El 4 de septiembre de 1970 el socialista Salvador Allende triunfó en las elecciones presidenciales de Chile por el 36,6 por ciento de los votos. El 3 de noviembre de 1970 el Parlamento confirmó su victoria y el médico cirujano de aire apacible, que ya había sido diputado, senador y ministro de Salud, asumió el gobierno.

El Partido Socialista chileno no era un partido centroizquierdista, como los partidos socialistas europeos, sino un partido marxista de honda raigambre en la clase obrera chilena, que reivindicaba en su programa la toma del poder por parte de los trabajadores. Era la primera vez, entonces, que un marxista llegaba al poder por la vía electoral. Aunque Allende revistiera en el ala más reformista del PS.

Hubo festejos callejeros hasta la madrugada. Era la cuarta vez que Allende se postulaba para presidente: llegaba al poder al frente de la Unidad Popular, una amplia coalición que agrupaba al Partido Socialista, al Partido Comunista –dos partidos obreros de masas– y a pequeños partidos democráticos como el Radical o el Movimiento de Acción Popular Unitaria.

La Unidad Popular postulaba una “vía pacífica” al socialismo y se proponía sustituir el régimen del capital apelando a los métodos de la democracia parlamentaria. Nada menos. A pesar de que ese postulado era un claro contrapunto con las corrientes guerrilleras que predominaban en la izquierda latinoamericana, el gobierno chileno contó con el apoyo entusiasta de Fidel Castro, que hizo una extensa visita a Chile a finales de 1971 y lo exhortó a no quebrar el régimen democrático.

“Para las izquierdas del planeta, la vía allendista se convirtió en una experiencia modélica, a la vez que en objeto de controversia por difuminar los límites entre reformas y revolución. Para los sostenedores del statu quo global, fue percibida como una amenaza que abría nuevos caminos para un cambio en la relación de poder mundial. Todo ello colocó a Chile en la primera línea de la Guerra Fría y en el centro del debate sobre la relación entre democracia y socialismo”, apunta el historiador Arturo Riquelme, de la Universidad Católica de Chile.

El compañero presidente cumple su palabra

El programa de la Unidad Popular planteaba claramente la constitución del poder popular y de un Estado popular, la construcción de una nueva economía planificada y en gran parte estatizada. Rápidamente, el gobierno de Allende intentó tomar el control de la economía y desplazar de los resortes fundamentales a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. La figura clave en este proceso fue el primer ministro de Economía, Pedro Vuskovic.

El 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional votó por unanimidad la reforma a la Constitución Política de 1925, lo que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre para que el Estado se convirtiera en propietario absoluto de las riquezas naturales del país, una tarea que había comenzado el demócrata cristiano Eduardo Frei en el gobierno anterior.

La medida afectó directamente a las empresas mineras estadounidenses Kennecott y Anaconda, que habían obtenido ganancias cercanas a los 4.000 millones de dólares en las décadas anteriores. Por este motivo, el gobierno desestimó indemnizarlas y, por el contrario, las catalogó de deudoras del pueblo chileno.

Un segundo paso, la estatización de las industrias estratégicas, no fue acompañado por la oposición. Como la Unidad Popular no tenía mayoría en el Congreso, se decidió hacerlo por decreto presidencial. Además de la expropiación (que generalmente fue precedida por la toma de la industria por parte de sus trabajadores), el gobierno utilizó otros mecanismos, como la compra de acciones. Esto le permitió controlar casi el 80 por ciento de las industrias y un número importante de bancos, según informa el sitio oficial Memoria Chilena, del Servicio Nacional de Patrimonio.

El gobierno profundizó la reforma agraria iniciada por los gobiernos de Jorge Alessandri y Eduardo Frei, concretando la expropiación de más de 4.400 predios a los que hay que sumar más de dos mil tomas realizadas por los trabajadores agrícolas. En noviembre de 1970, los campesinos y obreros de Panguipulli tomaron 24 fundos que abarcaban más de 36 mil hectáreas. Exigieron la expropiación y de hecho aniquilaron el latifundio. En octubre de 1971, el gobierno de la Unidad Popular creó el Complejo Forestal de propiedad estatal, que la dictadura convirtió en un extendido parque nacional privado, con un puñado de mansiones de lujo; el río quedó de ese lado de las barreras.  

