“Viven de la teta del Estado –en la Nación, las provincias y municipios– y de los impuestos que pagamos todos.” Esa es la definición de manual que repiten referentes neo y ultraliberales de la actividad privada o de paso aleatorio por la administración estatal, para sintetizar su opinión sobre el universo de los empleados públicos.
Es hoy también el diagnóstico del gobierno libertario para justificar el uso de la motosierra sobre esa nómina laboral, a la que identifican como uno de los peores rasgos de las políticas populistas y corresponsable por el fracaso económico del país.
Los funcionarios, y la gente común que repite esas críticas, no se detienen a pensar que su descalificación recae sobre maestros/as, gendarmes, policías, médicos, recolectores de basuras, científicos, guardaparques, empleados de bancos públicos, operarios de empresas que extraen petróleo y gas o que suministran agua potable.
Es decir, tareas que sustentan la calidad de vida de la mayor parte de la población, en especial la de menores recursos y con inferior capacidad de acceso a bienes y servicios privados.
Los integrantes del gobierno nacional se limitan a afirmar que los recortes en el empleo público tienen como objetivo central el ahorro de recursos. Supuesta vía para sortear el déficit fiscal, controlar la inflación y rebajar cargas impositivas al sector privado, a la vez que se suprimen o morigeran trabas burocráticas a la iniciativa empresarial.
Destacan además que la masiva disminución de agentes de la administración pública no les impidió a las distintas áreas del Estado seguir cumpliendo con sus funciones básicas de educación, salud, defensa, etcétera.
La evidente preocupación por reducir el gasto y habilitar a los grupos de negocios mejor posicionados es claramente parcial: no se percibe la misma inquietud en lo que respecta a dar garantías de mejoras y ampliación de las políticas públicas para resolver demandas de la población.
Dicho de otro modo: el enfoque local mide los resultados a través del “ahorro” de partidas, mediante el achicamiento de las plantillas de personal, cuando en otras latitudes, países emergentes y desarrollados, se priorizan planes estratégicos innovadores, con mayor informatización y digitalización de funciones y servicios públicos, en beneficio de sus respectivas poblaciones.
Idóneos
El informe mensual del Indec sobre la dotación de personal de la Administración Pública Nacional, las empresas y sociedades estatales puntualiza que la nómina respectiva era en diciembre de 2023, al comienzo de la actual gestión, de 341 mil empleados y empleadas. Esa cifra se redujo a poco más de 282 mil en octubre último.
El recorte afectará así, de modo directo, al cierre de 2025, a unos 63 mil trabajadores, o algo menos, ya que se estima que en el período ingresaron unos tres mil nuevos agentes estatales. En todo caso la poda neta pasa de 16 por ciento durante el primer bienio del mandato libertario.
Es relevante que en las empresas y sociedades del Estado la barrida haya afectado a más de 20.200 trabajadores. Otros 19.500 cayeron en la administración descentralizada (agencias, institutos, entes y otros organismos) y 15.500 en la administración centralizada (ministerios, Jefatura de Gabinete y Presidencia).
Entre las distintas vías de ajuste del empleo estatal en la Argentina, en julio pasado entró en vigencia la resolución 48/25 de la cartera de Desregulación, según la cual solo podrán ser contratados en la Administración Pública Nacional quienes hayan aprobado un examen de idoneidad.
Lo que demostró la primera evaluación fue que “aprobó el 96 por ciento de los profesionales que rindieron, también el 95 por ciento de la categoría administrativos (no profesional) y el 93 por ciento de la categoría servicios generales (no profesional)”, según precisó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En resumen, sobre casi 49 mil exámenes rendidos, el 93,6 por ciento aprobó. Quienes quedaron debajo de la línea ya no son empleados públicos.
La disminución de puestos de trabajo de la Administración nacional continúa y es frecuente motivo de jactancia del ministro Federico Sturzenegger.
Pero no es cuestión solo de cantidades. Semanas atrás se derogó la norma que establecía la fecha del 27 de junio como feriado para los empleados del sector público nacional.
La decisión había sido adelantada por el entonces vocero presidencial y hoy jefe de Gabinete Manuel Adorni, bajo el argumento de que “el Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”.
En los considerandos de la medida, el Gobierno detalló que “es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo de todo el país, lo cual se logra tanto con políticas públicas de largo plazo como con pequeñas decisiones concretas”.
