No era la de defensa de la Patria ante el ataque de enemigos externos la misión de los bombarderos que despegaron de los aeropuertos de Ezeiza y Morón en la mañana del 16 de junio de 1955. Quienes piloteaban los aviones iban determinados a cometer un magnicidio. Aunque fracasaron en su propósito fueron precursores del posterior terrorismo de Estado.
Primero se oyó el ronquido de las aeronaves. De inmediato, vecinos de los barrios porteños de Villa Luro, Flores y Caballito al oeste, de Parque Chacabuco y Boedo, más al sur, levantaron la vista con inocultable alarma. El recelo cundió al divisar las escuadrillas de aviones caza de última generación Gloster Meteor y los Avro Lincoln de fabricación británica, en vuelo muy bajo, casi rasante, con dirección al centro de la ciudad.
El operativo había sido planeado por la Marina inspirado, a instancias del capitán de fragata y aviador naval Jorge Alfredo Bassi, en el ataque japonés a Pearl Harbor, Hawai, base de la flota US Navy del Pacífico.
Feroz incursión del Imperio del Sol Naciente a comienzos de diciembre de 1941, cuando el Eje fascista aspiraba a dominar el mundo.
Por aquel entonces en la Argentina nada alteraba la calma de la oligarquía vernácula, sostén de fraudes electorales y beneficiaria de una sólida alianza con la corona británica. Pero todo iba a cambiar pronto.
Primero con el golpe de 1943, que dejó atrás la Década Infame. Y más marcadamente cuando el 17 de octubre de 1945 un masivo respaldo popular rescató de la prisión al líder que iba a legitimar su conducción en los comicios de febrero de 1946.
Las políticas económicas, y principalmente sociales, dispuestas en el país desde 1944 desplazarían a sectores privilegiados y darían pie al ingreso de nuevos actores sociales: la clase trabajadora, los “cabecitas negras” y descamisados, las mujeres con derecho a participar en elecciones.
La nueva brújula apuntaba a la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, en medio de un amplio cambio cultural. Proceso que incluyó además rasgos autoritarios y mengua de libertades civiles, que sustentaron una fuerte resistencia en amplias capas medias de la sociedad.
Los sectores conservadores y partidos tradicionales entendieron que había que revertir esas transformaciones, especialmente las más progresistas, para lo cual aprovecharon el rechazo de parte de la población a los métodos gubernamentales más controvertidos.
A ese fin se encaminaban los pilotos militares decididos a matar a quien se interpusiera en su camino homicida.
El arma principal
El ataque aéreo a mediados de 1955 debía completarse con el asalto a la Casa Rosada por parte de los “comandos civiles”, encargados además de tomar las principales radios y edificios públicos.
A ellos se sumarían unos trescientos infantes de Marina munidos de fusiles semiautomáticos FN, de procedencia belga, que la Armada había hecho ingresar de contrabando.
Con todo, el arma principal que insuflaba entusiasmo a los atacantes de cielo y tierra no se hallaba entre el voluminoso arsenal de explosivos cargado en las aeronaves. El dispositivo letal era el odio acumulado durante años, concentrado en el blanco humano a eliminar, pero extendido al pueblo llano que lo sostenía como su conductor desde hacía casi un decenio.
De allí que perecieran en el criminal operativo centenares de civiles y fueran malheridos más de un millar (meros transeúntes, niños y niñas en autobuses escolares, oficinistas y trabajadores callejeros), alcanzados por las explosiones y bajo el fuego de metrallas.
Fue un crimen de lesa humanidad, ratificó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2022, cuando se presentó el juzgado federal 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para pedir que se realizara un juicio por la verdad. La demanda, aún irresuelta, buscaba que se reconocieran los hechos y que las víctimas sobrevivientes obtuvieran una reparación, luego de tantos años de impunidad.
Pudo parecer un reclamo tardío, pero la realidad es que recién en 2010 se publicó una versión oficial documentada (luego ampliada en 2015) sobre el bombardeo del 16 de junio de 1955. El día en que una coalición cívico-militar-eclesiástica decidió que todo valía para acabar con la “tiranía” y eliminar a su jefe. Incluso derramar sangre inocente sobre la Plaza de Mayo.
Pese a su gravedad, los hechos nunca fueron objeto de una investigación judicial y mucho menos se castigó a sus responsables uniformados ni a sus promotores, altas figuras de la Iglesia, terratenientes, grandes empresas y también dirigentes de los principales partidos opositores.
