El represor Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, fue condenado en 2006 por la Justicia a reclusión perpetua e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. El tribunal determinó que es culpable de los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormento. Además, consideró el pedido la querella y los calificó como “crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983”. Es decir que por primera vez, se introdujo la figura del genocidio para denominar delitos que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico-militar.
El segundo de Ramón Camps –quien recibió reclusión perpetua en 1986, antes de las leyes de impunidad– fue condenado por el homicidio calificado de Diana Teruggi de Mariani; por la privación ilegal, tormentos y homicidio calificado de Ambrosio De Marco, Patrcia Dell`Orto, Margarita Delgado, Nora Formiga y Elena Arce, y por la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos de Nilda Eloy y Jorge Julio López. Este último ya había declarado en 1999, en el Juicio por la verdad de La Plata. Sus declaraciones en el juicio de 2006 contra Etchecolatz contribuyeron a la condena del policía y fueron la motivación, se sospecha, para que el represor pusiera en marcha los recursos con los que aún contaba, para desaparecer por segunda vez al albañil.
Durante el juicio oral, Etchecolatz tomó la palabra en varias oportunidades, siempre para descalificar al jurado. El 19 de septiembre de 2006 fue hallado culpable de los cargos mencionados, y condenado a prisión perpetua a cumplir en la cárcel de Marcos Paz. La sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata declaró por primera vez en la historia argentina que fueron “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”.
El 27 de diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, Etchecolatz fue beneficiado con la prisión domiciliaria, en una vivienda cercana a una de sus víctimas, debido a su “cuadro de salud y riesgo de contraer nuevas enfermedades”. Durante su prisión domiciliaria, Etchecolatz vivió en el Bosque Peralta Ramos, barrio de la ciudad de Mar del Plata, donde se repitieron numerosas manifestaciones exigiendo su vuelta a la cárcel por parte de vecinos y organismos de derechos humanos, que también reclamaron esta medida ante la justicia federal. La prisión domiciliaria fue revocada el 16 de marzo de 2018 por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó que Etchecolatz vuelva a la cárcel de Ezeiza, a la que fue reingresado durante la mañana del día siguiente donde murió en la madrugada del 2 de julio de 2022, a los 93 años, mientras cumplía sus condenas en una cárcel común y era repudiado incluso por quienes fueron su familia.