Socióloga especializada en temas económicos, investigadora principal del Conicet e integrante del espacio Agenda Argentina, Ana Castellani desmenuza claves e impacto de las principales líneas de acción del primer ciclo democrático después de la dictadura, y precisa sus impericias y limitaciones.
–¿El nombramiento de Bernardo Grinspun, que no era economista, como ministro de Economía, implicó una subestimación de la gravedad de los problemas en ese terreno, en especial, de la injerencia de la deuda externa?
–Bernardo Grinspun era un hombre del partido, y Alfonsín privilegió esa condición por sobre el perfil técnico. Creo que en un primer momento no hubo conciencia de las transformaciones ocurridas durante la última dictadura, que eran cualitativamente muy distintas a las condiciones de funcionamiento de la economía en el período de la industrialización sustitutiva.
–En cualquier caso, ¿cómo podemos evaluar su gestión al frente de la cartera?
–La gestión de Grinspun fue voluntarista en cuanto al tratamiento de la deuda con los acreedores externos y demasiado tradicional en el uso de herramientas para expandir la economía y mejorar el ingreso, que ya no funcionaban en un contexto de crisis externa y fiscal de alta financiarización, como el de principios de los años 80.
–El enroque entre Grinspun y Juan Vital Sourrouille, que ocupó su cargo, fue mucho más que un cambio de figuritas para oxigenar el gabinete. ¿Cuál fue el giro en el rumbo económico y cómo se implementó?
–Sin duda el cambio de ministro y de rumbo de la política económica a partir de la llegada de Sourrouille es un punto de inflexión no solo en el gobierno sino en el sentido común sobre la economía. Se instala la noción de que hay que estabilizar primero para poder crecer y distribuir después. Y también la idea de que la gestión económica debía estar en manos de técnicos expertos y muy formados más que en cuadros partidarios. El ministro Sourrouille y su equipo pusieron en marcha un plan económico de estabilización de corte heterodoxo, el Plan Austral, que pretendía frenar súbitamente la inflación y controlar el déficit fiscal cambiando el signo monetario del peso al austral, desindexando los contratos, congelando precios y salarios y reduciendo el gasto público.
–¿Qué medidas complementarias se adoptaron en ese sentido?
–También buscaba fomentar las exportaciones no tradicionales a través de una serie de beneficios para los exportadores, que permitiera mejorar la acumulación de reservas para hacer frente a los compromisos externos. Si bien el plan tuvo éxito en el primer año, pronto la puja distributiva volvió a acelerar la inflación, las inundaciones pusieron en jaque las cosechas y además se produjo una caída en el precio internacional de nuestros bienes exportables, y prontamente el plan encontró sus límites.
–¿Por qué fracasaron sistemáticamente todas las políticas antiinflacionarias puestas en marcha?
–Más allá de los factores externos y de algunos errores en las medidas, creo que el fracaso de las políticas antiinflacionarias, en ese período, obedeció a una dinámica de concertación fallida entre los actores representativos del capital y el trabajo y el gobierno. El gobierno osciló entre una lógica de confrontación y otra de concertación a lo largo de todo el período: 1984 de confrontación; 1985-1987, concertación conducida por el gobierno (alianza con capitanes de la industria), 1988-1989, enfrentamiento con algunas corporaciones del capital (Sociedad Rural) y acercamiento con el sindicalismo dialoguista (Carlos Alderete, de Luz y Fuerza, ministro de Trabajo).
TOMA Y DACA
“La Concertación Económica y Social (CES) fue una instancia de diálogo y negociación convocada por el gobierno en agosto de 1985 que no logró resultados por enfrentamientos cruzados en dos direcciones –amplía Castellani–. Desde el intento de sancionar la llamada Ley Mucci, en 1984, el gobierno estaba enfrentado con la Confederación General del Trabajo que pedía el manejo de las obras sociales que le habían quitado los militares y la realización de paritarias libres.”
Con intereses divergentes, “las corporaciones agropecuarias estaban en guardia ante la posibilidad de que se subieran las retenciones y se sancionara el proyecto de ley de tierra ociosa. También pedían una corrección del tipo de cambio para facilitar las exportaciones. La industria se quejaba de las altas tasas de interés, la caída del nivel de actividad y el aumento de la carga impositiva. Todos los sectores del capital bregaban por una reforma del Estado y una fuerte reducción del déficit fiscal”, precisa.
–Si bien los años 80 fueron catalogados como la “década pérdida”, hubo por entonces claros ganadores.
–A la década del 80 se la denomina “década perdida” porque la evolución punta a punta no muestra un crecimiento económico en toda la región latinoamericana. El peso de la deuda externa fue gravitante para explicar este derrotero. Sin embargo, en nuestro país hubo claros ganadores: los grupos económicos locales que se expresaban políticamente a través de la agrupación informal “capitanes de la industria” obtuvieron cuantiosos beneficios derivados de la promoción industrial (exenciones impositivas, subsidios, precios preferenciales, etcétera) y además obtuvieron ganancias financieras a través de la compra de bonos del Tesoro que otorgaban altas tasas de interés. Mientras por un lado se beneficiaban del gasto público derivado de la promoción industrial, por el otro se beneficiaban por la deuda que tomaba el Estado para cubrir esa erogación.
–Finalmente, el cierre apresurado del primer ciclo democrático se asocia indefectiblemente con la hiperinflación. ¿Cuánto hubo de impericia en el gobierno para manejar la crisis y qué tanto influyeron las fuerzas del mercado para imponerle condiciones al gobierno entrante?
–El proceso hiperinflacionario, que comienza a gestarse a fines de 1988 y se intensifica a partir de febrero de 1989, marca un punto significativo en la historia de un Estado enfrentado a múltiples demandas. Desde una perspectiva sociológica, la crisis de 1989 refleja una competencia entre diferentes fracciones del capital, incluyendo grupos económicos locales, grandes exportadores y el sector bancario/financiero.
–Ese clima se trasladó al gobierno entrante, que adoptó un programa anti Estado.
–Como consecuencia de la crisis hiperinflacionaria y su profundo impacto en diversos sectores sociales, se facilitó la adopción de ideas neoliberales que criticaban la “ineficiencia gubernamental” para resolver los principales problemas económicos. En ese contexto conflictivo, diversos actores sociales fueron aceptando propuestas de las distintas fracciones de la burguesía basadas en los principios del Consenso de Washington. La interpretación dominante de dicha crisis permitió la implementación consensuada de las principales reformas de mercado durante la presidencia de Menem.