Tranquilos, caminando por las calles, en las playas, en los comercios del barrio. En las iglesias y en los actos escolares, ahí estaban los represores disfrutando de la impunidad que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida les había otorgado. Tranquilos estaban hasta que Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS encontraron un resquicio, una pequeña grieta donde poner la cuña que demolería para siempre el sistema de impunidad para los que habían participado en el plan sistemático de exterminio de la última dictadura militar.
El punto de partida es el caso de una apropiación: el 28 de noviembre de 1978, José Poblete y su esposa Gertrudis Hlaczik fueron secuestrados junto a su hija Claudia Victoria, de ocho meses. Los tres fueron trasladados al centro clandestino El Olimpo, en el barrio de Floresta. De ahí, Claudia salió con otra identidad: inscripta como hija propia por Ceferino Landa, integrante de la estructura de inteligencia del Ejército, y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira. La beba tenía partida de nacimiento falsa, firmada por el médico militar Julio César Cáceres Monié. Desde su apropiación, los familiares de Claudia empezaron a buscarla. Su abuela, Buscarita Roa, se sumó a Abuelas de Plaza de Mayo y, gracias a esa búsqueda, el 7 de febrero de 2000 la Justicia le restituyó su verdadera identidad.
EL FIN DE LA IMPUNIDAD
Desde 1998, las Abuelas habían iniciado un proceso judicial contra los apropiadores de Claudia. Con el acuerdo de ellas, en el año 2000, el CELS fue por más y presentó una querella criminal contra los responsables de la desaparición forzada de José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik, entendiendo que la apropiación estaba ligada de manera estricta a los secuestros. En el pedido se afirmaba que “las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida no debían ser aplicadas al caso y que debían ser declaradas nulas por contradecir disposiciones constitucionales y normas internacionales de protección de los derechos humanos”.
El 6 de marzo de 2001, en un fallo de trascendencia histórica, el juez Gabriel Cavallo declaró que ambas leyes eran contrarias a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos vigentes al momento de su sanción y decretó, consecuentemente, su invalidez, inconstitucionalidad y nulidad.
En agosto de 2003, el Congreso hizo su parte y promulgó la ley 25.779, que anuló las leyes de impunidad. A su vez, la Corte Suprema de Justicia confirmó la invalidez de ambas leyes y declaró inconstitucionales los indultos a los militares firmados en la presidencia de Carlos Menem.
De esta manera no quedaban trabas para, a partir de 2005, avanzar en las investigaciones que abrirían nuevas causas en el fuero federal para echar luz y justicia sobre miles de casos de desapariciones, torturas, violaciones, asesinatos y otros delitos considerados imprescriptibles por haber sido cometidos dentro del plan sistemático de exterminio impulsado desde el Estado.
El caso Simón es el primero que tendrá condenados en esta nueva etapa del proceso de justicia. El 4 de agosto de 2006, el expolicía federal Julio Simón, conocido entre los represores como el “Turco Julián”, fue condenado a 25 años por los secuestros y las torturas a los padres de Claudia. El siguiente en recibir su condena fue el temido Miguel Etchecolatz, exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps. Esta sentencia es la primera que habla de “genocidio” para calificar los hechos de la última dictadura.
LOS JUICIOS MÁS ALLÁ DE LA JUSTICIA
No es mensurable. Si bien existen números y esos números son importantes para comprender la magnitud del plan criminal de la dictadura y, sobre todo, el alcance del proceso de justicia, lo más importante de los juicios es la escena misma. Ya en el Juicio a las Juntas y en los juicios por la verdad –procesos llevados adelante cuando aún las leyes de impunidad estaban vigentes– cientos de personas pasaban por los tribunales para contar lo que habían vivido, ellos y sus familiares. Así, el proceso judicial se convertía también en una instancia de memoria y verdad colectiva, de historización del horror y de la resistencia.
Desde 2001, hubo 322 sentencias en todo el país. Los procesos, que aún continúan, se investigaron a partir de los distintos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Cada juicio se convertía, así, en el eslabón de una cadena que iba desnudando la totalidad del horror.
La investigación por los hechos cometidos en la ESMA es una de las más voluminosas. En el tercer tramo, conocido como ESMA Unificada, concentraron 789 casos de hombres y mujeres que pasaron por el centro clandestino de la Armada. Los jueces condenaron, en noviembre de 2017, a 48 represores, 29 de ellos a prisión perpetua. Por primera vez se condenó allí a los pilotos encargados de los vuelos de la muerte. En los cinco años en los que se realizaron las audiencias, pasaron frente a los jueces 830 testigos.
Hasta el momento, 1.237 personas fueron condenadas por delitos de lesa humanidad en estos procesos judiciales que son ejemplo a nivel mundial, destacándose que los genocidas están siendo juzgados por tribunales civiles con todas las garantías. Otro punto clave es que no solo los militares han tenido que dar respuestas, también civiles que fueron parte de los grupos parapoliciales, algunos de ellos incluso antes del golpe de Estado.
Quizás el punto más débil del proceso es el que juzga a los empresarios que se beneficiaron del genocidio. No hace tanto, en el juicio por los crímenes cometidos en la empresa Acindar, la Justicia no halló culpables. Al momento en que escribo esta nota, trece debates están en curso y todavía falta mucho.