Era el 17 de enero de 1959. El delegado comunista Ricardo Barco los vio desde el portón. Se había trepado con otros compañeros del sindicato cuando le avisaron que venía la represión. Afuera, apuntando hacia ellos, había cuatro tanques del Ejército. Barco, en su inconciencia, creyó que iban a arremeter y que lo iban a parar. Pero el primer tanque derribó el portón y detrás entró la policía. Se había juntado una fuerza militar que los medios describieron como impresionante. Luego de tres horas de resistencia y algunos heridos, el gobierno retomó el control del frigorífico Lisandro de la Torre, que los obreros habían ocupado días atrás.
En los primeros días de enero de aquel 1959, Frondizi ajustaba los detalles de su visita a los Estados Unidos mientras, como parte de su plan de ajuste, envió al Congreso un proyecto para privatizar el frigorífico del barrio de Mataderos. El objetivo era vendérselo a la Corporación Argentina de Productores, un ente mixto que controlaban los grandes ganaderos.
EL SINDICATO
El 7 de diciembre de 1958, los obreros del frigorífico eligieron una nueva comisión directiva, mayoritariamente peronista y que encabezó Sebastián Borro, un joven dirigente forjado en los duros primeros años de la Resistencia. No era la primera vez que se enfrentaban a un gobierno. Entre los no tan viejos de la fábrica flotaba el recuerdo de los conflictos que en 1948 y en 1956 habían terminado en fuertes enfrentamientos callejeros.
El 12 de enero de 1959, alertados por el inminente tratamiento de la ley, los dirigentes del sindicato se entrevistaron con el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gómez Machado. A la salida, Borro expresó que los obreros estaban dispuestos a luchar hasta el fin para evitar la privatización: “En camiones cargaremos los escombros del frigorífico”.
Al día siguiente, cuando la ley iba a ser tratada, dos mil obreros se movilizaron hacia el Congreso. Llevaban un ternero en el que habían pintado: “Señores Diputados, no me entreguen, quiero ser nacional”. Les prometieron que al otro día serían recibidos por Frondizi. Pero esa noche la ley fue sancionada.
El miércoles 14 de enero, el cuerpo de delegados convocó a asamblea. La noticia de la privatización había corrido. El barrio hervía por los acontecimientos. Al día siguiente los obreros no abandonaron el edificio. Por la tarde, los ocho mil decidieron mantener la toma y realizaron un paro por tiempo indeterminado. La bandera del frigorífico fue izada a media asta. En tanto, Frondizi recibió a la comisión del gremio y a representantes de las 62 Organizaciones, que le solicitaron que vetara la ley, pero este se negó. Uno de los participantes de la reunión dijo que “si iba a haber represión, los obreros para atrás no íbamos a ir”.
Por la noche, con la toma del frigorífico, la vigilia se extendió a los familiares, que acompañaban a los suyos a través de las rejas. Previendo que iban a venir a sacarlos, no apagaron las calderas y prepararon los bretes para largar la hacienda.
El viernes recibieron a los periodistas. Borro contó que el presidente de la CAP los había querido sobornar. De fondo se escuchaban los bombos y, por primera vez, una consigna que iba a hacer historia: “¡¡Pa-tria sí, colo-nia no!!”.
Antes de partir a los Estados Unidos, Frondizi designó como mediador al jefe de la Policía Federal. La confrontación era un hecho. La huelga fue declarada ilegal y se ordenó desalojar el establecimiento. A las 3 de la mañana un ejército de policías y soldados llegó al barrio.
LA REPRESIÓN
Los piquetes de guardia fueron los primeros en dar la alarma de que una poderosa fuerza represiva avanzaba hacia el establecimiento: 22 ómnibus cargados con agentes, carros de asalto de la Guardia de Infantería, camiones de bomberos, patrulleros, cuatro tanques Sherman y varios jeeps con soldados provistos de ametralladoras. La fuerza reunida era de unos dos mil hombres.
A las cuatro de la madrugada un tanque ocupó posición frente al portón. Decenas de obreros en grupos se treparon a los muros y a la puerta de entrada. Ricardo lo recordaba así: “Avanzaban los tanques. Estábamos colgados de los portones (…) Cuando el portón pegó el cimbronazo, pasé por arriba de los árboles y fui a caer en un cantero, allá como a cinco o seis metros y todavía allí cayeron otros (…) En medio de eso, que el tanque entra, avanza, la gente se dio vuelta, se paró en el mástil y empezó a cantar el Himno. No hay palabras para decir lo que sentimos en ese momento”.
La resistencia duró tres horas. La mayoría saltó los muros y se refugió en el barrio. Desde el cuarto piso, un grupo resistía. A las siete de la mañana la policía retomó el control: 95 trabajadores fueron detenidos y nueve resultaron heridos. El plenario de las 62 Organizaciones reunido esa noche declaró un paro por tiempo indeterminado que apoyaron los otros dos nucleamientos sindicales.
La indignación por lo ocurrido se trasladó a las calles. Los días siguientes obreros y vecinos libraron duras batallas contra las fuerzas de seguridad. Las barricadas se hacían con los adoquines, con las vías del tranvía, con las cubiertas incendiadas de los ómnibus y clavos “miguelito” aportados por la Juventud Peronista. Por la noche los activistas cortaban el alumbrado y la policía era recibida a pedradas desde las azoteas.
El gobierno allanó varios sindicatos, detuvo decenas de dirigentes y declaró “zona militar” a las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Entre tanto, Borro y otros dirigentes organizaban la huelga desde la clandestinidad. Desde los Estados Unidos, Frondizi declaró: “La conducción del país la tiene el gobierno y no los gremios”.
Después de tres días el movimiento de fuerza se debilitó: los colectiveros trabajaron el martes y los nucleamientos no peronistas abandonaron la huelga. El miércoles 21, las 62 Organizaciones decidieron el cese de las medidas de fuerza.
El sindicato del “Lisandro” nunca levantó la huelga. Luego de varios meses y con Borro capturado, cinco mil obreros fueron cesanteados. El frigorífico fue vendido a la CAP. Una investigación realizada en 1974 por una comisión de la Cámara de Diputados descubrió que la CAP había pagado sobreprecios a sus asociados durante años y que los quebrantos, que eran enjugados con fondos públicos, habían constituido una virtual estafa.