La caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, fue el comienzo de la hegemonía neoliberal y la entrada en crisis de las teorías socialistas. Un año después, el gobierno de Carlos Menem hacía gala de su alineación al poder económico, el Consenso de Washington y la política exterior de los Estados Unidos, entonces gobernado por George Bush padre. En septiembre de 1990, en días en que María Soledad Morales era asesinada en Catamarca, la interventora de Entel, María Julia Alsogaray, negociaba la entrega de la telefónica estatal a capitales europeos. En ese camino, producía el vaciamiento de la compañía, con despidos masivos. Los telefónicos se declaraban en huelga, mientras la ingeniera hija del histórico dirigente de la Ucedé, Álvaro Alsogaray, autorizaba el aumento de más de 40 por ciento sobre las tarifas, para allanar el camino a la rentabilidad de los futuros dueños y generando un descontento en los usuarios, que se sumaban a las manifestaciones sindicales que venían en alza por la avanzada privatizadora y la tendencia antiobrera. Entonces el salario mínimo rondaba los 125 dólares, según estimaciones del Ministerio de Economía, y el IVA sufriría una de las primeras grandes subas hacia algo más del 15 por ciento.
Por esos días, el ministro estrella de la gestión no era todavía Domingo Cavallo, ya que el plan de convertibilidad llegaría al año siguiente, cuando se produjera su traspaso desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a Economía. El rol protagónico lo tenía el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, artífice de las privatizaciones de sectores “estratégicos del quehacer nacional”, en sus palabras: se trataba de enajenar del Estado a las televisoras y radios, la telefónica, Aerolíneas Argentinas e implementar las concesiones viales, entre otros, en la búsqueda de lograr un “Estado eficiente” y reducir el déficit fiscal. Dromi fue autor de algunas frases célebres que aún resuenan. Una de ellas afirmaba que el país estaba “de rodillas” ante los acreedores extranjeros. La otra fue la ambigua pero no por ello menos nefasta premisa primera del “decálogo menemista” que decía que “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. La ley de Reforma del Estado, que habilitaba esas privatizaciones, la había redactado junto a su subsecretario Rodolfo Barra, que ese mismo año pasaría a formar parte de la ampliada Suprema Corte de Justicia de la mentada “mayoría automática”.
Luego de asumir en forma anticipada en julio de 1989 por el estallido inflacionario, Menem buscaba un equilibrio económico-político aún con los coletazos de la hiperinflación y alineándose con el poder hegemónico. Además del pacto con la Ucedé y la Bunge y Born, buscaba congraciarse con los Estados Unidos: ese mismo septiembre envió tropas al Golfo Pérsico, respondiendo a un pedido de Kuwait, que había sido invadida por Irak desatando la incursión estadounidense. En medio de esos envíos, elogiados nada menos que por la primera ministra británica, Margaret Thatcher, Bush lo recibió en Nueva York y prometió gestionar un trato amigable frente a las abultadas acreencias del país ante el Fondo Monetario Internacional. El contingente había sido enviado en “misión de paz” para eludir al Congreso, donde el presidente empezaba a encontrar resistencias. Por su “traición” a las promesas de campaña de convocar a la “patria morena”, la integración latinoamericana y el salariazo y la revolución productiva, un grupo de diputados justicialistas encabezados por el dirigente sindical estatal Germán Abdala, habían abandonado el partido de gobierno declarándose en pública oposición a la línea del gobierno, debido a que “la base de sustentación que tiene es la Sociedad Rural, los grupos económicos más poderosos, la banca (…) son los tipos que nos han pisoteado y nos han robado siempre”, denunciaba Abdala. La prensa los llamó “el Grupo de los Ocho” y lo integraban entre otros Darío Alessandro, Juan Pablo Cafiero y Carlos “Chacho” Álvarez.
Meses antes, el presidente había firmado los primeros indultos, que beneficiaban tanto a militares procesados por las rebeliones carapintadas como a miembros de organizaciones armadas con participación activa durante los 70. Era la antesala de una nueva lista que, en diciembre siguiente, incluiría a los comandantes juzgados en 1985, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Entremedio, las disputas públicas entre el presidente y el coronel Mohamed Alí Seineldín acabarían en la asonada carapintada de diciembre de 1990.
LA OSTENTACIÓN
A mediados de ese año, María Julia había aparecido posando en la tapa de la revista Noticias con un tapado de piel que cubría una desnudez insinuada –aunque no real–, que se convertía en el prólogo de uno de los signos de la época, el de la frivolidad del poder, la ostentación y la fiesta del privilegio. La selección nacional de fútbol, con Diego Maradona y Claudio Paul Caniggia, regresaba del Mundial de Italia con un título de subcampeón que tenía un cierto sabor a triunfo. Así lo festejaron desde el balcón de la Casa Rosada, otorgando a Menem un privilegio que ningún otro presidente pudo gozar.
El gobernador de Catamarca, Ramón Saadi –hijo del histórico Vicente Leónidas, quien murió ejerciendo el gobierno de la provincia– había sido antiguo aliado del gobernador Menem, quien apoyó en la campaña de 1989. Tras la muerte de su padre ganó las elecciones anticipadas de 1988 convocadas por el vicegobernador Oscar Garbe. La trama de relaciones en torno a los involucrados en el crimen de María Soledad representaría el final de su corto segundo gobierno (no consecutivo), presionado por las marchas de la hermana Martha Pelloni, que reunían cada vez más pobladores en reclamo de justicia desde el primer día, aunque tuvieron que pasar siete manifestaciones masivas para que Clarín lo mencionara en tapa, recién el 2 de noviembre de 1990.
Finalmente fue el propio Menem quien resolvió intervenir los tres poderes de la provincia y poner fin al gobierno de Saadi. Tiempo antes había tomado una decisión más controversial que tuvo corta duración. A comienzos de 1991 envió a Catamarca al subcomisario de la Policía Bonaerense y conocido represor Luis Abelardo Patti a hacerse cargo para que liderara la investigación. Patti venía de eludir circunstancialmente la prisión por crímenes de lesa humanidad, pero fiel a su naturaleza insistía con torturar a los acusados y a los testigos –según relata Adriana Carrasco en la revista Haroldo– y sostener la hipótesis investigativa en la línea del “crimen pasional”. Con los resultados inapelables de la tercera autopsia el juez a cargo del caso, José Luis Ventimiglia, desplazaría a Patti del caso.