Javier Milei se presentó como un defensor a ultranza del liberalismo económico cuando sostenía que la libertad de mercado era fundamental para el desarrollo y crecimiento de la economía. Asimismo explicó que la inflación se originaba exclusivamente como consecuencia del desequilibrio fiscal y la excesiva emisión monetaria. Consideraba que la emisión monetaria era una forma de financiar el déficit fiscal y que esto generaba inflación; sostenía que al eliminar el déficit fiscal mediante la reducción del gasto público se podía controlar la inflación.
En modo consistente con esas creencias, Milei diagnosticó que la intervención estatal era una de las principales causas de los problemas económicos en la Argentina; por ello sostuvo que la solución de nuestros problemas pasaba por la reducción del tamaño y la intervención del Estado en la economía, acompañada por el ejercicio absoluto de la libertad de mercado y la libertad para que los individuos tomaran decisiones económicas sin excesivas regulaciones.
Sobre la base de esas creencias, con el objeto de controlar la inflación y promover el crecimiento económico, viene llevando adelante un conjunto de reformas estructurales para reducir el tamaño del Estado y aumentar la libertad económica.
Para atraer inversión extranjera y estimular el crecimiento económico, esas reformas se basan en la desregulación de la economía y la apertura comercial irrestricta, así como en privatizaciones de las empresas estatales, con el supuesto objetivo de aumentar su eficiencia y reducir la carga fiscal.
Hasta aquí el discurso anarcolibertario que se viene ejecutando motosierra en mano.
La realidad, única verdad
A casi un año y medio de haber asumido la presidencia, Milei exhibe, como único éxito de su gestión, una reducción de la inflación desde el 12,8 por ciento mensual en noviembre de 2023 hasta el 2,8 por ciento en abril de 2025.
Sin desmerecer la importancia de esa reducción, los números esconden la realidad de que en el último año del gobierno de Alberto Fernández, entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, la inflación acumuló un 160,9 por ciento, equivalente a un promedio acumulativo del 4,04 por ciento mensual, mientras que los 17 meses de gobierno de LLA que median entre diciembre de 2023 y abril de 2025, la inflación acumuló un aumento del 204,82 por ciento, un promedio acumulativo del 4,31 mensual.
También es parte de la realidad el costo económico y social que viene significando la reducción inflacionaria lograda por Milei. Algunos pocos indicadores lo demuestran:
Caída del nivel de actividad económica. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, el nivel general de la economía, sobre la base 2004=100, cayó un 2,82 por ciento desde el 145,5 en noviembre 2023 hasta el 141,4 en febrero 2025. A a su vez, la caída de la actividad de la industria manufacturera entre los mismos meses fue del 18,6 por ciento desde el 132,5 hasta el 107,9, mientras que para la construcción, la caída fue del 14 por ciento desde 150,2 hasta 129,2;
Cierre de empresas registradas. Sobre la base de los datos de la Secretaría de Relaciones del Trabajo, en noviembre de 2023 existían 512.357 empresas registradas, cantidad que cayó en febrero 2025 a 499.246, con lo cual en ese período cerraron 13.111 empresas;
Pérdida de puestos de trabajo. Según el informe del CEPA elaborado sobre datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, la pérdida de puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado entre noviembre 2023 y enero 2025 generada por el cierre de empresas alcanzó a 97.200 empleos, a los que se suma la pérdida de 101.600 empleos en el sector público y de 20.400 puestos de trabajo en el empleo doméstico, con un total de 219.200 empleos asalariados registrados. A esta cantidad hay que agregar la pérdida de 377.200 monotributistas sociales no asalariados, cantidad que se compensa parcialmente con el incremento de 51.900 monotributistas y de 74.800 trabajadores autónomos, con lo cual la pérdida de puestos de trabajo no asalariado resulta de 250.500 y la pérdida total de puestos de trabajo asciende a los 469 mil empleos;
Disminución de la capacidad de compra. El aumento del salario mínimo, vital y móvil desde 146 mil pesos en noviembre 2023 hasta 302.600 en abril 2025, frente a un incremento en igual período de la canasta básica alimentaria, indicativa del límite de la indigencia, desde 59.887 pesos hasta 162.554 redujo la capacidad de compra de la canasta alimentaria en ese período desde 2,43 canastas hasta 1,86 canastas. El noviembre 2023 el SMVyM permitía la compra de 1,15 canastas básicas totales, indicadora del límite de la pobreza, capacidad que se redujo a 0,84 canastas en abril 2025.