En educación, se impulsó la enseñanza preescolar, básica e industrial, además de ampliarse el acceso a la universidad. La reforma educativa colocó a la Iglesia católica en una activa oposición al gobierno.

En un país de enorme polarización social, donde los sectores medios eran raquíticos, el 1º de abril de 1971 se fundó la Sociedad Empresa Editora Quimantú Limitada –”sol del saber” en lengua mapuche–, con el propósito de facilitar el acceso al libro y la lectura mediante políticas de Estado de producción y distribución.

Washington mandata a la CIA

La Casa Blanca comenzó a socavar el gobierno de la Unidad Popular en octubre, antes de la asunción de Allende. La CIA financió un fallido golpe que le costó la vida al general democrático René Schneider, entonces comandante de las Fuerzas Armadas chilenas. El artífice de la política estadounidense contra el gobierno de Allende fue el Henry Kissinger –el asesor de Seguridad de Richard Nixon–, que aún deshonra el Premio Nobel de la Paz.

En plena Guerra Fría y en nombre de la lucha contra el comunismo, Washington bloqueó el acceso de Chile a las finanzas internacionales, persuadió a las empresas estadounidenses para que abandonaran el país y manipuló el precio global del cobre, la principal exportación chilena.

Con el apoyo del Partido Nacional y la Democracia Cristiana, Estados Unidos conspiró abiertamente contra el gobierno de Allende, promoviendo el mercado negro y el desabastecimiento de productos de primera necesidad, de insumos para la industria y medicamentos.

La CIA operó activamente en el país financiando huelgas de los sindicatos que controlaba la derecha, como el de camioneros –un sindicato de propietarios de los vehículos–, clave para el abastecimiento de la población. La inflación destruía los aumentos de salarios decididos por el gobierno. Los persistentes rumores de que los militares iban a derrocar a la Unidad Popular crearon una sensación colectiva de desgobierno.

La resistencia popular

Durante 1972, mientras en las barriadas las mujeres se sumaban a las juntas de Abastecimientos y Precios para requisar los locales de los especuladores, cerrados y llenos de mercaderías, y para vigilar los precios de los alimentos, obreros y pobladores comenzaron a sesionar en asambleas populares.

En uno de los discursos de 1972, Allende insiste: “Avanzar por el camino de la democracia exige superar el sistema capitalista, consustancial a la desigualdad económica”. La convulsión política coexistía con enormes tensiones dentro de la misma coalición: el Partido Comunista propugnaba abiertamente una alianza con la Democracia Cristina; la izquierda, avanzar en la organización popular.

En este cuadro, la oposición confiaba en que la crisis económica, social y política se tradujera en una severa derrota de la Unidad Popular en las elecciones legislativas de marzo de 1973. Y que esto le garantizaría los dos tercios del Congreso necesarios para motorizar el juicio político al presidente y su destitución. En los barrios de la clase alta, se sucedían los cacerolazos de las señoras que protestaban por el desabastecimiento.

Sin embargo, a pesar de los choques internos, la inflación y la carestía, los candidatos de la Unidad Popular obtuvieron el 43,3 por ciento de los votos, muy por encima del 36,3 por ciento obtenido por Salvador Allende en las presidenciales de 1970. Estos resultados, paradójicamente, fortalecieron la idea del golpe militar entre la oposición.

Mientras el sector moderado del gobierno firmó con la Democracia Cristiana el Estatuto de Garantías, en el que se comprometía a devolver muchas de las propiedades expropiadas, los trabajadores tomaron el control de medio millar de estas empresas y echaron a andar la producción, expulsando a los interventores designados por el gobierno, a los que acusaban de sabotaje. En marzo de 1973, una enorme movilización rodeó el Palacio de La Moneda, sede del gobierno, exigiendo el cierre del Congreso y que se instaurara el poder popular.

