Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 1° de marzo para la apertura oficial de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei aseguró que las negociaciones que el Gobierno está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscan lograr un aporte de dólares, contantes y sonantes, para sanear el balance patrimonial del Banco Central.
En ese momento, y sin información precisa ni confirmación oficial, las especulaciones de los analistas hablaban de unos 11.000 o 12.000 millones de dólares, correspondientes a los pagos ya realizados en 2024 al propio organismo y pendientes de “devolución” al país, según el particular esquema acordado en 2022 con el staff del Fondo por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán.
Ese monto equivale más o menos a la mitad de los recursos que se están negociando. El resto surge al sumar los vencimientos de este año. No hay que olvidar que el país solo paga los intereses, por lo que el principal, es decir, el monto correspondiente al capital adeudado, se rollea, es decir, se paga deuda vieja tomando nueva deuda, pero el stock adeudado finalmente no baja, más bien sube por los intereses que se acumulan.
A los pocos días de aquel discurso cargado de números y justificaciones, se instaló fuerte la versión de que las negociaciones con el FMI venían bien y que los fondos frescos podrían llegar hasta los 20.000 millones de dólares. De hecho, hasta viajó a Buenos Aires la subdirectora gerente del organismo, o sea la número dos del Fondo, la economista indoestadounidense Gita Gopinath, para seguir los números in situ.
Arquitectura financiera
La modalidad que se está impulsando ahora, explicada por el propio Javier Milei en el Congreso ante diputados y senadores, supone que la deuda la toma el Tesoro para pagar los pasivos que tiene con el Banco Central para fortalecer así las reservas internacionales y erradicar para siempre la inflación.
Según datos del BCRA, al 17 de marzo las reservas brutas ascendían a 27.333 millones de dólares, pero las reservas netas, que no se publican, se estima que son negativas en unos 4.500 millones de dólares.
El paso obligado luego de tomar la deuda y “limpiar” el balance del BCRA, según la lógica del Gobierno, es que de acá a fin de año se levantará completamente el cepo cambiario, la gran obsesión del gobierno libertario.
En este punto, la pregunta que subyace es si vale la pena o incluso “si es negocio” tomar deuda, pagando una tasa de interés para saldar una deuda intra sector público, que es más bien un asiento contable y que genera bajos intereses.
Es cierto que no es lo mismo tener 27.000 millones de dólares de reservas brutas que 47.000 millones, si efectivamente entraran esos fondos frescos del FMI que, por otra parte, llegarán en cuentagotas y no todos juntos. Pero en este caso, el tema es cuál es el costo para la economía de hacer esa movida.
Desde estas líneas se ha insistido en numerosas oportunidades en la necesidad de mantener las cuentas públicas en orden, de tender a reducir el déficit fiscal, si fuera posible llevarlo a cero, y que los sucesivos gobiernos deben ser cuidados con el control de ingresos y egresos.
Pero lo relevante es lograr es equilibrio fiscal como resultado de un proceso virtuoso de gasto público y de ordenamiento de las cuentas públicas y no debido al culto a la motosierra como parece ser ahora.
Voces en alto
Conocida la estrategia de Javier Milei y su equipo económico, desde distintos sectores del arco político y económico, incluso con visiones muy disímiles de lo que hay que hacer para sacar el país adelante, han cuestionado la oportunidad de endeudarse para sanear el BCRA.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que el DNU enviado al Congreso por la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es “ilegal” y consideró que con la toma de más deuda la gestión de Javier Milei solo busca “sostener la timba financiera”.
Y agregó: “¿Para qué va a ser esto? Para sostener la timba financiera. Si el Fondo pone los recursos vamos a observar la continuidad de algo que no mejora salarios, no mejora la infraestructura ni la industria y que pone en riesgo nuestra soberanía”.
En un largo tuit publicado el pasado 9 de marzo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner azuzó: “¿En serio nos estás diciendo que te van a dar millones de dólares y que no va a aumentar la deuda externa argentina? Daaaaale!”.
Y apuntó: “¿O sea que para vos, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’, es lo mismo una deuda de letras intransferibles entre el Tesoro y el BCRA (o sea, una deuda intra Estado, una deuda interna) que no es exigible, no tiene valor de mercado, con tasa de interés más baja y, además, sujeta a legislación nacional, que una deuda de Argentina con el FMI, que tiene condicionalidades sobre la política económica nacional, cuya tasa de interés más recargos ronda el 7 por ciento, que no admite quitas y que somete al país a legislación y jueces extranjeros?”.
Desde la vereda opuesta, el expresidente Mauricio Macri cuestionó la falta de recursos para obra pública, con el telón de fondo de las inundaciones en Bahía Blanca y criticando la estrategia del Gobierno de recortar gastos para privilegiar el pago de la deuda. “Hay que poner en marcha esas obras, que las tiene que hacer el Estado, porque ahí está en riesgo la vida de la gente, la vida diaria de la gente”, señaló durante su visita a Expoagro.
Pero tal vez el cuestionamiento que más sorprende sea el de un excompañero de ruta en los inicios de la movida libertaria, allá por 2021, luego devenido férreo crítico del estilo Milei.
“La deuda del Tesoro con el BCRA es como un niño de 10 años que le debe plata al papá”, lanzó como metáfora el economista Diego Giacomini, y destacó que esto “va a terminar subsidiando la salida del carry trade (venta de dólares para ir a pesos) con un tipo de cambio artificialmente barato para tener un mejor resultado electoral.”
Cepo autóctono
En la Argentina, el cepo cambiario se estableció en noviembre de 2011, apenas 48 horas después de que Cristina Kirchner arrasara con el 54 por ciento de los votos en las elecciones generales de aquel año, ante la evidencia de la falta de dólares para abastecer todas las demandas de billetes verdes de empresas y particulares.
Ese cepo permaneció incólume hasta diciembre de 2015, cuando fue levantado del día a la noche por el flamante ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, durante la gestión de Mauricio Macri.
El país atravesó algo más de tres años y medio sin restricciones cambiarias, pero justamente por eso el gobierno de Cambiemos debió volver a golpear las puertas del FMI en 2018. Casualmente o no tanto, eso sucedió con el actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sentado en la poltrona mayor del entonces Ministerio de Finanzas de la Nación.
Una de las mayores críticas que recibió el gobierno de Macri es haber tomado una deuda monumental con el FMI, de 57.000 millones de dólares, de los cuales hasta el traspaso del mando a Alberto Fernández se habían girado al país 44.000 millones.
Pero eso se hizo sin cerrar el grifo del cepo, por lo que en la práctica se terminó alentando una gran fuga de capitales, al punto que el propio Fondo, en su calidad de prestamista, cuestionó esta estrategia.
Con este panorama en el horizonte, y el resultado electoral en las PASO aquel recordado 11 de agosto de 2019, esa misma noche se dispuso un feriado cambiario y empezó a madurar la idea de reinstaurar el cepo, cosa que terminó pasando en los días subsiguientes, ya con Hernán Lacunza como ministro, tras el paso al costado de Nicolás Dujovne.
Lo que sigue es historia conocida. Durante la gestión de Alberto Fernández, el cepo lejos de relajarse se reforzó con nuevas regulaciones para importadores, para empresas que deben pagar a sus proveedores del exterior, para giro de dividendos de multinacionales a sus casas matrices y también para la compra de divisas para atesoramiento.