Cuando en una reciente perfomance para la prensa acreditada en Casa de Gobierno el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciaba como gran novedad el desembarco de la empresa extranjera de comunicación satelital Starlink, subrayando con impostada modestia casi publicitara el beneficio de extender la conectividad a regiones alejadas, tal vez olvidaba, pasaba por alto o menospreciaba la existencia de Arsat.
Creada con el compromiso de brindar esa posibilidad a todos los habitantes del país, en tanto herramienta de una política pública, la empresa del Estado se dedica también al diseño y construcción de satélites artificiales, empleando materia gris y mano de obra cien por ciento argentinas.
Entre tanto, los trabajadores de Arsat vienen llevando a cabo una serie de protestas por la homologación de su paritaria, tripartita entre el sindicato (telefónicos), la empresa y la Jefatura de Gabinete, que nunca asistió a las reuniones convocadas en el Ministerio de Trabajo.
Agotadas todas las instancias administrativas, los trabajadores de Arsat presentaron una denuncia judicial.
“Arsat es una empresa superavitaria, paga los sueldos con recursos propios. De hecho, la propia empresa declaró que tiene voluntad de pago y cuenta con fondos para pagar los sueldos atrasados –confiaron fuentes gremiales–. Pero no tiene la firma ni la aprobación de Jefatura de Gabinete.”
Los trabajadores denuncian que “no se recomponen paritarias desde la asunción del actual gobierno” (diciembre 2023): “Estamos cobrando la mitad de lo que deberíamos”, explican.
En lo institucional, “no hay definiciones acerca del rumbo de la empresa. Obviamente, conocemos el punto de vista del gobierno nacional, lo que piensa del Estado y de las empresas del Estado, pero en concreto no vemos por ahora decisiones en ninguna dirección”.
La empresa, en tanto, se mantuvo en cauto silencio ante las consultas efectuadas por los canales oficiales.
Hilando no tan fino, las mismas fuentes sindicales perciben que “se busca promover el vaciamiento de Arsat, alentando el alejamiento de trabajadores al cobrar sueldos miserables”.
Uno de los proyectos más importantes que lleva adelante la empresa es la construcción del SG1 (el tercer satélite de la serie inaugurada en 2014) “que está a medio camino, y pendiente de continuidad”, agregan.
La única novedad es el retiro de Arsat de la Ley Bases como empresa sujeta a privatización. Aunque el Estado es dueño del 51 por ciento de las acciones de la compañía, cumpliendo ciertos requisitos, el porcentaje restante puede quedar disponible para el ingreso de capitales privados, algo que ya se promovió durante el gobierno de Cambiemos.
En aquella ocasión, cuando Mauricio Macri recién había asumido la presidencia se declaraba “hincha número 1 de Arsat”, mientras su administración discontinuaba la fabricación de las unidades que estaban programadas en el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, sancionado con fuerza de ley 27.208 por el Congreso Nacional para el desarrollo de la industria satelital nacional.
La proyección contemplaba la construcción en dicho período de otros ocho satélites, algunos para uso propio y otros para su comercialización en el mercado de las telecomunicaciones, el siguiente de los cuales (Arsat-3) estaba previsto para 2017.
La dirección ejecutiva de la empresa estaba entonces a cargo de Rodrigo de Loredo, actualmente jefe de bancada del radicalismo que busca llegar a un acuerdo con las aspiraciones refundacionales del gobierno, nucleada en la Ley Bases y con el horizonte puesto en el Pacto de Mayo.
En aquel entonces se aducía que estaban “relevando las condiciones del proyecto y los acuerdos existentes para su implementación, en la búsqueda de las mejores opciones de financiamiento”. Aunque los hechos demostraban otra cosa, sostenían que “el Plan Satelital sigue vigente”.
Incluso, se firmaron convenios de autorización operativa de satélites extranjeros en el espacio exclusivo, sin mediar contraprestación.
