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La libertadora avanza

El 16 de septiembre de 1955, el general retirado Eduardo Lonardi inició un levantamiento militar con centro en Córdoba, apoyado por sectores civiles, con el objetivo de derrocar al gobierno de Juan Domingo Perón. En los días siguientes, el país se sumergió en una situación de virtual guerra civil, con diversos focos insurreccionales a lo largo y ancho del territorio. ¿Cómo se llegó a esta situación?

En 1955, el peronismo transitaba su segundo mandato, luego de la reelección obtenida en 1951. La crisis económica de los años previos iba quedando atrás, a la vez que el justicialismo había obtenido un nuevo apoyo en las urnas en 1954. No obstante, el gobierno lidiaba con varios frentes de tensiones. En las Fuerzas Armadas existían complots para derrocar a Perón, con un primer intento de golpe encabezado por el general Benjamín Menéndez en 1951. Tampoco los partidos antiperonistas reconocían la legitimidad del peronismo, al que caracterizaban como un “nazifascismo”. Por ejemplo, en abril de 1953, un comando civil colocó bombas en la Plaza de Mayo durante un discurso del presidente, asesinando a seis personas e hiriendo a más de cien. El gobierno respondió con medidas autoritarias, como limitar la libertad de prensa y la actividad de la oposición, además de reforzar la implantación de su doctrina en distintos ámbitos sociales.

En este contexto, el proceso decisivo fue el conflicto entre el peronismo y la Iglesia católica. En un discurso de noviembre de 1954, Perón denunció la infiltración de la oposición en el clero católico con la finalidad de alterar el orden público. A partir de entonces, la situación fue escalando: mientras el gobierno sancionó una serie de leyes anticlericales (como limitar la enseñanza religiosa y legalizar el divorcio, e incluso anunció una futura reforma constitucional para separar Iglesia y Estado), grupos católicos respondieron con una intensa movilización dentro de sus filas, logrando aglutinar a los distintos sectores del antiperonismo.

LA CRUZ INVERTIDA

En junio de 1955, el tiempo histórico se aceleró. El día 11, la procesión de Corpus Christi en el centro porteño se convirtió en una masiva manifestación política opositora. Entre los incidentes de la jornada, apareció una bandera argentina quemada, hecho que el gobierno atribuyó a los manifestantes. Entre los actos de desagravio, se anunció un desfile aéreo sobre la Plaza de Mayo el 16 de junio. Lo que ocurrió ese día fue muy diferente. Elementos opositores dentro de la Marina llevaron adelante un plan que consistía en bombardear la Casa Rosada y asesinar a Perón; sin embargo, horas antes, el primer mandatario se refugió en el Ministerio de Guerra. El ataque siguió adelante: distintos puntos de Buenos Aires, con epicentro en la Plaza de Mayo, fueron bombardeados y ametrallados por aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea. El resultado fueron 309 personas asesinadas, decenas de cadáveres irreconocibles y casi un millar de heridos. Sería el peor atentado terrorista en la historia argentina.

Esa noche, grupos vinculados al justicialismo respondieron quemando templos católicos en el centro de la ciudad. A pesar de que ninguna persona perdió la vida en los incendios, se equipararon las distintas modalidades de violencia, por lo que, paulatinamente, se fue matizando y borrando la memoria sobre un hecho inédito: militares bombardearon y asesinaron a su propia población civil a plena luz del día, sin ningún tipo de conflicto bélico de por medio.

En las semanas siguientes, Perón impulsó una pacificación, que se plasmó en distintas medidas, como modificar los nombres más cuestionados de su gabinete, el cese de la legislación anticlerical y permitir que políticos opositores emitieran discursos radiales. El resultado no fue el esperado, ya que el antiperonismo siguió exigiendo la dimisión del presidente. Ante este escenario, el líder justicialista ensayó una jugada política. El 30 de agosto ofreció su renuncia, lo que generó una movilización de apoyo en la Plaza de Mayo al día siguiente. Al dirigirse a la multitud, y tras aclarar su continuidad en el gobierno, Perón emitió una “última advertencia” a la oposición para que aceptara su propuesta de conciliación. Afirmaba que, en caso de declinarla y seguir optando por la violencia, respondería duramente, lanzando una consigna que pasaría a la historia: “Cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”.

La amenaza aceleró los planes golpistas, tejidos entre altos mandos rebeldes dentro del Ejército y la Marina, institución en la que el contraalmirante Isaac Rojas encabezaría el accionar de sus sublevados. Ante la declinación del general Pedro Aramburu de liderar la insurrección, Lonardi decidió hacerse cargo del levantamiento. Una vez iniciado, existieron diversos enfrentamientos y combates, que dejaron un saldo de más de 150 muertos. El 19 de septiembre, luego de que la Armada bombardeara el puerto de Mar del Plata y anunciara un futuro ataque en la destilería de YPF en La Plata, Perón ofreció su “renunciamiento” para llegar a una tregua.

A pesar de que la carta no se encontraba dirigida al Congreso, como marca la Constitución, una junta de generales interpretó que el presidente había abandonado su cargo y entabló conversaciones con los rebeldes. Perón decidió buscar refugio en la embajada paraguaya, iniciando un largo exilio que marcaría los siguientes diecisiete años de su vida. El 23 de septiembre, luego de jurar como presidente provisional, Lonardi fue aclamado por una multitud en la Plaza de Mayo. El antiperonismo se encarnaba en la autoproclamada “Revolución Libertadora”, una dictadura militar con amplios apoyos civiles que, en nombre de la democracia y la libertad, tuvo como principal misión eliminar al peronismo como identidad política del país. No lo logró.

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