La anécdota se centra en el último Perón. Se había producido un conflicto universitario muy propio de la época (mediados de los 70) y un joven Jorge Taiana le solicitó a su padre, con llegada directa, que intercediera. Cuando regresó, ante la ansiosa requisitoria, el veterano facultativo le respondió que habían estado hablando de los hielos continentales. El agua ya era más importante que un simple entuerto de intereses cruzados.

Argentina ocupa el sexto lugar en cantidad de recursos hídricos de agua dulce per cápita con respecto al resto de América, Europa, Australia y Japón. En suma, el país posee cerca de 20.400 metros cúbicos per cápita de agua dulce, por encima de la mayoría de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El principal volumen se concentra en el Acuífero Guaraní, considerado una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Su denominación remite directamente a la población originaria de la región. Tiene una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados y se extiende por debajo de parte de los territorios nacionales de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, todos Estados signatarios del Mercosur, que hacen uso dispar del recurso. Argentina explota cinco perforaciones de aguas termales dulces y una salada, todas en la provincia de Entre Ríos. Alrededor de 24 millones de habitantes viven actualmente sobre la extensión propiamente dicha del sistema.

“Es muy complicado hacer el relevamiento del volumen de agua disponible que hay hoy en día, ya que no solo varía estacionalmente, sino que estamos en un contexto de crisis climática, de sequías reforzadas por la deforestación y por la ruptura del ciclo del agua –advierten desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AA-deAA)–. En este sentido, debemos subrayar que el Acuífero Guaraní estuvo tres años sufriendo una bajante tremenda y cuando parecía estar concluyendo, volvió a mostrarse afectado”.

USO Y ABUSO

Aunque un aspecto subyacente en la materia implica el uso, abuso y mal uso del recurso, conviene puntualizar antes quién es el propietario. La Constitución Nacional de 1994 establece: “Corresponde a las provincias, el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (Art. 124). Es casi seguro que los constituyentes tenían en mente los hidrocarburos y los minerales cuando redactaron el articulado, pero en el caso del agua, ya no es mera metáfora hablar también de “riqueza”. Desde fines de 2020, el agua del estado de California, por ejemplo, cotiza como activo en el Mercado de Valores de Wall Street, igual que el petróleo y el trigo.

Eso explica muchas cosas y hace temer otras tantas. En la Argentina, el acuífero aflora a tierra en los Esteros del Iberá, que confieren a la provincia de Corrientes uno de sus paisajes característicos. Sin embargo, gran parte de su dominio permanece en la esfera de la Fundación Rewilding Argentina, heredera del legado de la Tompkins Conservation, creada por el empresario estadounidense Douglas Tompkins (fallecido tras un accidente en kayak en 2015) y continuada por su mujer, Kristine, declarada Huésped de Honor por el gobernador Gustavo Valdés (UCR-JxC) en su más reciente visita.

La organización fue responsable de varias experiencias conservacionistas (en la Patagonia chilena y argentina, además del Iberá y del Impenetrable chaqueño). En su génesis, se trató de la adquisición de vastas extensiones en zonas de frontera, muchas de las cuales fueron donadas a gobiernos locales para la generación de parques nacionales. Sin embargo, aún cabe cuestionarse el rol desempeñado por el Estado en la venta indiscriminada de su patrimonio natural, más aún tratándose de un recurso no renovable y de tan disputado futuro.

Mucho peor la tienen las comunidades que sufren el extractivismo duro y puro, sin ningún reintegro, viendo alterada su calidad de vida, de la que el agua es parte fundamental. Uno de los casos emblemáticos es la mina de oro Veladero, operada por la firma canadiense Barrick Gold a través de su filial Barrick Argentina, denunciada reiteradamente por el alto consumo hídrico y sucesivos derrames accidentales de sustancias altamente tóxicas, como soluciones de cianuro, empleadas en el proceso.

Análisis recientes del agua de Jáchal, localidad contigua a la mina Veladero, realizados por la Universidad Nacional de Cuyo, arrojaron niveles de mercurio, aluminio y manganeso muy por encima de lo indicado por la OMS y el Código Alimentario Argentino para consumo humano. La asamblea ambientalista “Jáchal no se toca” denunció que la concentración es mayor a la registrada en el derrame de 2015, el más grande de la historia minera argentina.

PROHIBIDO REIVINDICAR

Según fija el Código Civil de la República Argentina en su Artículo 2340, los ríos y lagos son de dominio público. Algo similar precisa la Constitución Provincial de Río Negro en su Artículo 73, en el sentido que debe asegurarse el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de ríos, mares y espejos de agua.

Estas leyes, que son de estricto cumplimiento para los ciudadanos argentinos, pierden consistencia cuando se trata de residentes extranjeros como el magnate británico Joe Lewis, propietario de doce mil hectáreas a escasos kilómetros de la frontera con Chile, que se cierran con abrazo de oso sobre el Lago Escondido, prohibiendo su acceso a visitantes y comunidades originarias de la zona.

El caso adquirió visibilidad con las marchas organizadas por la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA), que preside Julio César Urien. Con la consigna “Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también”, ya marcharon en siete ocasiones por el camino público de Tacuifí, un sendero de trekking que demanda no poco esfuerzo. En febrero pasado, como en otras ocasiones, fueron interceptados por guardias armados y matones a sueldo de Lewis, que los embistieron a caballo, con palos y rebenques, frente a la mirada pasiva de la policía provincial, destinada a cumplir funciones de seguridad. Una reportera gráfica de la agencia Télam fue arrastrada por un jinete de las correas de la cámara con la que registraba el ataque.

La causa tramitada en tribunales provinciales por agresión y lesiones graves no registró avances, excepto que se reveló que la policía no se limitó a observar, sino que hizo tareas de inteligencia sobre los atacados.

La reivindicación soberana también mereció distinta lectura por parte de los medios hegemónicos, que descalificaron una vez más la convocatoria y cantaron loas a los “baqueanos a caballo” que echaron a los “manifestantes”.