“La Argentina tiene pisada por convenio en Canadá y los Estados Unidos, desde México hasta Tierra del Fuego, lo que no incluye satélites europeos como los que están prestando servicios”, ponía de manifiesto el personal especializado.
En tal sentido, la cesión de soberanía espacial “trae aparejado obedecer a las leyes del mercado frente a jugadores con muchísimo peso en el rubro, que pueden reducir, aumentar o imponer el precio que quieran”, advertían.
Recuerdos del futuro
A comienzos del siglo XXI, como consecuencia de las políticas neoliberales de la década de 1990, el desguace del Estado y el desfinancimiento de la ciencia (“Que se vayan a lavar los platos”, era la señal enviada desde el gobierno), la Argentina estaba en riesgo de perder la posición orbital adjudicada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
En 2004 y tras la quiebra de la empresa de capitales extranjeros Nahuelsat, que no había podido concluir el satélite Nahuel II, el presidente Néstor Kirchner constituyó una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat).
Aunque el plazo para la ocupación de la órbita 81 grados oeste (que venía siendo reclamada por el Reino Unido) vencía en octubre de 2005. Por lo que mediaron los buenos oficios del presidente venezolano, Hugo Chávez, que liberó el satélite en desuso Anik2, propiedad de la empresa canadiense Telesat, que ocupaba la órbita asignada a su país, y con el uso eventual pudo conservarse la adjudicación.
A partir de 2007, Arsat y la empresa rionegrina Invap, con probada experiencia en materia de alta tecnológica, trabajaron en conjunto para la construcción del primer satélite de comunicaciones geoestacionario nacional.
El proceso constó de cuatro fases: una primera de ingeniería preliminar; una segunda de puesta en práctica de la ingeniería de detalle; la tercera etapa fue de fabricación, integración y ensayos. Y finalmente, se arribó a la instancia definitiva de lanzamiento y puesta en órbita, que se concretó exitosamente el 16 de octubre de 2014, en la Base Espacial Ariane, situada en la la localidad de Kourou (Guayana Francesa).
La Argentina ingresaba así al selecto club de los países con capacidad de producir satélites. El primero en Latinoamérica, el octavo en el mundo.
Al año siguiente, lo siguió el Arsat-2 y, simultáneamente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, que se aprobó sobre el final de su administración.
Cuenta regresiva
Con las nueva autoridades, Arsat pasó del organigrama del disuelto Ministerio de Planificación Federal (que tenía el 98 por ciento de las acciones; el saldo restante pertenecía a Economía) a depender del Ministerio de Comunicaciones, cuyo titular, Oscar Aguad, nombró a su yerno, Rodrigo de Loredo, al frente de Arsat, en reemplazo del ingeniero industrial Matías Bianchi.
Esa reinserción se volvió a alterar cuando se creó el Ministerio de Modernización del Estado, que absorbió a Comunicaciones (2017), y la empresa quedó bajo su tutela.
Para esas instancias, el Arsat-3 estaba virtualmente paralizado y la empresa ponía su énfasis en el tendido de fibra óptica, mientras se autorizaba la operatividad de numerosos satélites extranjeros que competían con el Arsat-2 en lo que se cuestionó como una política de “cielos abiertos”, en detrimento de la soberanía espacial.
Entre esos y otros avatares de la era cambiemita (De Loredo debió renunciar anticipadamente por su parentesco con Aguad, después ministro de Defensa cuando la desaparición del ARA San Juan ) y los sucedidos durante el gobierno de Alberto Fernández (pandemia incluida), cuando el Estado retomó la iniciativa, el tiempo continuó transcurriendo, implacable.
Considerando que la vida útil de un satélite se estima aproximadamente en quince años, a los Arsat-1 y Arsat-2 no les queda demasiada “cuerda” y la codiciada posición orbital que permite prestar servicio sobre toda la extensión del continente americano vuelve a ponerse en riesgo.
Hay otra cuenta regresiva en marcha.