Tras el exigente pago de intereses de la deuda pública (correspondientes a bonos Bonares y Globales emitidos en 2020) por más de 4.200 millones de dólares el pasado 9 de enero, el Gobierno se apresta ahora a transitar un año clave para las cuentas públicas. Es que aún quedan pendientes de pago otros 15.600 millones de dólares a lo largo de 2026.
La estrategia de la administración de Javier Milei para la segunda mitad de la gestión se centra en profundizar la baja de la inflación y mantener a raya las cuentas públicas a través de un instrumento que ya está mostrando sus limitaciones.
Como no podía ser de otro modo, mantener el equilibrio fiscal a base de “motosierra” y recorte de gastos a como dé lugar golpea a la actividad económica, con especial impacto en los sectores mano de obra intensivos, como es el caso de la construcción, la industria manufacturera y el comercio. Los datos oficiales del Indec y también las estadísticas privadas así lo confirman.
En este escenario, no sorprende que la recaudación se resienta. Luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundiera los datos del último mes del año, un análisis el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que “en diciembre de 2025 se registró la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total”.
Pese a ello, el año 2025 “habría terminado con un descenso de la presión tributaria efectiva nacional de 1,1 puntos porcentuales del PBI respecto a 2024”, apunta el IARAF. Eso se logró por la eliminación del Impuesto PAIS el año pasado y las sucesivas bajas de derechos de exportación (retenciones), que tuvieron un costo fiscal.
El IARAF agrega que tomando los últimos diez años, 2025 quedó en noveno lugar en volumen de recaudación en términos reales (a pesos constantes de diciembre de 2025), solo superado por 2020, el año de la pandemia. “Respecto del año 2023, la recaudación real de 2025 fue 6,6 por ciento menor”, destacó.
Fuga hacia delante
Con este panorama, lejos de recalcular o recalibrar el programa económico, el Gobierno decidió profundizar la tendencia, para sostener el meneado superávit fiscal financiero (luego del pago de la deuda) que, dicho sea de paso, solo se logra gracias a jubilaciones y pensiones de miseria y un brutal recorte de la obra pública. Más temprano que tarde habrá que atender esos frentes y ahí se verá la realidad de los números.
Así, al Gobierno le quedan dos caminos, que ya se probaron en el pasado, especialmente durante la Convertibilidad en la década del 90, con resultados conocidos: el endeudamiento externo –que viene creciendo, tanto en pesos como en dólares– y las privatizaciones de empresas públicas o concesiones a privados de servicios hoy a cargo del Estado nacional.
En este segundo aspecto, 2026 será un año muy activo, con algunos procesos ya comenzados. Según la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pretencioso nombre de la Ley 27.742, sancionada el 8 de julio de 2024, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio e Intercargo están en la lista de las que se privatizarán, mientras que Belgrano Cargas y Logística, Agua y Saneamientos Argentinos SA, Corredores Viales y Sociedad Operadora Ferroviaria Ferroviaria SE (SOFSE) pueden ser privatizadas o concesionadas.
De la lista salieron Radio y Televisión Argentina, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Correo Argentino, siempre en la mira del Gobierno para ser concesionadas, según lo imagina el ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Pero se están dando pasos concretos para privatizar Transener (distribución eléctrica); la concesión para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como Hidrovía Paraguay-Paraná, y unos seis corredores viales, que abarcan las principales rutas del país, con fluidez de tránsito y por tanto, casi garantizada la rentabilidad a las concesionarias.
Agenda completa
A continuación, se detalla el estado de avance de algunas de las privatizaciones que picaron en punta en la agenda del ministro Luis Caputo.
Lo primero que avanzó fueron las privatizaciones de cuatro centrales hidroeléctricas, en un proceso que finalizó en diciembre y extiende las concesiones por treinta años. Las adjudicatarias son todas empresas de capital nacional: Edison Inversiones, que operará centrales Alicurá y Cerros Colorados, BML Inversora, a cargo de la central de El Chocón, y Central Puerto, que operará la represa de Piedra del Águila. Entre todas ofertaron 706,8 millones de dólares y se comprometieron a inversiones por otros 400 millones.
En el caso de la Hidrovía, el cierre de las ofertas está previsto para el 27 de febrero próximo a las 13, para operaciones desde el kilómetro 1.238 del río Paraná hasta el Río de la Plata exterior.
Se concesionarán los trabajos de dragado, redragado, señalización, balizamiento y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, por donde sale el 80 por ciento de las exportaciones agroindustriales del país. Este proceso ya había avanzado durante el año pasado, pero hubo denuncias cruzadas y finalmente se canceló el proceso ante la presentación de una única oferta.
En cuanto a Transener, el Gobierno inició a fines de diciembre el proceso para la privatización de las acciones en poder del Estado, que participa a través de Enarsa y la Anses, y con lo que espera levantar unos 200 millones de dólares por el servicio de trasporte de energía eléctrica. La recepción de ofertas está abierta hasta el 23 de marzo.
Aspirando dólares
En la lógica del Gobierno, las privatizaciones constituyen una fuente genuina de ingreso de dólares, vitales para fortalecer las reservas del Banco Central. La acumulación de reservas para atender los servicios de la deuda soberana es un reclamo recurrente del Fondo Monetario Internacional, y en esta segunda mitad del mandato el gobierno libertario apelará a las concesiones o apertura al capital privado para cumplir con ese objetivo.
En esta línea, lo que sigue son las concesiones viales, algunas de ellas clave, como la Autopista Ricchieri, la Autopista Ezeiza-Cañuelas, las RN3 y RN5, así como la RN12, más conocida como “ruta del Mercosur”, que suman en total 1.800 kilómetros de corredores viales. La apertura de sobres está prevista para el 6 de febrero.
En agenda quedan Intercargo, la empresa que presta los servicios de rampa y transporte de pasajeros en los aeropuertos del país. El Gobierno quiere dejar la totalidad del paquete accionario en manos privadas.
En cuanto al Belgrano Cargas y Logística (BCyL), que recorre 7.600 kilómetros y atraviesa nada menos que 17 provincias, es un tema que viene siendo recurrente en el discurso oficial. Se está trabajando para cerrar los pliegos de licitación, pero no es sencillo porque las tierras y las vías seguirán siendo del Estado, y se concesionará el servicio.
De todos modos, no faltarán oferentes, al menos para las dos líneas principales, Belgrano Cargas, que va del noroeste del país hasta los puertos de Rosario, y la Línea San Martín, que une el centro del país con ese estratégico puerto. Queda el ramal Urquiza Cargas, que tiene una trocha más angosta y va hacia el noreste del país. Las grandes aceiteras y acopiadores de granos quieren quedarse con el negocio, y seguramente acercarán sus ofertas, en un proceso que el Gobierno quiere tener cerrado a fines del primer trimestre de 2026.
AySA, por su parte, quedará para más adelante. Se evalúa la venta del 90 por ciento del paquete accionario, a concesionar entre el primero y el segundo trimestre de 2026, pero un tema clave es la reducción de subsidios. Es para hacerla “más atractiva a los inversores”, dicen, aunque eso supondrá con seguridad un salto en las tarifas que deberán pagar los abonados. Lógica libertaria en estado puro.