En pocos días, la procuración de los Estados Unidos se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de aquel país para argumentar a favor de Bayer-Monsanto, en un juicio que John Durnell, un vecino del estado de St. Louis, le inició a la gran corporación agroalimentaria tras contraer un linfoma no Hodgkin. Un tribunal de Missouri determinó que había contraído la enfermedad luego de usar Roundup durante más de 25 años, sin que hubiera advertencias en los envases sobre riesgos de cáncer. Al mismo tiempo, la administración de Donald Trump declaró al glifosato un elemento indispensable para la defensa de la nación, el mismo día que Bayer-Monsanto acordó en los tribunales estatales pagar una suma total superior a los 7.000 millones de dólares por juicios relacionados con enfermedades causadas por la exposición al glifosato. La presentación ante la Corte apuntaría que la responsabilidad sobre las advertencias de los peligros en el uso del agrotóxico corresponden a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, minimizando el compromiso empresarial en la comunicación de la toxicidad a los usuarios.
El glifosato es un herbicida organofosforado sintético “de amplio espectro, no selectivo y sistémico”, utilizado para matar vegetales que compiten con el desarrollo de sembradíos, por ejemplo. Desde 1974 hasta la actualidad, se ha convertido en el agrotóxico más utilizado del mundo, con una demanda anual que supera el millón de toneladas en estado puro. Solo en la Argentina se vierten entre 200 y 300 millones de litros anuales. Y se ha constatado su persistencia en aguas subterráneas y ríos. Se lo relaciona, además, con varias enfermedades, entre ellas el linfoma no Hodgkin.
Pero, para comprender el camino del glifosato y su uso masivo a pesar de las condenas, es necesario desenredar una madeja urdida en los años 70 del siglo pasado, cuando el sistema de autorización de comercialización de productos agrotóxicos en los Estados Unidos requería que fueran las empresas las que costearan los estudios de toxicidad. Estos se realizaban en laboratorios privados. Posteriormente, los resultados se presentaban a la EPA que, sobre esa base, autorizaba la comercialización.
A ambos lados
Por entonces, muchos estudios le informaron a la EPA de la baja toxicidad y la ausencia de peligros cancerígenos del Roundup. Un alto porcentaje de esos análisis fueron realizados por Industrial Bio-Test Laboratories (IBT Labs), donde durante esos años trabajó Paul Wright, un toxicólogo que –antes y después– también trabajó en Monsanto.
“Uno de los casos mejor documentados de manipulación científica y fraude flagrante fue el escándalo que involucró a IBT en la década de 1970 y las pruebas de toxicidad crónica que realizó para Monsanto, las cuales finalmente llevaron a la acusación y condena de empleados de IBT y de la Corporación Monsanto. IBT, en aquel entonces el laboratorio privado más grande del país, prestaba servicios a diversas industrias y agencias gubernamentales. Realizó alrededor de 22 mil estudios toxicológicos para numerosas corporaciones, lo que representa entre el 35 y el 40 por ciento de todas las pruebas realizadas en laboratorios privados del país”, escriben David Rosner y Gerald Markowitz, de la Universidad de Columbia.
Apenas un estudio, realizado en 1973 por IBT, decía no haber encontrado un aumento estadísticamente significativo de tumores en ratones albinos que durante 18 meses habían sido alimentados con glifosato. Fue presentado ante la EPA y aún hoy no está claro si fue incluido en la documentación que autorizó la comercialización. Era parte de los estudios liderados por Wright. Al toxicólogo lo condenaron el 4 de mayo de 1981 a cuatro años de prisión. Consideraron sus trabajos “falsos, ficticios y fraudulentos”.
Marek Cuhra, científico de Tromsø, Noruega, repitió en 2009 un estudio sobre la toxicidad del glifosato en la pulga de agua daphnia magna. Usó los mismos parámetros especificados por los científicos que lo realizaron en 1978. En el estudio de Cuhra, el glifosato se había vuelto “trescientas veces” más tóxico. La investigación de 1978 la realizó en el laboratorio ABC. La firmaban William McAllister y Alan Forbis. Dice el informe noruego que la refuta: “Para comprender y entender verdaderamente los resultados científicos de pruebas individuales tan específicas en su contexto, es común elaborar algún tipo de síntesis. Una de estas síntesis es la revisión ya mencionada sobre la ecotoxicidad del glifosato y el Roundup. Los datos cuestionables de McAllister y Forbis han penetrado no solo en esa revisión, sino también se encontró después en innumerables piezas de documentación, que van desde simples hojas de datos hasta declaraciones de política internacional sobre herbicidas referidas al glifosato. En algunos de estos documentos, la fuente original de los datos suele caer en el olvido”. El informe completo fue publicado en Journal of Biological Physics and Chemistry el 30 de enero de 2015.
