La Argentina exportará este año más o menos 2.900 millones de dólares en carne vacuna y unos 3.000 millones en productos mineros, especialmente metales preciosos (oro, plata, cobre) y carbonato de litio. Ambas ramas de actividad tienen potencial de crecimiento en producción y ventas al exterior, sin duda, una buena noticia para el país en estos momentos.
Pero mientras la carne bovina requiere de un trabajo consistente de apertura de nuevos mercados, acuerdos sanitarios, precios internacionales que fluctúan mucho según la demanda, con tensiones entre mercado interno y exportación, la minería puede vivir en los próximos años una verdadera explosión. Fuentes del sector aseguran que puede generar inversiones por unos 20.000 millones de dólares en los próximos diez años y exportar hasta 10.000 millones.
El Gobierno nacional lo sabe y apuesta fuerte al desarrollo de la minería, a la que considera uno de los sectores llamados de liderar la recuperación económica en la pospandemia, junto con la construcción, el sector energético y, desde ya, la agroindustria, el caballo de tiro de la economía argentina desde siempre.
El propio presidente Alberto Fernández así lo manifestó en diversas ocasiones. En ese sentido, el Gobierno impulsó la creación de una mesa sectorial que reúne a funcionarios del área, cámaras empresariales, el sindicato de trabajadores mineros y organizaciones de la sociedad civil, para dar forma al Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino a 2030.
AGENDA DE TRABAJO
La idea es muy ambiciosa pero no imposible. La mesa nacional minera se lanzó el pasado 5 de noviembre y busca tener listo y presentado el plan para marzo o principios de abril de 2021. Uno de los puntos clave a resolver es la cuestión impositiva.
“Hoy la carga tributaria hace que sólo los grandes proyectos mineros sean económicamente rentables”, asegura Alberto Carlocchia, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) en diálogo con Caras y Caretas.
Al respecto, la entidad propone un cambio en la estructura impositiva del sector, porque “hoy la mayoría de los impuestos son regresivos y se pagan sobre la venta”, explica Carlocchia.
La clave es determinar cuál es la base imponible. “Si se aplica sobre la venta nos hace dejar el mineral en el suelo porque es más caro sacarlo”, exageró el empresario. Además, en un escenario en el que se promuevan las inversiones, explica, habrá más proyectos en ejecución, más empresas operando y, en suma, más recaudación.
Todo esto va de la mano del reclamo de “una legislación que abrace proyectos de envergadura y favorezca grandes inversiones como Vaca Muerta, hidrocarburos convencionales, minería e infraestructura”, indicó Carlocchia.
Se estima que la minería se abastece en un 75/80 por ciento de proveedores locales, porque lo que cada proyecto minero supone un efecto derrame en las comunidades en que se desarrolla.
PORTFOLIO DE INVERSIONES
En la actualidad hay unos quince yacimientos en producción, incluidos varios de clase mundial como Veladero, Gualcamayo, Manantial Espejo y Cerro Vanguardia (oro y plata), a los que hay que sumar Mina Aguilar (plata, plomo, zinc) y Sales de Jujuy (litio).
Pero además hay no menos de treinta proyectos en distintas etapas de avance, de los cuales una decena está enfocada en la extracción de litio, en el noroeste del país.
Un informe de la consulta Abeceb destaca que los compromisos de inversión realizados por los principales diez proyectos en el país suman unos 11.400 millones de dólares. Y el dato más relevante es que algunos se encuentran cerca de entrar en operación.
Tal es el caso de Lindero (Salta-oro), Caucharí-Olaroz (Jujuy-litio), ambos en construcción y los proyectos Taca-Taca (Salta-cobre), Josemaría (San Juan- oro, plata y cobre) y Agua Rica (Catamarca-cobre) en etapa de factibilidad y evaluación económica previa (PEA).
A estos hay que sumar el proyecto de plata Navidad en Chubut, que está en etapa avanzada pero a la espera de que prospere la iniciativa del Ejecutivo provincial de zonificar la provincia y habilitar la explotación minera en determinadas zonas.
La cuestión es así. Tras las movilizaciones antimineras en Esquel, oponiéndose al uso de cianuro en explotaciones de oro a cielo abierto en 2003, la sanción de la ley provincial 5.001 puso en compás de espera toda iniciativa minera. En rigor, no prohíbe la minería en la provincia. De hecho, establece en su artículo segundo que hay que zonificar la provincia y evaluar dónde sí es posible hacerlo en condiciones de seguridad para la población, para lo cual se pide la licencia social.
El proyecto que el gobierno provincial ya envió a la Legislatura fija la zona de la meseta, que incluye las localidades de Gastre y Telsen en la zonificación. La iniciativa cuenta con acompañamiento de las comunidades locales, que buscan “oportunidades de desarrollo local, para que sus hijos no se vayan”, indican fuentes del sector. El proyecto iba a ser tratado en comisión el 9 de diciembre pero finalmente no se trató. Ahora se espera que sea tratado en sesiones extraordinarias.
Si esto avanzara, el gran beneficiario sería el proyecto de plata Navidad, tal vez el más importante del país, que está en etapa de estudio desde 2010. Se estima que podría exportar por unos 350 millones de dólares. El dato central aquí es que para extraer plata no se utiliza cianuro, y además el proyecto está muy lejos del río Chubut, por lo que no habría impacto ambiental en ese curso de agua.
En la provincia continúan las voces a favor y en contra de la actividad minera, pero desde el Ejecutivo provincial están decididos a desarrollar alternativas de producción y crecimiento económico para los chubutenses, y los recursos mineros son uno de ellos.
CONDICIONES E INCENTIVOS
“Hace una década que en la Argentina se viene manejando un mismo portafolios de inversiones por 20.000 millones de dólares”, indica un informe de la revista especializada Mining Press. Pero destaca la estrategia del secretario de Minería, Alberto Hensel, de “ir evaluando proyecto por proyecto”.
Al sector ya se le redujeron las retenciones del 12 al 8 por ciento para productos metalíferos y el potencial de inversión sigue siendo alto, pero “lo que falta son las condiciones macro”, sostiene Mining Press.
Javier Cao, economista de Abeceb, sostiene que “hoy por lejos, el riesgo cambiario es el principal problema para la minería”. A esto se suma la cuestión impositiva y factores jurídicos como el caso Chubut, o Mendoza, donde la minería no está permitida.
“Los grandes proyectos de cobre, que suponen 3.000 millones de dólares hundidos, o Navidad, no los vas a ver en el corto plazo”, resume Cao.
En verdad, se requieren tres factores para desarrollar la minería en el país, persiguiendo la zanahoria de multiplicar los puestos de trabajo en provincias donde, por cierto, no abunda el empleo privado.
En primer lugar, que existan los recursos y, de hecho, las prospecciones de los últimos años indican que hay mucho potencial.
En segundo término, señales de precios para hacer rentables las inversiones. En los últimos meses, en el marco de la pandemia de covid-19 y cierta debilidad del dólar en el mundo, el precio de las materias primas rebotó, en granos y commodities agropecuarias y mucho más en metales preciosos, donde los precios se dispararon en torno al 40 por ciento.
Por último, reglas de juego estables. La Ley de Inversiones Mineras de 1993, con estabilidad fiscal por treinta años, facilitó la llegada de fuertes inversiones. Hoy el país está ante un nuevo ciclo de producción, esta vez de cobre, señalan los entendidos, pero falta que maduren. Y 2021 puede ser un año importante en este sentido.