Adorni estimó en 2.100 millones de dólares el monto de ahorro total conseguido con los recortes de personal y sostuvo que “como mucho del gasto público es molestar al sector privado, menos gasto es más libertad”.
La poda del empleo público, en rigor, comenzó con la no renovación de contratos en distintas áreas y continuó con la apertura de retiros voluntarios. Además, por supuesto, de un drástico ajuste salarial que promediaba un 14 por ciento hasta mediados de este año, aunque llegaba al extremo de 27,3 por ciento real en algunas categorías, como es el caso del Nivel D Grado 0.
Entre las últimas novedades, en octubre pasado el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, estableció un nuevo reglamento para la contratación de personal por tiempo determinado y unificar todos los procedimientos aplicables, lo que implicará, según se aseguró, ahorros económicos y una reducción de tiempos administrativos.
Uno de los puntos centrales es que todos los meses –dentro de los primeros cinco días hábiles– se recibirá un informe de cada organismo con la información de contrataciones, renovaciones, prórrogas o bajas realizadas en el mes anterior. Con esos datos se avanzará en una revisión integral.
Como justificación a los ajustes realizados y los que vienen, en el gobierno señalan que entre 2003 y 2021, el empleo público creció en un 68 por ciento mientras la población aumentó en un 20.
Pero se obvia precisar que eso no implicó un aumento del porcentaje de empleados de planta permanente, ya que los inscriptos en el monotributo crecieron del 10 a 26 por ciento en el período. Además, la expansión del personal en ese lapso no se vio acompañada de un sostenimiento o mejora en el salario, que cayó un 50 por ciento.
Detalles
De los más de 60 mil puestos de trabajo en el Estado que se destruyeron en los dos últimos años, la mayor parte correspondió a la administración centralizada (JGM, ministerios y Presidencia). De 231.305 en septiembre de 2023 se pasó a 193.216 en igual mes de 2025. La baja de más de 38 mil empleados en esas áreas significó un recorte de 16,4 por ciento.
A su vez, casi 17 mil bajas afectaron a empresas y sociedades estatales, que tenían una planta de 110.168 empleados y pasaron a tener 90.336 en septiembre de este año, lo que implicó una contracción de 18,5 por ciento en su nómina.
La cartera que conduce Sturzenegger destacó que el ahorro en pago de sueldos por reducción del personal fue de 1.053 millones de dólares anuales. No obstante, dijo el ministro, “se estima, por amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios”.
Se llega así al monto mencionado por Adorni. El ministro adelantó que “la estrategia se profundizará con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
Desde luego, esa no es la única visión en esta materia. La exfuncionaria Ana Castellani (secretaria de Gestión y Empleo Público del anterior gobierno) advirtió que el personal del Estado es “fundamental para la gestión, ya que es el principal factor para garantizar la calidad de la administración pública”.
Por eso, evaluó, “hay que combatir el enfoque fiscalista que pretende un Estado sin trabajadores”.
Ahorros
Con la mira puesta en el “ahorro”, la Ley Bases facilitó el despido de los trabajadores estatales al tiempo que se eliminaron/redujeron organismos o se suprimieron funciones delegadas a ellos. La norma, además, justificó la reducción de la planta por considerar “excedida” la dotación óptima necesaria para las áreas; eliminó la posibilidad de extender por un año de servicio adicional aquellos agentes que hayan sido intimados a jubilarse; agregó la prohibición de realizar durante sus horas laborales del servicio público cualquier tipo de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias; modificó plazos relacionados a apercibimientos, suspensiones y cesantías, y finalmente, agregó un artículo sobre un derecho laboral básico: “El ejercicio regular del derecho a huelga no dará causa a ningún tipo de sanción administrativa y el descuento en la remuneración será proporcional al tiempo no trabajado.”
Como se ve, no existe indicio de capacitación o tecnificación del trabajo en el sector público. Tampoco de incorporar nuevas tecnologías al servicio de políticas públicas en beneficio de la sociedad. Lo previsible es que el recorte constante de recursos y de trabajadores dificulte la implementación de cualquier política posible.
De hecho, las políticas antiestatales, en particular los ataques a sus empleados, definidos como “grasa militante” o “ñoquis”, tendrán consecuencias en la calidad de vida de toda la población.