Justicia
Debe reconocerse que la Cámara Federal porteña empezó en agosto de 2008 el proceso de sustituir los eufemismos utilizados hasta entonces para referirse a los bombardeos, cuando los declaró como “delito de lesa humanidad”, con lo cual impidió que la causa prescribiera.
No obstante, aunque se remitió el expediente a primera instancia para que se avance en la investigación, el intento no tuvo resultados.
Aún sin la sanción judicial, el Archivo Nacional de la Memoria apuntó a relatar la verdad, y por lo tanto, a paliar el prolongado silencio y ocultamiento sostenido por los sucesivos gobiernos y los analistas tendenciosos.
Prácticamente dos generaciones de argentinos y argentinas solo pudieron acceder a versiones parciales o tergiversadas acerca del trágico suceso y sus ejecutores.
La investigación gubernamental detalló las motivaciones y consecuencias del ataque perpetrado por sectores de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea, en connivencia con dirigentes radicales, socialistas, conservadores y jerarcas de la curia cristiana.
El ametrallamiento a la población civil y la descarga de explosivos se produjo desde la mañana de ese jueves nublado y se prolongó en sucesivas oleadas entre las 12.40 y las 17.40.
Para el cabecilla del complot, el contralmirante Samuel Toranzo Calderón, la fecha era propicia, ya que estaba programado un desfile de la Aeronáutica en desagravio a la bandera nacional y a la memoria del libertador José de San Martín, por los destrozos producidos dos meses atrás en la Catedral (donde descansan los restos del prócer) durante la marcha opositora de Corpus Christi.
Los terroristas que piloteaban los aviones navales aprovecharon la situación para confundirse en vuelo y concretar su macabra “misión” bajo la llamativa consigna “Cristo Vence”. Si bien no se cumplió el objetivo principal de matar a Perón y los aviadores escaparon a Montevideo, el aviso se había dado y comenzaba la cuenta regresiva que iba a concluir con el golpe de septiembre.
Jamás una ciudad argentina había sido blanco de un bombardeo. Y fueron connacionales, no enemigos extranjeros, los encargados de tan cobarde exterminio.
De haber conseguido el objetivo de asesinar al jefe de Estado y a los miembros de su gabinete, para lo cual se lanzaron más de cien bombas con un total de entre nueve y catorce toneladas de explosivos, el plan contemplaba la asunción de un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz (dirigente de la UCR), Américo Ghioldi (del Partido Socialista) y Adolfo Vicchi (del Partido Conservador).
Ese propósito principal no se cumplió, pero la agresión tuvo un evidente impacto en cuanto a propagar el terror en la población y limitar la adhesión popular al gobierno constitucional. También se atribuyó el crimen a decisiones de las autoridades y a la CGT, mientras se justificaron los vuelos asesinos como una reacción justificada frente a prácticas del “régimen” justicialista, juzgadas como tiránicas, inmorales y contrarias a las libertades públicas.
Olvidos
El bombardeo constituyó un antecedente directo de la asonada finalmente perpetrada en septiembre de 1955 bajo banderas presuntamente “libertadoras”. Aquel golpe inauguró en realidad un largo y penoso ciclo de autoritarismo e injerencia institucional de las Fuerzas Armadas, represión estatal y violencia política.
En los años oscuros que vendrían, el bombardeo sobre Plaza de Mayo permaneció entre el silencio oficial, el olvido y la reivindicación por parte de grupos conservadores y oligárquicos. Recién en 2005, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos encargó una investigación minuciosa.
Hasta entonces, el grueso de la historiografía remarcaba las “razones” del bombardeo y ocultaba el saldo de la masacre de civiles. La atención se desvió hacia el incendio de los principales templos católicos (incluida la curia metropolitana) y la sede del Jockey Club, en la misma noche del 16 de junio, por grupos de partidarios del oficialismo.
Días después de la masacre, el presidente Perón hizo un llamado a la pacificación, mientras del otro lado se intensificó la campaña de panfletos de los conspiradores.
Esos libelos clandestinos redactados por dirigentes opositores propalaban argumentos falaces para deslindar responsabilidades por la matanza. Por ejemplo, decían:
“La Marina de Guerra se sublevó enviando al Gobierno un ultimátum de rendición. Al rechazar ese ultimátum y apelar al ejército, el Gobierno se colocaba en actitud beligerante: desde ese momento dos fuerzas militares lucharían. Perón sabía que la Marina no salía “a desfilar”, sino a combatir a muerte”.
