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Panamá, el pueblo en las calles

En medio de una crisis económica generalizada y de la gran presión social ejercida por la población y los sindicatos, el gobierno panameño decretó el control de precios para aliviar el costo de la canasta básica. Un panorama sobre la situación en la “Miami” de Centroamérica.

“Y que mis venas no terminan en mí,/ sino en la sangre unánime/ de los que luchan por la vida,/ el amor, las cosas,/ el paisaje y el pan,/ la poesía de todos” (Roque Dalton).

El descontento por la suba del precio del combustible y casos de corrupción institucional amenaza la estabilidad de Panamá, en una de las mayores olas de protestas de las últimas tres décadas.

Panamá, considerado uno de los países con más estabilidad económica de Centroamérica, en comparación con El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, lleva semanas, desde mediados de julio, de protesta, huelga, corte de rutas y movilizaciones en todo su territorio. Colectivos sociales, gremios, las áreas docente y de salud le pusieron el cuerpo a una situación insostenible. El aumento en el precio del combustible, medicamentos y alimentos desató la furia de los panameños.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, conductor de la protesta, declaró: “Le hacemos un llamado a la Alianza Pueblo Unido, en la cual participamos y también a la que ha nacido en el interior, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), a que coordinemos esfuerzos y que busquemos salidas concretas, llanas, simples que es lo que quiere nuestro pueblo”. También se unió al reclamo Luis Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), que de manera notable sostuvieron la huelga hasta último momento. El miércoles 27 de julio, los docentes panameños convocaron una marcha hacia la Defensoría del Pueblo, durante la cuarta semana de huelga indefinida por el alto costo de la vida, y además reclaman que el 6 por ciento del PBI sea destinado al sector educativo.

Tras las presiones, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, congeló el precio de la nafta, prometió subsidios para el sector alimentario y se comprometió a llegar a un acurdo con los docentes. El viernes 29 de julio el gobierno presentó un decreto para calmar a la población. Tras reuniones con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Sindicato de Industriales en Panamá, la Cámara Panameña de Construcción y la Asociación de Ejecutivos de Empresas, se sancionaron dos decretos. Uno de ellos, el Decreto Ejecutivo N°16, establece el margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados tales como alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza, en función de los aranceles de importación de esos productos. El otro, el N°17, crea el programa Productos Panamá, para el alivio del costo de la canasta básica.

La Miami de Centroamérica

Con el nombre de “Operación Causa Justa”, el 20 de diciembre de 1989 se llevó adelante la invasión estadounidense a Panamá. La acción militar fue dirigida por el Ejército de los Estados Unidos y se extendió hasta el 31 de enero de 1990, durante la presidencia de George H. W. Bush. El objetivo era detener al dictador militar Manuel Antonio Noriega, que desde la década de 1950 hasta poco antes de la invasión estadounidense había colaborado cercanamente con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). De hecho, el general panameño fue una de las fuentes de inteligencia más valiosas y poderosas para ese país, así como una de las vías principales de filtración de armas ilícitas, equipo militar y dinero destinado a fuerzas de contrainsurgencia respaldadas por Estados Unidos en América Central y del Sur.

La invasión no solo le permitió a Estados Unidos derrocar a Noriega, sino también desarticular las Fuerzas Armadas de Panamá, su única base de apoyo. Durante el mandato de Noriega, que se consolida luego de la muerte del general Omar Torrijos, las cosas cambiaron. Una de las causas de la invasión fue la exigencia por parte de Noriega del cierre de la Escuela de las Américas, fundada en Panamá en 1946. Allí se formaba a militares (asesinos) latinoamericanos con un marcado contenido anticomunista por parte del propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos (el Pentágono).

Es importante recordar la posición soviética, ya que es el conflicto entre la URSS y los EE.UU. el que articula la Guerra Fría. Cuando Noriega decide dar la espalda a Estados Unidos y establecer lazos más estrechos con el bloque comunista, el posible desenlace no convenía para los intereses de Estados Unidos. Posteriormente, documentos desclasificados aportaron más información sobre las intenciones de la Casa Blanca, entre los que se contaban el control económico de la moneda (dolarización), el control del canal de Panamá y la cancelación de los contratos con Japón, así como cortar el acceso a otros poderes.

Una investigación realizada en Economía y Administración de Negocios SNF de Noruega destacó que el sector financiero y la gran mayoría de dinero son de origen estadounidense, lo que convierte a Panamá en un paraíso fiscal. Tras este embate la economía se aceleró a un ritmo promedio del 6,3 por ciento anual en las siguientes dos décadas, hasta 2020, cuando decayó por efecto de la pandemia de covid-19.

La realidad

La pandemia puso sobre la superficie, en nuestro continente, la falta de políticas y estrategias orientadas hacia la reducción de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. El subdesarrollo que sufre el país es consecuencia de su economía de enclave, lo que significa un modelo económico donde, en un mercado globalizado, se localizan e instalan actividades productivas en países subdesarrollados destinadas a la exportación y sin integrarse en el mercado local. Las desigualdades por territorio, etnia y género, entre otras, se conectan y se relacionan inmediatamente con la falta de políticas públicas. La existencia de privilegios y la instalación de un orden desigual tienen como resultado un estallido social. La revuelta, las huelgas, los cortes de rutas pusieron patas arriba a un gobierno que no estaba dispuesto a negociar con los sectores más vulnerables.

En estos últimos meses, se observa el hartazgo de los pueblos que vienen siendo oprimidos por sus gobernantes. El problema no es la pobreza, sino la mala distribución de ingresos que genera desigualdad social. Los sectores indígenas y de las periferias de Panamá siguen siendo los más afectados de la población. La desigualdad económica también es la desigualdad cultural, la que instalaron tras la colonización de América latina y el Caribe. Por eso son necesarias las calles, las movilizaciones, la rebeldía y la lucha. Para romper con los privilegios de clase y construir desde abajo una realidad con más equidad para todos y todas.

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Silvina Pachelo
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