El largo y sinuoso camino que emprendió Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de hijos de desaparecidos apropiados se encontró con un cuello de botella en la Justicia. Allí, las investigaciones realizadas se chocaban con la lentitud de la burocracia estatal, que demoraba los análisis de ADN.
Hace diez años, en octubre de 2012, el Ministerio Público Fiscal se hizo cargo de este reclamo y abrió la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), que está a cargo de Pablo Parenti.
–¿Cómo era la situación al momento de la creación de la Unidad?
–En ese momento se tardaban dos años desde que se presentaba el caso hasta que se ordenaba el ADN: es mucho tiempo. No hacen falta dos años de investigación para determinar si hay que citar a una persona para hacer el examen o no. Había una falta de especialización en la tramitación de estos casos. Por un lado, se hizo un protocolo de actuación donde se estableció una serie de medidas sugeridas para los jueces y fiscales que tenían que investigar estos casos, y por otro, se creó esta Unidad, porque se advirtió que la búsqueda de nietos es algo bastante específico dentro del universo de lesa humanidad. Es diferente a las causas típicas de lesa humanidad, donde investigás torturas, secuestros, desapariciones… Incluso muy distinta a la búsqueda de restos humanos: acá estás buscando personas vivas, buscamos desaparecidos con vida.
–¿En qué consistía el trabajo en ese primer momento?
-Lo que empezamos a hacer, que resultó muy importante, fue una investigación preliminar antes de mandar el caso al juez. Tiene una duración breve. Usamos esa herramienta, junto con otras medidas de prueba, para fortalecer los casos que nos mandaban Abuelas o la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Así cuando mandamos el caso a un juez y a un fiscal ya están en condiciones de pedir el estudio de ADN. Esto empezó a pasar, comenzamos a hacer las investigaciones preliminares, que duran cuatro meses. En esos meses nosotros completamos la investigación, pedimos un montón de cosas que Abuelas y Conadi no pueden pedir porque no tienen las facultades que tenemos nosotros, y ahí enviamos el caso al juez y al fiscal competentes. En general, no tenían mucho más que hacer que convocar a la audiencia con la persona para decirle “mirá, hay dudas sobre tu identidad, hay que hacer un examen de ADN”. Esta herramienta achicó mucho los tiempos. Cuatro meses de tramitación en la Unidad, más un plazo más o menos similar ante el juez o fiscal, y ya se estaba citando a la audiencia de ADN. Pudimos bajar mucho el tiempo para llegar al ADN con respecto a lo que había previo a la Unidad.
–¿Cuántos casos judicializaron en estos diez años?
–Hicimos más de 1.300 investigaciones preliminares y judicializamos más de 700. En algunos casos también esclarecimos que la denuncia había que archivarla porque en realidad se trataba de un hijo biológico. Una de las funciones de la investigación preliminar es evitar que lleguen al juez y al fiscal casos que no se justifican. Tenemos la función de hacer de filtro. Eso fue muy
importante, bajó mucho el tiempo de demora como tendencia general, fue muy notoria la baja. A eso se sumó el protocolo de actuación y la mayor coordinación con Conadi y otras instituciones, que se estandarizó.
–La Unidad también está avanzando con investigaciones propias. ¿Cómo es esa experiencia?
–Se trata de delitos en curso, son delitos que tenemos que esclarecer. Por eso formamos un grupo con investigadores de profesión. Abrimos un camino, porque había experiencias muy esporádicas dentro del Ministerio Público y la Justicia. Nos pusimos a revisar partidas de nacimiento. De la época de la dictadura hay cuatro millones de nacimientos inscriptos, y nosotros buscamos a unos pocos cientos. Conseguimos las partidas digitalizadas de la ciudad de Buenos Aires y empezamos una campaña para detectar casos sospechosos. Es una búsqueda muy difícil, nos encontramos con muchos grises. Por ejemplo, un parámetro que nosotros tenemos en cuenta es cuando figura un parto domiciliario. Esa es una característica muy común en los casos de apropiaciones. Nos encontramos con el fenómeno de la alteración de la identidad más allá del terrorismo de Estado. En esa época estaba plenamente
vigente la práctica de conseguir un bebé y anotarlo como propio. Eso nos dificulta mucho el terreno. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) tiene miles y miles de casos, en donde no son hijos biológicos pero tampoco hijos de desaparecidos. Son alteraciones de la identidad roducto de las prácticas históricas que hubo en la Argentina.
–¿Qué otros senderos están explorando?
–Primero, en la pandemia empezó un laburo interinstitucional entre el BNDG, Conadi y nosotros para completar el perfil genético de las familias. Buscamos tener muestras de las familias, de los cuatro abuelos y abuelas. Una de las tareas es la exhumación de familiares que en vida no llegaron a dar la muestra. Se hizo un estudio de los grupos y un plan de trabajo. Entre 2021 y 2022 se
realizaron más de 70 exhumaciones. La Unidad se encargó de gestionar y coordinar esta tarea. Además, en los últimos años, ya en la etapa de investigación preliminar, intentamos tomar contacto con la presunta víctima. En vez de mandarlo a un juez, la convocamos nosotros y nos tomamos una hora y media para charlar: le explicamos bien la investigación y le contamos que lo que
tenemos que hacer es básicamente el ADN. Estas audiencias están saliendo muy bien porque la enorme mayoría de la gente convocada se sacó sangre. Muchas veces en mi propio despacho.
–¿Cómo afecta el paso del tiempo al trabajo que hacen?
–Es una tarea contra reloj. Abuelas realmente quedan muy pocas, lo que hay son otros familiares. A veces hay hermanos, tíos, primos… También pienso que la edad que tienen ahora los nietos ayuda, porque están en un punto de la vida en que están más predispuestos. Algunos ya son padres o madres y entienden más de qué se trata.