El 29 de junio de 1973, en lo que muchos entienden como un intento de medir el grado de resistencia popular a un golpe, una compañía de tanques protagonizó “el tancazo”. Esta suerte de ensayo general fue sofocado por el general “profesionalista” Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército. Prats, sin embargo, enfrentado con las Fuerzas Armadas, fue obligado a renunciar y Allende nombró en su lugar a Augusto Pinochet.

Durante agosto, numerosos marineros de baja graduación, algunos de ellos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), denunciaron preparativos golpistas. El gobierno toleró que los apresaran y los expulsaran de la Marina.

En los sectores obreros más concentrados, en Santiago y en Concepción en especial, los “cordones industriales”, las asambleas populares de trabajadores, reclamaron armas para defender a “su” gobierno. Las tomas de empresas, escuelas, universidades y fundos se aceleraron en lo que cada vez adoptaba más rasgos de una situación de doble poder. A fines de agosto, el gobierno de la Unidad Popular intentó frenar la inquietud de las Fuerzas Armadas autorizándolas a desarmar a los trabajadores. Se produjeron allanamientos y requisas masivas.  

El 11 de septiembre, el comandante Augusto Pinochet encabezó un golpe que encontró a la resistencia popular totalmente desorganizada.

Los militares bombardearon La Moneda, la casa de gobierno. El presidente Allende, que había rechazado partir al exilio, resistió acompañado solo por su guardia personal, las GAP (Grupo de Amigos del Presidente). Desde allí se dirigió por última vez a los chilenos a través de Radio Magallanes en medio de una cortina de explosiones y disparos. En ese discurso, Allende habló de su profunda fe en el futuro. Los militares lo sacaron muerto. Dijeron que se había suicidado. No hubo sobrevivientes.

El régimen de los chacales

El 12 de noviembre de 1973, la Junta Militar se arrogó el ejercicio del Poder Legislativo mediante decretos ley con la firma de todos los miembros de la Junta. El Poder Ejecutivo gobernaría a través de decretos supremos y resoluciones con la firma del presidente de la Junta, Augusto Pinochet, y la del ministro del ramo.

Un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys, dirigieron la economía del país, que se convirtió en el modelo de las políticas de privatización de los recursos naturales, las empresas del Estado, las jubilaciones, la salud y la educación, y la destrucción de las libertades públicas y los derechos laborales y sindicales.

El régimen de Pinochet coordinó con las dictaduras militares de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil la eliminación física de sus compatriotas de izquierda que habían huido a través de la Operación Cóndor, una masacre concertada en toda la región. Los distintos gobiernos estadounidenses le garantizaron a la Junta entrenamiento y apoyo militar y técnico en nombre de la lucha contra el comunismo.

En todo el mundo, el golpe produjo una enorme ola de indignación y solidaridad con el pueblo chileno. La resistencia hacia adentro de Chile, silenciada, se extendió largamente. La llamada Guerrilla de Neltume, en la zona de Panguipulli, organizada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, libró una serie de enfrentamientos con el Ejército entre junio y noviembre de 1981. Terminó con la muerte de setenta guerrilleros y un conscripto.

En 1981, Pinochet dejó la Junta de gobierno y pasó a ocupar la presidencia de la República.

El 11 de mayo de 1983, se produjo el primer paro nacional contra Pinochet, que movilizó a cientos de miles de trabajadores. Convocado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, obtuvo el apoyo de los sindicatos petroleros y de una multitud de gremios y organizaciones estudiantiles. Al mediodía paró el transporte y a la noche el cacerolazo fue atronador. Se había quebrado la línea del terror. La juventud –los “pingüinos”–, las mujeres, los trabajadores y hombres y mujeres de la cultura enfrentarían a la dictadura con fuerza creciente y en oleadas sucesivas.

A partir de 1983, la guerrilla urbana del Frente Popular Manuel Rodríguez –ligado al Partido Comunista– motorizó apagones y hasta el secuestro de un par de pinochetistas importantes con el fin de desestabilizar el régimen. El 7 de septiembre de 1986, el FPMR fracasó en su operación más preciada: atacó a la comitiva que llevaba a Augusto Pinochet a su casa de descanso fuera de Santiago. En el ataque murieron cinco escoltas presidenciales, mientras que Pinochet sufrió solo heridas leves en una de las manos.

