Amás de dos siglos de extraer hidrocarburos y emitirlos a la atmósfera en forma de gases contaminantes, la comunidad internacional comienza a alarmarse por las consecuencias de continuar con el actual modelo energético y a enfrentarse a los desafíos de transitar hacia uno con bajas emisiones en carbono. La matriz energética primaria mundial depende en un 80 por ciento de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), por lo que el sector es responsable de casi tres cuartas partes de las emisiones que han elevado las temperaturas medias mundiales en 1,1 o C desde la era preindustrial (Agencia Internacional de Energía, 2022). El dióxido de carbono (CO2), el más abundante de los gases, contribuye aproximadamente al 66 por ciento del calentamiento global, principalmente a causa de la quema de combustibles fósiles (Le Quéré et al, 2020).
La búsqueda de una sociedad más eficiente y sostenible se conjuga con la preocupación por la falta de equidad en el acceso a servicios para satisfacer necesidades básicas, como cocción e iluminación. A inicios del siglo XXI, aún 1.300 millones de habitantes carecen de acceso a la electricidad y aproximadamente tres mil millones usan la madera o el carbón para cocinar o calefaccionarse (Bertinat y Chemes, 2020). Este escenario de crisis ambiental, económica y social abre diversos retos.
La transición a la sostenibilidad impulsa un abanico de posibilidades para introducir cambios en el sistema de provisión y utilización de la energía, los cuales suponen más que un mero reemplazo de fuentes: también implican múltiples transformaciones (tecnológicas, económicas, políticas y sociales) en los flujos de la energía y en su gestión. Este proceso de cambio estructural representa un eje central en los acuerdos internacionales, donde los Estados asumen compromisos a través del diseño de hojas de ruta para la reducción de emisiones de CO2, la sanción de leyes y la ejecución de programas de promoción a la generación renovable. En la última cumbre del clima de Dubái (COP 28), 116 países se comprometieron a triplicar la capacidad instalada renovable y a duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética para 2030.
Ante estos desafíos globales, la transición avanza como un proceso particular para cada territorio (Blanco-Wells, 2019). La necesidad de un cambio de paradigma hace eco en los escenarios nacionales. En la Argentina, el abastecimiento del sistema energético depende en un 87 por ciento de los hidrocarburos, siendo el gas y el petróleo los protagonistas de la matriz primaria, con el 55 por ciento y el 31 por ciento, respectivamente (Secretaría de Energía de la Nación, 2022). A esta dependencia se suma la desigualdad en el aprovisionamiento de los servicios energéticos al conjunto de la población. Existen territorios carentes de infraestructura donde las personas se encuentran excluidas energéticamente y se ven obligadas a utilizar formas de energía tradicionales, como la leña, querosén, pilas o baterías. La imposibilidad de acceso a gas natural por red determina que parte de la población opte por el empleo de gas envasado (principalmente garrafa), mientras que grupos más vulnerables (más de un millón de personas) tenga que utilizar la leña para cocinar. En cuanto al servicio eléctrico, existen aproximadamente 140 mil hogares rurales que carecen de electricidad, profundizando las condiciones de aislamiento y afectando su calidad de vida (Yurkievich, 2022). Esto interpela sobre la necesidad de introducir cambios en pos de un sistema más diverso, sustentable e inclusivo.
EL ESTADO DE LA ENERGÍA
Desde fines del siglo XIX, diferentes impulsos sentaron antecedentes y experiencias en pos del aprovechamiento de fuentes renovables. La evolución de las energías renovables en el país está marcada por vaivenes, que se expresan en picos de actividad en alternancia con momentos de desaceleración o valles de incertidumbre. Los biocombustibles tuvieron un primer impulso en la década de 1980, a partir del Plan Alconafta, que incentivó el uso del etanol de caña de azúcar en el norte del país, y a mediados de 1990 comenzó a emplearse el aprovechamiento del recurso eólico para generación eléctrica, a través de los primeros parques impulsados por el cooperativismo eléctrico para abastecer redes locales en la Patagonia y el sur bonaerense. Sin embargo, dichas experiencias pioneras no tuvieron los resultados esperados debido a las dificultades en su implementación y el incumplimiento de los esquemas de incentivos ante un contexto económico inestable.
Con el inicio del siglo XXI resurge la búsqueda de nuevas fuentes de energía tanto desde el sector público como del privado, a partir de marcos normativos de estímulo (Ley nacional 26.190/2006 y su posterior modificación Ley 27.191/2015). Para lograrlo, se pusieron en marcha, en 2009, el Programa de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (Genren) y, en 2016, el Programa RenovAr, licitaciones públicas para contratar energía eléctrica producida por fuentes renovables. Asimismo, desde 2016 quedó habilitado el Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (Mater) entre privados. A nivel provincial también se promovieron programas y normativas en esta misma dirección. Como consecuencia, la participación de las fuentes renovables en la matriz eléctrica argentina crece. Mientras que en 2011 estas permitían cubrir solo un 1,2 por ciento de la demanda de energía eléctrica, en 2022 alcanzan un 13,9 por ciento. El aumento de la generación eléctrica renovable está ligado a la incorporación de nueva potencia por un abanico de proyectos que entraron en operación para alimentar el Sistema Interconectado Nacional. El chequeo de la potencia renovable refleja acumulación de potencia instalada y porcentajes crecientes. El aporte proviene fundamentalmente de la potencia inyectada por parques eólicos (3.292 MW) y plantas fotovoltaicas (1.076 W) (Cammesa, 2023).
Paralelamente, la habilitación del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la red eléctrica pública (Ley 27.424/2017) abre un camino en el proceso de transición alternativo. Este otorga un nuevo rol a los usuarios en la gestión de la energía, estableciendo el derecho a instalar equipos de generación renovable y así autoabastecerse de energía eléctrica, con posibilidad de inyectar excedentes a la red. Los usuarios-generadores habilitados ascienden a 1.212 y suman una potencia instalada de 2.204 Kw, concentrados en la provincia de Córdoba, el Área Metropolitana de Buenos Aires y Mendoza (Secretaría de Energía, 2023). Estas experiencias tienden a fortalecer opciones de generación cercanas al consumo, induciendo un modelo más descentralizado.
El escenario energético emergente refleja un sendero que parece bifurcarse en dos direcciones: proyectos de gran escala que inyectan potencia al sistema interconectado e instalaciones de generación distribuida de energía para satisfacer demandas localizadas. Ambos evidencian un proceso de transición latente con alcances, limitaciones y desafíos.