Luego de hacerles pagar a los jubilados y pensionados el costo del brutal ajuste que se está llevando a cabo en la economía argentina desde el 10 de diciembre, el Gobierno dispuso actualizar los haberes previsionales, dejando de lado la fórmula de movilidad jubilatoria que rigió hasta el cambio de administración.
Pero una vez más, hasta ahora todo fue pérdida para los sufridos jubilados y jubiladas argentinas. Y esto es así porque la actualización de los haberes se hizo tarde y por porcentajes mucho menores a los que marcaron los incrementos de los productos de la canasta básica alimentaria y total, y desde ya también a los medicamentos.
El dato no es menor, dado que entre estos dos rubros explican casi la totalidad de los ingresos de quienes perciben un haber previsional, al menos los que están en el haber mínimo, que son nada menos que tres de cada cuatro jubilados y jubiladas.
Solo para tener una idea de la magnitud del “tarascón” que recibieron en sus bolsillos los jubilados, hay que recordar que entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 la inflación acumuló un 71 por ciento, según datos oficiales, pero en ese mismo período los jubilados y pensionados tuvieron actualización mínima de suma fija.
Según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad, el valor de la Canasta Básica de los Jubilados trepa en la actualidad a 685.041 pesos mensuales, un incremento de 239 por ciento en comparación a un año atrás y muy lejos de la jubilación mínima que este mes cobraron los jubilados, que apenas llegó a 134.445 pesos.
En relación con la medición anterior, en octubre de 2023 la Canasta Básica de los Jubilados subió 118,73 por ciento, con un haber medio que, en el caso de quienes cobran la totalidad del haber porque no apelaron a moratorias, llegó solo a 299.407 pesos al mes.
Fórmula archivada
La fórmula de movilidad jubilatoria establecida por ley, que regía desde el gobierno de Alberto Fernández y fijaba aumentos trimestrales –mix de inflación y aumento de la recaudación impositiva de la AFIP– fue suspendida por el decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
En medio de la disparada de todos los precios en la economía argentina, las personas de la tercera edad solo recibieron un bono de 55.000 pesos en diciembre y otro igual en enero. Ahora se propone un cambio, que el Gobierno espera sea permanente.
A través del decreto 274/2024, publicado este lunes 25 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo determinó que a partir de julio la actualización de los haberes jubilatorios tomará como referencia el último dato de IPC difundido hasta ese momento, que corresponderá al de dos meses atrás. Por caso, en julio se tomará el IPC de mayo.
Pero como el Gobierno no puede hacerse el desentendido por el fuerte impacto de la disparada de precios en la economía nacional, estableció algún tipo de “compensación” por los meses que van de marzo a mayo.
Así, fijó que en abril se cobrará el porcentaje correspondiente a la inflación de febrero (13,2%), al que se sumará un adicional de 12,5 por ciento y un bono de 70.000 pesos, se estima que para paliar parte de la pérdida de los primeros meses del año. Esos 70.000 pesos se cobrarán solo en caso de percibir la jubilación mínima.
En mayo se tomará como referencia la inflación de marzo y en junio la de abril. Un punto a favor es que si, al hacer el cálculo, el aumento acumulado resulta menor al de la fórmula vigente hasta ahora, se compensará la diferencia.
A partir de abril, el haber mínimo se iría de los actuales 134.445 pesos mensuales a 171.216, a los que se sumarían los 70.000 pesos por haber mínimo para llegar a los 241.216 pesos.
En julio empezará el nuevo régimen, con jubilaciones que se ajustarán aplicando una actualización solo por inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.
A partir de entonces la actualización sería mensual, aunque siempre con dos meses de delay, que deberán “bancar”, otra vez, los sufridos jubilados y pensionados de la Argentina.
Esperando la dádiva
No es la primera vez que la clase pasiva es la última en recibir un ajuste de sus ingresos en momentos de turbulencias. Hay una cierta lógica perversa en esta realidad y es que los jubilados no están organizados ni sindicalizados, más allá de algunas organizaciones sociales que se ocupan de visibilizar su situación. Pero lo cierto es que los jubilados no tienen “poder de fuego” ni capacidad de movilización como sí tienen otros sectores de la sociedad.
Así, el Gobierno nacional decidió que los jubilados y jubiladas fueran los encargados de sostener el mayor peso del ajuste con “motosierra”. Es que al Ministerio de Economía los números fiscales del primer y segundo mes de año le dieron en azul, pero dejando casi congelados los haberes de los pasivos, que explican una parte muy importante del gasto fijo, que no se puede cortar.
Según datos de la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, en base a información de Anses, hasta agosto de 2023 (último dato publicado) había en el país 6.440.767 beneficiarios de regímenes previsionales, de los cuales casi el 90 por ciento corresponden al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el resto a jubilaciones y pensiones de otros regímenes.
De ese total, corresponden al SIPA ordinario –gente que se jubiló con treinta años de aportes– 2.908.150 personas (45,2% del total), mientras que accedieron mediante moratorias 2.877.275 personas (44,7%). El 10,2 por ciento restante corresponde a los otros regímenes jubilatorios.
La diputada Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal) está elaborando un proyecto de ley destinado a actualizar los haberes jubilatorios, pero ajustando con un porcentaje mayor los haberes de aquellos que tienen los treinta años de aportes, y por encima de los casos que accedieron por moratoria.
Alejandra Torres es la esposa de Osvaldo Giordano, el ex titular de Anses, echado del Gobierno por cómo votó su mujer, o sea la propia Torres, la ley ómnibus a comienzos de febrero pasado.
Hace unos días, en su ya clásica rueda de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, aseguró que “la nueva fórmula probablemente contemple algo elemental: que el jubilado no siga perdiendo contra la inflación como lo viene haciendo no solo desde la última fórmula, sino en los últimos veinte o veinticinco años”.
Antes de esa declaración, el propio Gobierno decidió no utilizar la fórmula anterior, que en gran medida hubiera reflejado el salto inflacionario de diciembre (25,5%), enero (20,6%) y febrero (13,2%). Mientras estuvieron esos niveles estratosféricos les dieron montos fijos, y ahora dejan cristalizado un haber jubilatorio carcomido por la inflación. Leyes de mercado en estado punto.
“Desde el punto de vista del aporte al monto total ahorrado de 5,5 billones de pesos, los gastos que más se redujeron y más aportaron fueron jubilaciones y pensiones contributivas (-$1.873.000 millones), inversión real directa (-$748.000 millones), subsidios a la energía (-$632.000 millones) y salarios (-$385.000 millones)”, señaló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en relación con el resultado fiscal de enero y febrero.
Por su parte, un informe de la consultora LCG apuntó: “Algo más de un tercio del recorte del bimestre responde a un menor gasto previsional y la explicación se eleva a 45 por ciento considerando el ajuste en el resto del gasto social (AUH, asignaciones familiares, Potenciar Trabajo, etc.)”. A buen entendedor, pocas palabras.