En 2010, la Argentina sancionó una ley para proteger sus glaciares y ambientes periglaciares de actividades extractivas como la minería. El país tiene cerca de 17.000 glaciares, concentrados en la cordillera andina, que son la principal fuente de agua dulce para provincias como Mendoza, San Juan o Catamarca. A escala global, el cambio climático los está reduciendo a un ritmo acelerado.
Hoy esa ley está en discusión. El gobierno de Javier Milei impulsó una reforma que ya pasó el Senado. Según sus críticos, abre la puerta a proyectos mineros hoy prohibidos. Enrique Viale es abogado ambientalista, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y una de las voces más activas en la resistencia a esa reforma. Coautor junto a Maristella Svampa de Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo, lleva décadas litigando contra el avance del extractivismo.
–¿Por qué debería importarle este tema a alguien que vive en Buenos Aires, tan lejos de los glaciares?
–El 70 por ciento de la Argentina es árida o semiárida y depende de cada litro de agua para vivir, para producir alimentos, para que existan localidades, pueblos, ciudades como Mendoza, San Juan o Catamarca. Los ríos que nacen en la cordillera atraviesan todo el territorio argentino, incluso algunos terminan en el Atlántico. Hay cuencas en la propia provincia de Buenos Aires que se alimentan de ellos. Pero desde el AMBA cuesta entenderlo porque acá el agua prácticamente sobra. Vivimos en la Pampa Húmeda y creemos que eso es toda la Argentina. Hubo un clic en la sociedad que permitió comprender que los glaciares son las fábricas de agua de gran parte del país, y que su destrucción nos afecta a todos.
–¿Cuál es el corazón de la reforma que propone el oficialismo y cuál es la situación actual de los glaciares?
–Ya están en emergencia. Los estudios científicos muestran su retroceso en todas partes del mundo como consecuencia del cambio climático, y todas las políticas públicas internacionales apuntan a protegerlos más. Eso hace aún más irracional esta reforma. La ley actual protege todos los glaciares y ambientes periglaciares automáticamente. Para eso le encargó al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la confección de un inventario nacional, que existe desde 2018 y fue actualizado en 2024. Lo que propone el oficialismo es que ya no sea un organismo científico el que tenga la última palabra, sino que un funcionario provincial –sin especificar siquiera de qué nivel– pueda firmar una resolución y ordenar que un glaciar o ambiente periglaciar –zonas de suelo congelado que rodean a los glaciares– sea quitado del inventario. Y eso es obligatorio: el Ianigla tendrá que acatarlo, y ese glaciar perderá su protección y podrá ser destruido por la minería. Ese es el cambio, no hay otro. Todo lo demás es maquillaje. Esto está hecho a medida de cuatro o cinco emprendimientos mineros, es un pedido de los propios abogados de las grandes mineras. En vez de adaptar sus proyectos a la ley, tienen tanto poder que adaptan la ley a sus proyectos.
–En la audiencia pública te referiste a la senadora Flavia Royón como un caso paradigmático.
–Royón es el ejemplo más claro de una legisladora que no responde a los intereses públicos para los que fue votada, sino directamente a una empresa minera. Tenemos 72 senadores y una senadora por la minera, no por la provincia de Salta. Es indignante.
–¿Qué consecuencias concretas tendría la aprobación de esta reforma?
–Las consecuencias son nefastas, porque una vez destruido un glaciar, es para siempre. Y estamos sacrificando ese patrimonio por una actividad que no genera grandes puestos de trabajo en ningún país donde se desarrolla –ni en Chile ni en Perú– y que en la Argentina encima no genera divisas significativas, por la legislación menemista de los 90 que sigue intacta: regalías con tope del 3 por ciento, y ahora el RIGI encima, que profundiza el saqueo y le da prioridad al sector minero sobre otros usos del agua. Eso está desplazando economías regionales en Mendoza y San Juan. Desde Buenos Aires cuesta verlo porque abrimos la canilla y sale agua. Pero en San Juan o Mendoza el agua se reparte: cada litro tiene destino. Si va más para un lado, va menos para el otro. Hay productores históricos de tomate en San Juan que se tuvieron que ir porque no tienen agua. Eso está pasando ahora mismo y nadie lo pone en la ecuación.
–¿Qué está surgiendo en las audiencias públicas?
–Lo más impactante es la magnitud del rechazo. Hubo récord mundial de inscriptos: nunca hubo tanta gente anotada para hablar en una audiencia pública. Se oponen a la reforma los juristas más importantes del país –más de quinientos firmaron una carta–, científicos de prestigio internacional, universidades nacionales, la Iglesia, organizaciones de la sociedad civil. Del otro lado, a favor, solo las mineras. En las audiencias, los pocos que hablaron a favor eran empleados mineros o de empresas ligadas al sector. Ningún ciudadano común. Es tan desproporcionado que estamos ante un Congreso que responde al lobby y no a la ciudadanía.
–El gobierno dice que tiene los votos. ¿Lo creés?
–En el Senado hablamos de la “banelco minera”: no tenían los votos hasta que llegaron las presiones, los ATN, las negociaciones con gobernadores. Ahora están en ese proceso en Diputados, con Diego Santilli a la cabeza. Hay que seguir de cerca a provincias como Misiones, que ya cambió votos en el pasado. Todo puede pasar.
–¿Y si se aprueba?
–Vamos a ir a la Justicia, porque es manifiestamente inconstitucional. No solo por las irregularidades del proceso –la falta de participación real–, sino por el fondo: este proyecto viola el artículo 41 de la Constitución y rompe el principio de no regresión ambiental, que establece que una vez alcanzado cierto nivel de protección, no se puede retroceder. El daño excede incluso a los propios glaciares: sienta un precedente gravísimo para toda la legislación ambiental argentina. Esperamos poder pararlo antes.