La Junta Militar chilena se mantuvo en funciones hasta el 11 de marzo de 1990, cuando ganó las elecciones la Concertación conformada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Social Demócrata. Esta alianza se mantuvo en el poder por cuatro períodos presidenciales consecutivos, entre 1990 y 2010.

En 1998, en pleno gobierno de la Concertación, Pinochet, que se encontraba hacía casi un mes internado en la London Clinic de Londres, se anotició de que el juez español Baltasar Garzón había librado una orden de captura internacional en su contra. A pesar de las apelaciones del gobierno de la Concertación, la Cámara de los Lores decidió que Pinochet no tenía inmunidad y podía ser extraditado y juzgado. El proceso duró 16 meses. Finalmente, el gobierno británico decidió que por razones de salud Pinochet no podía soportar un juicio y debía volver a Chile. El anciano tembloroso que dejó Londres en una silla de ruedas bajó sonriente y caminando en el aeropuerto de Santiago.

Un balance controversial medio siglo después

Las heridas dejadas por el golpe de Estado siguen en carne viva. Después de derrocar a Allende, Pinochet impuso un régimen brutalmente represivo y detuvo a opositores, activistas sociales y estudiantes en el Estadio Nacional de la capital chilena y otros centros de detención. Casi 30.000 fueron torturados y más de 2.200 fueron ejecutados. La mayoría del personal de Allende fue asesinada en los días siguientes al golpe. Hubo doscientos mil exiliados, la mayor expatriación de la historia de Chile.

Desde el final de la Junta Militar en 1990, solo 307 asesinados han sido identificados y sus restos devueltos a sus familias. Hubo juicios a militares con cuentagotas desde el año 2000, pero recién en los últimos meses se conoció, por ejemplo, la condena a los asesinos de Víctor Jara. En agosto de este año, el gobierno de Gabriel Boric anunció que buscará los restos de 1.162 chilenos desaparecidos durante la dictadura.

Muchos de los detalles del golpe de Pinochet siguen siendo desconocidos. Entre otras razones, porque los militares destruyeron las pruebas y porque los Estados Unidos se han mostrado esquivos para desclasificar documentos.

El golpe chileno, producido después del de Hugo Banzer en Bolivia, formó parte de la seguidilla de golpes militares que dejaron un tendal de muertos y desaparecidos en América latina: el de Brasil, el de Uruguay y, finalmente, el de Jorge Rafael Videla en nuestro país en 1976. Más del 80 por ciento de la población de América latina estaba bajo dictaduras militares de derecha a finales de 1976.

La condena internacional a la dictadura pinochetista no es tan clara fronteras adentro. Una encuesta reciente de CERC-MORI, “Chile a la sombra de Pinochet”, encontró que solo el 42 por ciento de los chilenos piensa que el golpe destruyó la democracia, en comparación con el 36 por ciento que dijo que había salvado al país del marxismo.

“Tenemos al único dictador de Occidente de la historia contemporánea que a cincuenta años de haber dado un golpe de Estado tiene un tercio de la población a su favor”, dijo Marta Lagos, fundadora de MORI Chile, al presentar la encuesta en una conferencia de prensa. “Los chilenos estamos a la sombra de Pinochet y esta se activa, se agranda, se achica, según los acontecimientos”, consideró la especialista. Por otro lado, el 47 por ciento de los encuestados considera que el régimen militar fue “en parte bueno, en parte malo”. Solo el 25 por ciento consideró la opción de que fue “solo malo”.

Aunque el 64 por ciento calificó a Pinochet como un dictador, el 39 por ciento opina que fue “el hombre que impulsó y modernizó la economía chilena” y otro 20 por ciento lo definió como “uno de los mejores gobernantes que tuvo Chile en el siglo XX”.

“Renacerá mi pueblo de su ruina/ Y pagarán su culpa los traidores.” La hermosísima letra de Pablo Milanés –escrita en 1976– todavía aguarda su hora.