Reevaluar
La web de la EPA dice textualmente en 2026 acerca del glifosato: “Es un herbicida ampliamente utilizado que controla las malezas de hoja ancha y los pastos. Está registrado como pesticida en Estados Unidos desde 1974. Desde el primer registro, la EPA ha revisado y reevaluado su seguridad y usos, incluidos los sometidos a revisión de registro”.
Sin embargo, el 17 de junio de 2022, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito le ordenó una revisión de esos estudios y una suspensión del registro, hasta tanto pudiera informarse fehacientemente si su uso puede poner en peligro la salud humana y del medioambiente. El 1 de abril de 2026 en la web de la EPA podía leerse: “De conformidad con la decisión del tribunal relacionada con la salud humana, la Agencia está actualizando su evaluación del potencial carcinogénico del glifosato para explicar mejor sus hallazgos e incluir la información científica relevante y actualizada”.
Fue también en junio de 2022 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó un recurso de Monsanto-Bayer y confirmó un fallo que obligaba a la corporación a pagar 25 millones de dólares a Edwin Hardeman, un jubilado a quien se le diagnosticó un linfoma no Hodgkin en 2015. Los abogados Hardeman alegaron que el hombre había usado Roundup durante 25 años y que la compañía no había advertido sobre los riesgos. En 2026, la Corte admitió para revisar un caso muy similar, el de John Durnell. Un tribunal de St Louis condenó a Monsanto a pagar apenas 1,25 millones de dólares. Y, durante el proceso, se puso en duda la responsabilidad de la empresa en el etiquetado y advertencias sobre el uso del herbicida. Será lo que decida el supremo tribunal.
Sin embargo, aun cuando desde 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de Naciones Unidas, considera al glifosato “potencialmente cancerígeno” para humanos, esa visión no es aceptada por las autoridades regulatorias de los Estados Unidos.
Razonabilidades
En este contexto, el gobierno de los Estados Unidos dispondrá de diez minutos para testimoniar en calidad de amicus curiae en favor de los Bayer-Monsanto y contra un ciudadano común que se encuentra cursando una enfermedad, en muchos casos terminal, y que, según el testimonio que definió la condena de la empresa, enfermó por su preocupación de embellecer su barrio rociando con Roundup casas y jardines por más de 25 años.
Dice la convocatoria firmada por el procurador general de los Estados Unidos, John Sauer: “Este caso trata sobre si la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (Fifra), en una demanda por no exigir la advertencia en el etiquetado por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Estados Unidos tiene un interés sustancial en la resolución de esa cuestión. Estados Unidos, a través de la EPA, implementa y hace cumplir la Fifra y, por lo general, debe registrar todos los plaguicidas que se venden y distribuyen en los Estados”.
En la condena del caso Durnell, el tribunal de Missouri interpretó que, sobre las advertencias sobre cáncer en el etiquetado, la ley del Estado no podría prevalecer sobre la ley federal y su autoridad de implementación, la EPA. “Es delito hacer afirmaciones sustancialmente diferentes de las aprobadas por la EPA, cambiar la composición de un plaguicida respecto de la aprobada por la EPA”, dice el texto de la procuración. Por tanto, siguiendo ese razonamiento, si Monsanto hubiese cambiado su etiquetado para advertir sobre la posibilidad de contraer cáncer (cumpliendo la ley estatal), habría cometido un delito federal.
La ley Fifra aplica un criterio de razonabilidad para dar curso a las advertencias de sustancias peligrosas para la salud. Y esa razonabilidad se basa en criterios de costo-beneficio. ¿Qué tan razonable es que alguien enferme o muera de cáncer por exponerse a un elemento declarado de interés para la defensa de un país?
Acciones
A la espera de la resolución de la Corte, Bayer-Monsanto y el gobierno de los Estados Unidos mostraron una sincronicidad asombrosa. El 18 de febrero, mientras la administración Trump publicaba la orden por la cual declara “promover la defensa nacional garantizando un suministro adecuado de fósforo elemental y de herbicidas a base de glifosato”, Bayer anunciaba su acuerdo judicial por 7.250 millones de dólares para poner fin a miles de demandas por enfermedades relacionadas con el uso del glifosato.
