No son días fáciles para el mundo, si es que alguna vez los hubo. No solo por lo económico, lo político, las guerras, la pobreza, sino, sobre todo, por algo que atraviesa todas esas esferas y aún más: la degradación y contaminación del ambiente que habitamos. En eso, al menos, no hay fronteras.
Partamos de un diagnóstico basal. En noviembre pasado, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) reveló que el planeta va hacia un aumento de su temperatura media de entre 2,5 y 2,9 °C en este siglo. Es el doble de los +1,5 °C fijados como límite (respecto a la era preindustrial) para evitar escenarios catastróficos. Hoy ya se están superando los 1,2 °C, y 2023 se transformó en el año récord de calor desde que se tienen registros. El informe fue presentado en la COP 28, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático realizada en Dubái, al que asistió Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático de la Nación en el gobierno que finalizó el 10 de diciembre.
Nicolini aboga por una nueva arquitectura financiera global: “Hacia 2009, en la conferencia COP de Copenhague, los países desarrollados acordaron que iban a financiar con por lo menos 100 mil millones de dólares anuales a los países en desarrollo para políticas de mitigación y adaptación en la transición energética. No solamente no se cumplió, sino que ahora los análisis que hacen los mismos bancos multilaterales indican que la necesidad de financiamiento se triplicó”.
“Esto va a ser un círculo vicioso y una espiral de desgaste económico cada vez más insostenible, por eso hay que dar también todo un debate sobre la arquitectura financiera –agrega–. Cómo van a hacer los países altamente endeudados, mayoritariamente los países en vías de desarrollo, que no son los principales responsables de la crisis climática, para seguir pagando los servicios de nuestra deuda y a su vez invertir en la transición. Hoy estamos en una situación complicada: cuando deberíamos invertir en capacidades y recursos para un modelo de transición más conveniente para todos, las potencias invierten cada vez más en armamento.”
VÍCTIMAS DEL DESARROLLO
Los países en vías de desarrollo son víctimas del accionar de los desarrollados. Medido en cantidad de CO2 emitidos a la atmósfera, China (30 por ciento), Estados Unidos (15), India (7, el que más aumentó en los últimos años, y su capital Nueva Delhi superó casi 19 veces los niveles normales del CO2), Rusia (5) y Japón (4), son los que más contaminan. Entre los cinco largan 26 millones de toneladas de CO2 al aire por año. Casi idéntico ranking se repite en los países que más basura electrónica generan, aunque aquí se suma Brasil en el quinto puesto. Durante la gestión de Jair Bolsonaro fue una de las naciones que más creció en contaminación, por la tala indiscriminada del Amazonas y por el avance de la frontera agropecuaria. El modelo productivo es clave, y uno de los determinantes de la contaminación en nuestra región. En la reciente actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero por parte de la gestión de Alberto Fernández se reveló que la agricultura subió su incidencia y ya genera tanto como el sector energético: ambas áreas ocupan un 45 por ciento cada una de la emisión de gases. En incidencia, les siguen con cinco por ciento los procesos industriales y uso de productos, y con cinco los residuos. Aun así, en promedio nuestro país no está ni entre los 130 más contaminantes. Perú, Chile, México, Guatemala y Colombia ofrecen la peor calidad del aire en toda la región. A nivel mundial, Australia, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia y Puerto Rico figuran como los menos contaminados.
¿El país que más CO2 emite a la atmósfera por habitante? Acá aparece una sorpresa: Palaos. Esta pequeña isla de Oceanía, que tiene 18 mil habitantes, encabeza el ranking con 59,8 tn p/h debido a la huella ambiental de sus importaciones, el turismo y los residuos. Aunque en el total del mundo su aporte es insignificante. Le siguen otros que sí tienen más peso, sobre todo por la producción de combustibles fósiles: Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Baréin, Omán y Arabia Saudita, en ese orden.
¿ABASTECIMIENTOS RENOVABLES?
En lugar de pensar abastecimientos energéticos renovables, el mundo parece recaer en el modelo clásico. Un ejemplo paradigmático es Alemania. Tiempo atrás se propuso ser climáticamente neutra (es decir, emitir los gases de efecto invernadero que puede absorber) en 2045, cinco años antes que la Unión Europea. Sin embargo, ante la guerra de Ucrania, volvió al carbón de manera compulsiva. Hay una imagen icónica que grafica esta contradicción: la pequeña localidad alemana de Lutzerath del siglo XII, a escasos kilómetros de las fronteras con Bélgica y Países Bajos, será destruida para ampliar la mina de carbón a cielo abierto de Garzweiler II, una de las más grandes de Europa, que ya cuenta con 3.200 hectáreas de extensión. La energética alemana RWE busca acceder a las 1.300 millones de toneladas de lignito que, estiman, se encuentran bajo la aldea. Los mil residentes de Lutzerath deben ser desplazados.
“Los países del Norte global tienen una gran deuda ambiental con los países de renta media-baja. Históricamente, a través de sus actividades han generado más emisiones de gases de efecto invernadero, una de las principales causas de la crisis climática, que afecta más fuertemente a los países del Sur global. Se suma a esto que en las últimas décadas están llevando a cabo su transición energética a costa de estos últimos, en la medida que dependen de actividades extractivas desarrolladas en sus territorios –es el caso de la minería de litio, que afecta gravemente a países como Chile, la Argentina y Bolivia– para sostener sus niveles de consumo. Esta transición deja pasivos ambientales en países del Sur global y viola los derechos humanos de las comunidades que habitan las zonas afectadas por la actividad extractiva, incluido su derecho a la autodeterminación, participación y a la consulta previa, libre e informada”, enfatiza Camila Mercure, licenciada en Ciencias Ambientales, del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Algo es seguro: no habrá cambio ambiental posible sin presencia del Estado. Desde fiscalizar y controlar hasta planificar un modelo productivo “amigable” con el ambiente y destinar inversión para una infraestructura acorde. No parece ser el caso de la Argentina, donde el presidente Javier Milei es un confeso negacionista climático: le quitó el rango de ministerio a Ambiente y postuló que todo lo que pueda ser privado será privado. Será cuestión de encomendarse al cielo.