Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos (…) Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos.” El 1° de octubre de 2023, durante el primer debate presidencial, Javier Milei anticipó con claridad lo que sucedería si ganaba las elecciones. Frente a las cámaras y a cientos de miles de personas que lo miraban por tevé, escupió sus ideas sin vueltas: no fueron 30 mil, fue una guerra, hubo excesos. Ningún candidato, en los últimos cuarenta años, se había atrevido a tanto. Pero lo votaron. Y apenas pisó la Casa Rosada, aquel preludio discursivo se puso en acción. Así fue que, al mismo tiempo en que toda la plana mayor del gobierno se decidía a refundar la memoria oficial de la dictadura, se puso en práctica un desmantelamiento –tan rápido como profundo– de las políticas de memoria, verdad y justicia construidas en cuatro décadas.
Basado en posiciones revisionistas, negacionistas y hasta reivindicatorias de los crímenes de lesa humanidad, e invocando al mercado y al déficit cero, el gobierno de La Libertad Avanza empuñó una motosierra ideológica que incluyó desfinanciamiento, cierre de programas y despidos de trabajadores. Hoy, en la Subsecretaría de Derechos Humanos –era secretaría hasta que en mayo pasado el gobierno la degradó– de las dos mil personas que trabajaban solo quedan 450.
Uno de los blancos de ataque fueron las políticas que aportan a la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura. Aquellas a quienes se les robó su identidad y aún no saben quiénes son. Hombres y mujeres que, siendo bebés, fueron arrancados de sus mamás y sus papás. Como Claudia, hija de Marta Gertrudis Hlaczik y José Liborio Poblete Roa, ambos desaparecidos, quien hace 25 años pudo conocer la verdad. “Las medidas buscan la impunidad de los perpetradores de los crímenes, pero también dar la batalla cultural para imponer una mirada de lo que ocurrió en la dictadura, atacando los consensos que hicieron fuerte esta democracia los últimos cuarenta años”, explica Claudia, una de las nietas que forma parte de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo y está tomando la posta para continuar la búsqueda de los trescientos que faltan.
Concretamente, lo primero que sucedió fue que los ministerios de Defensa y de Seguridad se negaron a responder pedidos de información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Es decir, les impidieron acceder a archivos y legajos que podrían ayudar en las investigaciones que hace el organismo para encontrar a hijos e hijas de personas desaparecidas. Poco después, el gobierno directamente decretó el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Conadi. “Esta disolución implica que los casi 6 mil casos que están pendientes de investigar tengan que pasar al Poder Judicial, lo que causaría enormes demoras. Los propios jueces dicen que el trabajo de la UEI agiliza los procesos”, explica Claudia. Lo último fue el intento de modificar la estructura del Banco Nacional de Datos Genéticos, quitándole su autonomía administrativa. La reforma no avanzó porque ambas cámaras del Congreso rechazaron el decreto.
DEL PASADO AL FUTURO
Como parte de su plan de cancelación de la memoria, el gobierno libertario también desfinanció los sitios de memoria y despidió a gran parte de sus trabajadores. Esta medida frenó tareas de conservación, obras de infraestructura y excavaciones arqueológicas en distintos lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio, y que son, a la vez, prueba judicial.
Verónica Castelli era una de esas trabajadoras hasta que la echaron el 31 de diciembre pasado. Había entrado a trabajar a la Secretaría de Derechos Humanos en 2003. Vero integra la agrupación H.I.J.O.S. desde los 90 y allí, junto con otros compañeros que, como ella, buscaban a sus hermanos nacidos en cautiverio, fundó la Comisión Hermanos. Su papá, Roberto Castelli, y su mamá, María Teresa Trotta, fueron secuestrados en febrero de 1977. “Tere” estaba embarazada de seis meses y dio a luz en el Hospital Militar de Campo de Mayo. La hermana de Vero recuperó su identidad en 2008, más de treinta años después.
Uno de los centros clandestinos donde fueron vistos Roberto y Teresa es El Vesubio, que funcionó en Camino de Cintura y Ricchieri, La Matanza, hasta que fue derribado a principios de 1979 ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los imputados en la causa Vesubio fue Ernesto Villarruel, tío de la actual vicepresidenta, pero no llegó a ser juzgado por problemas de salud.
El Vesubio no cuenta con espacio de memoria. Mientras trabajaba en un proyecto edilicio que permitiera comenzar con las excavaciones, Verónica y otra compañera realizaban visitas con alumnos de secundarios y terciarios de La Matanza. Ambas fueron despedidas. “Los espacios de memoria son espacios educativos donde les pibis pueden conocer la historia del pasado reciente de su país: qué fue lo que ocurrió allí, pero, sobre todo, por qué ocurrió y cómo eso incide en el presente y en el futuro. Además, en estos espacios se realizan actividades para pensar y promover las condiciones necesarias para la plena vigencia de los derechos humanos hoy, más si tenemos en cuenta que los blancos de la persecución represiva suelen ser les jóvenes”, subraya Vero y hace especial énfasis en la importancia de que chicos y chicas conozcan la historia y sus consecuencias: “Si no, lo que pasa es que les vienen a hacer estas propuestas como si se tratara de algo nuevo que nunca se hizo y en realidad es lo que hundió el país. Los jóvenes necesitan respuestas que les permitan pensar cómo tener un futuro mejor. Y un plan económico que tiene los mismos ejes del que necesitó secuestrar y desaparecer a 30 mil personas para poder implementarse no les va a garantizar un futuro mejor”.
Esa íntima relación entre el desprecio por el proceso de memoria, verdad y justicia de quienes conforman este gobierno y el plan de país que ejecutan desde que asumieron es uno de los ejes que viene trabajando el Centro de Estudios Legales y Sociales. En los informes que elaboró a los seis meses y al año de gestión libertaria, esa amalgama queda en evidencia: “Como en toda controversia intensa sobre el pasado, lo que está en discusión son las cuestiones candentes del presente: la disidencia, la organización, la diferencia, la violencia estatal (…) Lo que está en juego no es solo el modo en el que relataremos y recordaremos lo que ocurrió en la última dictadura, sino lo que como sociedad consideraremos como aceptable y no aceptable en el futuro”, concluye el capítulo sobre memoria de “Milei. Un año”.
Y entre lo aceptable o no, está, por ejemplo, la represión a jubilados o las detenciones al voleo en marchas de protesta. La directora de investigación del Cels, Marcela Perelman, señala: “El gobierno busca desincentivar la participación de la sociedad en la discusión de los asuntos públicos: organizarse, manifestarse en las calles, expresar opiniones o críticas. Y no solo rechaza las políticas de memoria, verdad y justicia; se opone a la idea de los derechos humanos en general”.