Según Bloomberg, la empresa de Leverkusen pagó más de 10.000 millones de dólares en juicios relacionados con las advertencias de la composición de Roundup desde que compró Monsanto en 2018.
“Monsanto está tomando las acciones relacionadas con Roundup™ únicamente para contener el litigio, y los acuerdos de conciliación no contienen ninguna admisión de responsabilidad o irregularidad”, dice el comunicado publicado en la web de Bayer. “Los acuerdos Roundup™ esperan una decisión de EE.UU. La Corte Suprema concederá la revisión del caso Durnell.”
En la orden oficial que lleva la firma del presidente Donald Trump puede leerse: “El secretario utilizará la autoridad que le confiere la sección 101 de la Ley 50 USC 4511, en consulta con el secretario de Guerra, para determinar las prioridades nacionales adecuadas y la asignación de todos los materiales, servicios e instalaciones necesarios para garantizar un suministro continuo y adecuado de fósforo elemental y herbicidas a base de glifosato”.
Tres semanas más tarde de la publicación de la orden de Trump, Human Right Watch denunció que Israel disparó bombas incendiarias a base de fósforo blanco en algunos barrios del sur de El Líbano. Estas bombas producen quemaduras que pueden causar la muerte o lesiones que implican un sufrimiento “de por vida”.
Por esos días, antes y después de su reunión con el propio Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablaba de volver a fumigar con glifosato las plantaciones de coca en su país, algo prohibido por ley interna desde 2015. Esa ley buscaba proteger a los habitantes más pobres de la selva del flagelo de las enfermedades y la inseguridad alimentaria causada por las fumigaciones.
En febrero de este año, una comunicación oficial de Naciones Unidas reiteró su “preocupación por los informes de que las fuerzas israelíes rociaron un herbicida altamente tóxico sobre áreas al norte de la Línea Azul que separa al Líbano de Israel”. Solo el párrafo final hablaba de glifosato en “concentraciones de veinte a treinta veces el nivel recomendado”.
Vía Panamá
Con todo, la geopolítica imperial y los intereses de las corporaciones globales permean en decisiones aparentemente inconexas, pero con objetivos comunes: poco después de asumir su actual mandato, Trump manifestó su “preocupación” por la “ocupación del canal de Panamá” por parte de China. El 5 de marzo de 2025, el Fondo de Inversión BlackRock, liderado por Larry Fink, compró los principales puertos en ambos extremos de la vía navegable. Cuentan que, poco después de que Trump declarara la necesidad de “recuperar” el canal, Fink lo llamó y le ofreció poner fin a la crisis. BlackRock pagó 22.800 millones de dólares a CK Hutchison, a cambio del 90 por ciento de la participación en Panama Ports Company.
“En un abrir y cerrar de ojos, Fink ayudó al presidente a salvar las apariencias ante China y permitió que Trump ‘recuperara’ el canal sin disparar un solo tiro”, explica Peter McKillop, especializado en negocios corporativos. Después agrega: “Fink y Trump comparten un vínculo más profundo. Ambos eran habitantes de una subcultura financiera curiosa e inmensamente poderosa: Midtown Manhattan”.
BlackRock es hoy el mayor accionista institucional de Bayer. Posee más del 7 por ciento de las acciones. Y si bien Bayer es una compañía con base en Alemania, un tercio de sus accionistas viven en Estados Unidos. Y Estados Unidos es su principal mercado global, con más del 30 por ciento de sus ventas totales.
La empresa espera que la Corte resuelva el caso Durnell para mediados de 2026: “La EPA y los organismos reguladores de la Unión Europea siguen concluyendo, basándose en un amplio conjunto de datos científicos, que los herbicidas a base de glifosato –herramientas fundamentales de las que dependen los agricultores para producir alimentos asequibles y alimentar al mundo– pueden utilizarse de forma segura y no son cancerígenos (…) La claridad aquí es fundamental para apoyar la innovación y para que podamos servir a los agricultores y consumidores estadounidenses”.
Al mismo tiempo Trump ordena: “Garantizar una minería nacional robusta de fósforo elemental y la producción en Estados Unidos de herbicidas a base de glifosato es fundamental para la seguridad económica y nacional estadounidense. Sin una acción federal inmediata, Estados Unidos sigue estando inadecuadamente equipado y vulnerable”. Las acciones federales comenzaron. Aun en contra de los intereses de ciudadanos comunes. Tiempos de guerra. Para el gobierno y para las corporaciones.