Las políticas instrumentadas por el gobierno de Javier Milei provocaron, según los últimos datos del Indec, una caída del consumo del 10 por ciento en el segundo trimestre de este año, lo que la ubica como la tercera mayor caída histórica desde que comenzó esta medición para similares períodos, luego de la pandemia en 2020 (21 por ciento) y la megacrisis de 2002 (22 por ciento).
El consumo privado no solo marca el bienestar de una sociedad, sino que en el diseño económico argentino representa el 65 por ciento de la actividad, con lo que se constituye en un elemento clave para el crecimiento económico. De ahí el celo de muchos gobiernos por blindar esta actividad, que durante este siglo solo fue horadada por el estallido de un modelo económico-jurídico, la convertibilidad, y por una catástrofe sanitaria.
En este ocasión, las políticas de ajuste instrumentadas, centradas en las jubilaciones, a las que hasta agosto se les había recortado 7 billones de pesos, las obras públicas (6 billones) y los subsidios a las tarifas (3 billones), llevaron a una caída del consumo que, por su peso en la actividad económica, generó una retracción del PBI del 3,4 por ciento en seis meses, también la mayor caída tras la pandemia y 2002.
Nada avecina, incluso, que el panorama futuro sea diferente. Según la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), “la recuperación del consumo es condición necesaria para que la recuperación de la actividad sea sostenible”. En el contexto actual, agrega, “de alto desempleo y capacidad instalada ociosa, exige que la demanda traccione para que el sector privado aumente la producción y, eventualmente, la inversión”, pero señala que “el gasto público sigue jugando un rol contractivo que se profundizará de la mano de la regla fiscal que fijó el Gobierno en el Presupuesto de 2025, según la cual si cae la recaudación se reducirá el gasto en la misma magnitud”. Y concluye: “La recuperación de la masa salarial (salarios y empleo) es fundamental para la recuperación económica”.
¿No hay plata?
La sentencia habitual del gobierno para llevar adelante su “motosierra” es que el Estado no cuenta con recursos para hacer frente a gastos e inversiones que, entre otras funciones, reactivarían el consumo interno. Sin embargo, nada parece haberse hecho en función de mejorar esos recursos, mediante una mayor capacidad estatal para combatir la evasión y la elusión impositiva, que se calcula en un 40 por ciento de la economía, como tampoco para modificar un sistema impositivo regresivo. Por caso, tanto en 2022 como en 2023, y a pedido del FMI, el Frente de Todos incluyó en el Presupuesto un anexo en el que se detalla el “gasto tributario” del Estado, es decir el 2,34 por ciento del PBI que se deja de recaudar en exenciones impositivas: las de más peso en el caso de las personas jurídicas son las de jueces, directores de sociedades (CEO) y productores rurales exentos de pagar el impuesto sobre los bienes personales, que representa en su conjunto una caída en la recaudación del 0,93 por ciento del PBI, seguido por las empresas, donde se destaca el régimen del Tierra del Fuego, con el 0,33 por ciento del PBI.
Pero no solo se trata de estos “gastos tributarios”. Dado que los recursos del Estado dependen en gran parte de la actividad económica, las medidas de ajuste que afectan al consumo interno lo hacen también con la recaudación tributaria. Así, según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, si para agosto de 2023, con un mercado interno protegido, el gobierno recaudó a pesos corrientes (actuales) 10,2 billones de pesos, en agosto de este año recesivo esa cifra se redujo más de un 20 por ciento, para totalizar 7,8 billones pesos.
Y por si no bastara con las exenciones impositivas y la caída de la recaudación que atentan contra la tracción al consumo, se suma a ello una política de transferencia de ingresos de parte de trabajadores a empresarios, específicamente de 15,6 billones de pesos, según el Mirador, debido a los aumentos de precios con salarios virtualmente congelados, lo que significó otro vector de la caída del consumo interno.
Así, aun cuando el debate sobre la necesidad de una corrección en las cuentas públicas parecía ineludible, el hecho de que haya provocado la tercera caída histórica del consumo privado sin una crisis mundial sanitaria ni un cambio de régimen jurídico económico exhibe las consecuencias que las políticas económicas del actual gobierno están infringiendo al país.