Analistas como Paula Canelo, en ese sentido, llaman la atención sobre la meta de “eficiencia”, importada por el gobierno del mundo empresarial, como contrapartida de los términos “eficacia” y “efectividad”, que es lo que debería exigirse en las políticas públicas.
La administración libertaria, en cambio, optó por desconocer los principales problemas identificados por la ex Secretaría de Gestión y Empleo Público del anterior gobierno. Ellos consistían en alto porcentaje de la dotación sin estabilidad laboral, debido a la mora en la realización de concursos; ausencia de movilidad en la carrera vertical y horizontal de la planta permanente, por demoras en las evaluaciones de desempeño, capacitación y antigüedad; inconsistencias en el régimen de Alta Dirección Pública y escasez de cargos concursados con funciones ejecutivas; insuficiente oferta de capacitación para todos los agentes públicos, debido a la pandemia de covid-19; alto porcentaje de los organismos por debajo de la dotación óptima; alta dispersión en las grillas salariales de los diversos sectores de la APN debido a múltiples convenios y marcos legales; falta de coordinación de la política salarial y del régimen de licencias en la negociación colectiva del sector público; ausencia de mecanismos transparentes para el ingreso a la APN en los cargos eventuales, por ejemplo, y debilitamiento de las capacidades burocráticas de las áreas de recursos humanos.
Como se sabe, en lugar de resolver esas deficiencias se optó por una barrida abrupta. Se abandonaron así metas fijadas con miras a la satisfacción de la ciudadanía, como por ejemplo la profesionalización del personal, con capacitaciones ligadas a la modernización del Estado.
Lo cierto es que la complejidad del funcionamiento estatal requiere un abordaje integral. No es posible determinar cuál es el número de trabajadores necesarios para su funcionamiento, sin pensarlo en conjunto con las políticas que se quiere implementar y su abordaje territorial y sectorial específico.
Frente a la motosierra (o la guadaña) oficial, los estudiosos de la materia proponen pensar el rol de los empleados públicos, sus funciones y perfiles, en un proceso íntimamente ligado con objetivos de desarrollo productivo y bienestar social.
En ese sentido, afirman los especialistas, no se trata de librar una lucha contra la planta del Estado, sino de pensar en conjunto qué empleo público necesita la Argentina. No parece viable establecer un número de empleados óptimo sin una hoja de ruta que perfile el proyecto de país que se desea alcanzar.
En definitiva, para que se ejecuten las políticas públicas se necesita de trabajadores públicos.
La estructura adoptada por el gobierno libertario tiene como objetivos –además del ahorro presupuestario– el vaciamiento de áreas clave y la precarización de líneas de gestión, para limitar controles sobre el sector privado, en beneficio principalmente de los grupos empresariales con mayor capacidad para aprovechar los espacios vacíos.
Ya en el primer año de gestión de La Libertad Avanza se eliminó más de un tercio la cantidad de cargos superiores y en un 16 por ciento el número de Unidades Organizativas de la Alta Dirección Pública de la Administración Pública Nacional Centralizada. Menos ministros, menos secretarios y subsecretarios, menos asesores, como respuesta a demandas con complejidades cada vez mayores de distintos grupos de la sociedad.
Se disolvieron además unas cuatrocientas Unidades Organizativas de la Alta Dirección Pública, que venían ocupando el máximo nivel de conducción estratégica y gerencial en la estructura de la APN Central. Lo cual incluyó direcciones nacionales o generales de primer y segundo nivel operativo, coordinaciones y unidades de auditoría interna.
En síntesis, no lucen estas decisiones de recortes como señales para construir un futuro mejor del empleo público y dar simultánea resolución de las demandas ciudadanas. Tampoco se percibe interés en la formación de los empleados estatales, el reconocimiento de su rol en un plan de modernización del Estado y la transformación de puestos de trabajo de modo acorde a los nuevos desafíos.
Por lo contrario, la poda del personal y sostener grillas salariales desactualizadas profundiza la precariedad laboral a la vez que desconoce la totalidad de derechos en todos los tipos de contratación.
Como define la estudiosa Canelo, uno de los mayores logros del neoliberalismo fue que el Estado “dejó de pensarse a sí mismo y liberó ese espacio para otros agentes que lo colonizaron con sus valores e intereses: los del mercado, los del poder económico, los de las corporaciones”.