“¿Por qué motivo entonces, Perón permitió que los dirigentes de la CGT con criminal inconciencia convocara al pueblo a Plaza de Mayo? ¿Cómo es posible que los dirigentes de la CGT hayan sido tan criminales como para llevar a la gente al matadero, sabiendo que con palos no se puede hacer frente a aviones ni a ametralladoras?”
“Desarrollándose la lucha entre fuerzas militares, convocar al pueblo indefenso al teatro de operaciones ¡ es criminal, infame y ruin! Y los dirigentes de la CGT que se prestaron para esa carnicería son, conjuntamente con Perón, responsables de esta canallada ante la clase trabajadora. No lo olvidará jamás el Pueblo”.
“El presidente, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, sabiendo de antemano que iba a bombardearse la Casa de Gobierno si no se rendía”.
“¡CIUDADANO! ¡Sepa quién es el verdadero culpable de la masacre del 16 de junio ! ¡La Marina de Guerra nunca ha matado a nadie ! El asesino es el propio Presidente”.
Muros calcinados
Muchos años después del bombardeo proseguían entre las fuerzas antiperonistas interpretaciones notoriamente sesgadas acerca de aquel día en que los aviones empañaron el cielo sobre la Plaza de Mayo y la Casa Rosada con su carga mortífera.
Vale como ejemplo una publicación del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, de 1998, dedicada al expresidente Arturo Frondizi (como titular de la Unión Cívica Radical Intransigente, desde el 1° de mayo de 1958 hasta el 29 de marzo de 1962).
Se lee allí: “Agotado el gobierno peronista, se produjo el fallido movimiento revolucionario del 16 de junio de 1955, que provocó una incontenible ola de violencia de los partidarios de Perón, con la quema de iglesias, del Jockey Club, la Casa del Pueblo, etcétera” (prólogo del tomo 18 de la Colección “Vidas, ideas y obras de los legisladores argentinos”).
El texto fue redactado por la militante radical Emilia Edda Menotti, candidata a diputada nacional (en 1965), biógrafa y estrecha colaboradora de Arturo Frondizi. Su visión sobre los hechos luctuosos que antecedieron al golpe de Estado de aquel año son un claro indicio de la distorsión de la memoria y del olvido selectivo sobre lo ocurrido esa fecha.
Menotti menciona un gobierno “agotado” (cuando en realidad habla de un presidente que demostró contar con un masivo respaldo democrático). Alude luego a un “movimiento revolucionario” sucedido aquel día (¿revolución? ¿Esa es la categoría asignada a aviadores sublevados y prestos a bombardear el centro de Buenos Aires?).
Recuerda también la “increíble ola de violencia” posterior al bombardeo, que atribuye exclusivamente a “los partidarios de Perón”.
Menotti ni siquiera menciona el ataque aéreo, le basta con cuestionar exclusivamente los excesos cometidos por militantes oficialistas que incendiaron iglesias católicas. La misma noche en que más de trescientas familias velaban a sus muertos y más de un millar de heridos eran atendidos de urgencia, víctimas de la metralla y las bombas.
También el historiador Tulio Halperín Donghi mencionó como al pasar a las “víctimas del fuego rebelde”, calificó en cambio como un “acto de puro delirio” la quema de iglesias y llamó la atención sobre la “uniforme eficacia” de la operación, que el gobierno “no hizo nada” por evitar.
Se conmovió luego, más que por los cadáveres y mutilados, por las muchedumbres “heridas en sus sentimientos piadosos” que observaban “los muros calcinados que dejaban ver –eliminados por el fuego, los agregados de épocas más recientes y prósperas– los ladrillos pacientemente amontados por los albañiles del setecientos”.
La “barbarie” peronista había dañado símbolos sagrados y el ataque incendiario era imperdonable. Los homicidas que apenas horas antes habían ensangrentado la Plaza de Mayo, en cambio, quedaron amparados por el olvido y recibieron honores.
Mientras, sus mentores políticos ocuparon posiciones en la conducción del Estado, tanto en la Revolución Libertadora como en las presidencias de los radicales Arturo Frondizi y Arturo Illia. Desde allí “restituyeron” libertades conculcadas, a la vez que quitaron derechos cívicos (proscripción mediante del justicialismo) a la mayor parte de la población, impusieron políticas económicas antipopulares, abrieron puertas al saqueo de recursos naturales y cedieron amplios espacios de mercado a empresas extranjeras.