Desde hace seis meses, 25 comisiones de trabajo coordinadas por Nicolás Trotta, abogado y rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), y Virginia García, ex senadora por Santa Cruz, tuvieron la laboriosa tarea de realizar, con diversas miradas y plurales experiencias, un diagnóstico sobre la situación del país luego de cuatro años de gobierno del frente Cambiemos. Esa diversidad, que reflejaba la amplitud de la construcción del Frente de Todos en materia electoral y que muchos veían como un esquema de tensión, fue un activo para la búsqueda de mejores respuestas a las problemáticas que el hoy gobierno electo de Alberto Fernández debe afrontar.

Trotta refuerza la idea de sacarle una foto a la Argentina actual para poder hablar del camino a recorrer: “Primero debemos plantear la dimensión de la emergencia y de esta realidad social de fuerte descomposición que transita el país. Los indicadores sociales y económicos están a la vista. Macri asumió con 27 por ciento de pobreza y dejará, al menos, 38; asumió con una desocupación de 5,9 por ciento y finalizará con 12,5; además desarrolló un constante proceso de precarización laboral. Si las consecuencias de lo que hizo este gobierno no fueron aún más profundas se debe a dos componentes: al enorme proceso de endeudamiento de casi 200 mil millones de dólares y al colchón de políticas públicas sociales que recibió de parte del gobierno anterior”. De allí en más, asegura que el compromiso asumido para el inicio de la gestión de Alberto Fernández es detener el peso de las malas políticas económicas en los sectores que ya no pueden esperar y demandan una respuesta del Estado.

Uno de los principales problemas que afrontará el nuevo gobierno será el endeudamiento, que en los últimos cuatro años ha pasado de representar el 37 por ciento del PBI al 92 por ciento del PBI. Tanto Fernández como sus equipos técnicos son claros al respecto: antes de enfrentar el compromiso puertas afuera se deberá priorizar el desarrollo del país. Lo represen- tan mediante el simple concepto de que cada dólar que se utilice para pagar intereses o capitales de esta deuda, que no tuvo ningún impacto positivo en la economía real, es un dólar menos puesto al servicio de la reactivación nacional y un dólar menos para destinar a políticas públicas sociales, educativas y productivas. “Tengamos en cuenta que el préstamo del Fondo Monetario Internacional traía una imposición de políticas públicas, ese condicionamiento no va a tener ninguna presencia en el gobierno de Alberto. Algunos se creían que iban a llegar las inversiones porque organizamos un G-20 en el país, y eso es desconocer el funcionamiento del mundo. Nosotros vamos a priorizar nuestra economía. Queremos que haya un proceso de inversión externa y para eso tenemos que reactivar el mercado interno”, agrega Trotta.

Empero, difícilmente pueda el consumo local activarse sin que diversos sectores de la sociedad recuperen antes el poder adquisitivo perdido durante estos años que, según cifras de la UMET, supera el 19 por ciento. Para esto, el coordinador de los equipos técnicos asegura la concreción de un nuevo contrato social: sentar en una misma mesa al sector del trabajo, al sector empresarial y a los gobernadores para delinear un conjunto de medidas para recomponer el salario y otorgar prioridad a aquellos sectores de la economía más golpeados. Si bien reconocen que la recuperación no puede ser mágica, sí debe ser inmediata la detención de la caída del consumo, del salario y de la producción.

Una de las políticas más rechazadas del gobierno de Cambiemos, y con una alta participación en los índices inflacionarios récord, fue la propuesta tarifaria de los servicios públicos; las comisiones de trabajo plantean sentarse a rever estos cuadros. Trotta asegura: “Fue un combo que impactó en comercios, pymes y terriblemente en el gasto hogareño. Hay que plantear que la energía es un insumo que debe permitir el desarrollo de nuestro sector productivo. Es inexplicable el proceso de dolarización de la economía, no sólo en términos energéticos. Hay que sentarse y establecer un precio justo de la energía, después de este brutal proceso de recomposición tarifaria”.

A su vez, otra lectura podrá verse sin duda desde el 10 de diciembre sobre el aporte que “todos” los argentinos deben realizar para que el país salga adelante. Ese “todos” que parecía no inclusivo para los sectores más pudientes durante los últimos cuatro años habrá acabado. En línea con Alberto Fernández (que al ser consultado por el regreso de las retenciones respondió que los sectores mineros, del petróleo y del campo también deberán realizar un esfuerzo), el coordinador de los equipos técnicos aseguró que los que tienen mayor capacidad de aporte deberán hacerlo para cumplir con una mirada integral y superar esta situación de crisis. “De aquí en adelante no puede continuar la caída económica ni tampoco un crecimiento que se quede en pocas manos. La región en estos días está enseñando que el desarrollo incluye sí o sí distribución”, agrega Trotta.

MEDIDAS URGENTES

De los diversos grupos de trabajo del Frente de Todos también forma parte el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, quien está encargado de llevar adelante un paquete de medidas urgentes para paliar la crisis social. Las tres situaciones inminentes a resolver, apenas asumido el gobierno, serán el hambre, el sobreendeudamiento de las familias y la caída del trabajo de base.

“Hambre es saltearse comidas. Y eso no puede ocurrir más. Tenemos que lograr que todos los argentinos accedan a la canasta básica de alimentos y armar un sistema para favorecer la producción de pequeños productores, la agricultura familiar y lograr que todos los productos estén en la góndola”, asegura el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense sobre el primer punto crítico.

La segunda urgencia parte del diagnóstico de que muchas familias argentinas están sobreendeudadas: debían plata y tomaron nuevos créditos con pequeñas financieras barriales que cobran tasas de interés anual de más del 200 por ciento. “Las familias no están en cero, están en menos diez”, remarca Arroyo y propone armar un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas, del dos o tres por ciento anual, para que vuelva a girar la rueda de la economía en el hogar y, así, el carpintero podrá volver a tener sus herramientas, y el que cose, sus máquinas.

La tercera e imperiosa medida a ejecutar el 10 de diciembre consiste en la generación de empleo desde abajo. “Hay un parate muy profundo de la actividad económica en cinco sectores: la construcción en pequeña escala (vivienda, vereda, cordón-cuneta), la producción de alimentos (pequeñas huertas y granjas), el textil, la economía del cuidado (comedores y merenderos) y el reciclado.  Debemos reactivar eso de manera urgente para paliar esta crisis social”, afirma Arroyo.

Por último, el diputado realiza una descripción de lo que significan hoy los movimientos sociales con los cuales se vincula –y vinculará– de manera constante: “Hoy son tres cosas: la primera, gente que está en los comedores poniéndole el cuerpo; la segunda, trabajadores de los sectores más golpeados, como el textil, la construcción y los alimentos, a quienes debemos generarles redes comerciales, compras estatales y favorecerlos para poder colocar sus productos en las góndolas, y la tercera, son quienes les dan visibilidad a los sectores más pobres que nadie ve”.