La intervención avanza
Hasta aquí y a la luz del triunfo electoral de LLA logrado el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, el proyecto de Milei parecería ir cumpliéndose conforme a sus previsiones pese al enorme ajuste económico y social generado por sus medidas. Sin embargo, hay tres hechos que relativizan esa afirmación.
El primero es que, contrariamente a su anunciada intención de atraer inversión extranjera, a lo largo de 2024 al menos ocho multinacionales dejaron de operar en la Argentina, entre ellas HSBC, Xerox, Clorox, Prudential, Nutrien, ENAP, Fresenius Medical Care y Procter & Gamble. Otras multinacionales, entre ellas Mercedes Benz y Shell, anunciaron la venta de sus unidades productivas a empresas nacionales, reteniendo en la Argentina solo sus actividades comerciales y reduciendo por esta vía el riesgo que implica la producción en nuestro país.
El segundo hecho, mucho más grave, es que para mantener una aparente viabilidad de su programa, Milei se ve forzado a implementar medidas que significan un cambio de 180 grados en la totalidad de sus principios económicos, sembrando dudas importantes a los poderes fácticos que dan sustento y respaldan a su gobierno.
Para el nuevo Milei, el mercado ya no tiene capacidad para estabilizar ni para hacer crecer la economía, incluso a pesar de haber eliminado el déficit fiscal, causa antes señalada como origen de todos los males.
A partir de la implementación de una banda para la cotización del dólar entre 1.000 y 1.400 pesos, impuesta por el FMI como requisito al préstamo de 20.000 millones de dólares y ante las señales de grandes empresas de ajustar precios al límite superior de la banda, lo que significaría un salto inflacionario del orden del 27 por ciento, el gobierno viene reprimiendo esa posibilidad con presiones a las grandes empresas al mejor estilo del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno.
Para mantener la cotización del dólar sin grandes aumentos que impacten sobre la inflación, el gobierno también interviene refrenando la repatriación de beneficios por parte de las multinacionales e interviene en la libre negociación salarial entre trabajadores y empresas poniendo un límite del 1 por ciento mensual al aumento de los salarios frente a una inflación que supera ampliamente ese límite.
Ante la recurrente falta de divisas, que se hace evidente a pesar del ingreso de los anticipos al préstamo del FMI, el gobierno viene anunciando que permitirá el uso de dólares sin necesidad de justificar la legalidad de su origen, contraviniendo las normas más elementales del GAFI y evitando la reducción del riesgo país hasta niveles compatibles con el financiamiento internacional. Los temores que genera esta medida fueron expuestos por asistentes a la reciente cumbre de la Amcham, que plantearon dudas por los riesgos que puede tener el blanqueo de fondos provenientes de actividades ilícitas como la droga, el terrorismo u otros actos criminales. También señalaron que sería inequitativa al favorecer a quienes no cumplieron con las normas.
La tercera cuestión que desafía la viabilidad a largo plazo del proyecto de Milei es su inconsistencia con otras prioridades y exigencias de quienes soportan el modelo, tanto por parte del propio FMI, como por parte de los poderes fácticos que constituyen la columna vertebral que lo sostiene.
Una de esas incompatibilidades es la necesidad de acumular divisas para permitir el repago de la deuda externa. Esa acumulación requiere de un aumento sustantivo de las exportaciones, incremento imposible sin una mayor participación de las exportaciones industriales, hoy severamente afectadas por un tipo de cambio artificialmente subvaluado.
En igual sentido, la paralización de la obra pública no solo impide desarrollar una infraestructura acorde con la necesidad de mejorar las exportaciones, sino que además está generando un gran deterioro de la infraestructura existente.
Otra cuestión que atenta seriamente contra la estabilidad del modelo es que está fundamentado en la represión de los ingresos de trabajadores y jubilados, lo que no es compatible con una mejora del consumo ni con el desarrollo de la actividad productiva, y mucho menos con el mantenimiento de la paz social y de la estabilidad institucional que exigen los capitales internacionales para invertir en el país en actividades que exigen largos períodos de repago, como la industria, la minería y la energía.
Finalmente, la represión policial a las manifestaciones semanales que vienen realizando los jubilados frente al Congreso y a otros disconformes, sumado a los frecuentes discursos de odio que propaga Milei con los que ataca a mujeres, científicos, periodistas, minorías de género, activistas de los derechos humanos y otros colectivos, generan un clima de violencia que en nada ayuda a construir el clima de paz social que necesitamos para avanzar hacia un mejor futuro para nuestros hijos y para la Argentina toda.