Los asambleístas mendocinos Mauricio Cornejo y Federico Soria fueron liberados por la Justicia mendocina, que se declaró incompetente para juzgarlos por los delitos de “coerción ideológica impuesta mediante el miedo y el terror”, figura que no se aplicaba desde los años de la dictadura militar. Sin embargo, desde el viernes 4 de abril siguen bajo proceso, esta vez de la Justicia federal. Se trata de dos ciudadanos detenidos y acusados por la defensa del agua en Mendoza y contra la implantación de la minería a cielo abierto en esa provincia. Para los mendocinos, son los dos primeros presos políticos desde la vuelta de la democracia en 1983.
La minería extractiva quiere entrar en Mendoza, pero las asambleas ambientales se oponen. Mauricio Cornejo integra la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Está acusado de formar parte de “una agrupación para la coerción ideológica”, según la carátula del expediente a cargo del fiscal Juan Manuel Sánchez y del juez federal Martín Cormick.
Sobre Federico Soria pesan las mismas imputaciones y, tras estar con paradero desconocido, el lunes 31 de marzo se presentó ante la jueza Claudia Tula y quedó detenido. Los acusa Edgardo Vera, quien sostiene ser el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, institución inexistente, según los miembros de la asamblea ambiental, porque en la zona no hay minería habilitada. Finalmente, la propia jueza Tula decidió su libertad y la de Cornejo tras declararse incompetente.
“El día 25 de enero vinieron a inaugurar una oficina de la cámara minera con un grupo de gente muy agresiva allegada a la Uocra provincial y nosotros salimos a defender el territorio porque en Uspallata no hay licencia social para la minería”, aseguró Mauricio Cornejo a Caras y Caretas telefónicamente desde su prisión domiciliaria.
El 24 de febrero Cornejo se reponía de un accidente en moto cuando policías mendocinos llegaron a su casa en Uspallata para llevarlo detenido tras un allanamiento en su vivienda. La acusación llegó un mes después de aquella manifestación protagonizada por partidarios de la megaminería en la provincia, custodiados por militantes sindicales de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). Allí, en el pueblo de 17 mil habitantes, los partidarios de la minería extractivista organizaron un acto en apoyo de la reapertura del proyecto minero San Jorge “y empezaron a provocar a los vecinos que en su mayoría se oponen a la minería”, explica Cornejo a Caras y Caretas.
Breve cronología
A mediados de la década de 1990 el menemismo le dio un fuerte impulso a la minería como actividad económica. Habilitó la explotación a cielo abierto en todo el país e incentivó las inversiones extranjeras en cada provincia. Toda la región cordillerana recibió empresas canadienses, australianas, chinas, estadounidenses y españolas que pugnaron por quedarse con la prospección y explotación de yacimientos mineros. Mendoza sancionó en junio de 2007 la Ley de Protección del Agua, conocida como Ley 7.722, destinada a prohibir el uso de sustancias químicas como el cianuro en los cursos y nacientes de agua, por ser un producto altamente contaminante.
Un año más tarde, la minera Coro Mining Corp, de origen canadiense, presentó un proyecto para la explotación de cobre en el departamento de Uspallata, pero los vecinos de las asambleas ambientales reclamaron un estudio de impacto ambiental. Después de idas y venidas, le Legislatura provincial decidió rechazar en 2011, por unanimidad, el proyecto minero.
En enero pasado, con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado, la minera San Jorge cambió de dueños. Ahora el capital es ruso y está manejado por la empresa Zonda Metals asociada con la argentina Minera Alberdi. Presentaron un nuevo proyecto de impacto ambiental y esperan lanzarse a la explotación de una mina cuyo potencial es de unas 294 mil toneladas de cobre y, por ende, un gran negocio. Zonda Metals pertenece en realidad a la empresa rusa Solway, con sede en Suiza, cuyo directorio figura en los Offshore Leaks, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés), como empresarios fraudulentos con operaciones en paraísos fiscales.
El contexto no es sencillo para Cornejo ni para las asambleas de vecinos de toda la provincia que se oponen a la minería extractiva. A partir del decreto 70/2023, la sanción de la Ley Bases modificada en marzo de 2024 y la aprobación del RIGI en diciembre pasado, la minería a cielo abierto retomó fuerzas y avanza con nuevos bríos en todas las provincias cordilleranas y en la Patagonia.
En Mendoza capital se movilizaron las asambleas de toda la provincia reclamando por la libertad de Cornejo y volvieron a decir “No a la megaminería”. Fueron más de veinte mil personas en reclamo a los tres poderes del Estado y contra las empresas multinacionales asociadas a testaferros argentinos para desarrollar proyectos extractivos pese a la legislación que protege el agua en la provincia.
Además del RIGI, el apoyo a la megaminería parece ser oficial y nacional. En la segunda semana de marzo el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió participar de la reunión semanal de la Comisión de Minería de la Cámara baja, donde fueron recibidos una docena de empresarios mineros nacionales y extranjeros. Junto a Menem estuvo la secretaria de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, defensora a ultranza de la minería a cielo abierto. En esa reunión la propia Latorre presentó la iniciativa Malargüe Distrito Minero Occidental, con 156 proyectos mineros aprobados y listos para empezar su explotación. “El desafío es consolidar la minería como un eje de la economía andina”, sostuvo Latorre. Malargüe es el departamento mendocino con más proyectos de explotación minera a punto de licitar.
Las doce asambleas ambientales de la provincia están en estado de alerta, no solo por la causa judicial contra Cornejo y Soria, sino porque el gobernador provincial, Alfredo Cornejo –sin parentesco con el manifestante detenido–, de la UCR y ligado aún a Cambiemos, ya anunció que buscará inversiones mineras para potenciar el desarrollo económico provincial.
“No hay ninguna prueba concreta sobre amenazas o agresiones de parte de nuestros compañeros Cornejo y Soria. Se trata de una estrategia para avanzar con la minería en la provincia y atemorizar a quienes se opongan”, sostiene un comunicado de las Asamblea de Uspallata emitido el día que fueron confirmados los cargos contra ambos vecinos defensores del agua provincial. El lawfare al servicio de los intereses trasnacionales.