el grupo de diputadas feministas que tejió la media sanción del proyecto de manera casi artesanal, y quien hoy preside la flamante Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados.

“Discutir la urgencia de su tratamiento se vincula con la situación de mujeres y de personas gestantes que se siguen muriendo en abortos clandestinos, urgencia intensificada en esta cuarentena porque se agravan todas las complicaciones que se vivían antes”, señala Macha. “Sin embargo, debemos analizar cómo creamos el mejor contexto político para discutir una ley de estas características. Contamos con un proyecto del Ejecutivo, la trayectoria de la Campaña Nacional y que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner, también están a favor. Pero no tenemos garantizados los números y hay un sector que aún no se pronunció. Creo que el debate debería ser presencial, y en ese punto la movilización hace una diferencia sustancial”.

El 13 de junio, a dos años de aquel grito común, intergeneracional y federal, un comunicado de la Campaña expresó: “Dimos un paso más en una conquista colectiva por nuestros derechos”. Una de sus referentes históricas y corredactora del proyecto, la abogada Nina Brugo, manifestaba entonces que la legalización del aborto partía de una concepción ideológica antipatriarcal. “Lo sostuve toda mi vida”, ríe. “La cuestión de salud pública es importantísima, pero si se discute el derecho a decidir, entra en juego la libertad de pensamiento y la forma de expresarlo”.

–Algo de eso decía otra feminista emblemática, Dora Coledesky.

–Dora decía que el aborto no es sólo un tema de salud de las mujeres, sino que se trata de nuestro derecho a decidir sobre nuestra libertad, nuestra autonomía y nuestra sexualidad. Por eso es tan resistido. Pero nos urge que ese derecho sea respetado y garantizado por el Estado, sin obstáculos ni hostigamientos. Por eso creo, sin dudarlo, que este año será ley.

Escrito por
Roxana Sandá
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