La estructura de jueces de Comodoro Py que hace más de una década se dedica a perseguir a Cristina Fernández y varios de los dirigentes que formaron parte de su gobierno retomó una de sus más añejas costumbres. Siguiendo el mismo manual que en los ciclos anteriores, comenzó a desatar un bombardeo masivo de causas armadas y posibles sentencias rutilantes cuando está por arrancar el año electoral.
La continuidad del procurador interino Eduardo Casal es otra consecuencia de las internas no resueltas en el Frente de Todos. Cuando los números del Senado alcanzaban para nombrar otra fiscal general, antes de las elecciones de 2021, Alberto Fernández y CFK no se pusieron de acuerdo.
Casal ahora pidió la reapertura de una de las causas emblemáticas de la judicialización de la política porque roza casi el absurdo. Es la denominada Dólar Futuro. Casal solicitó revocar el sobreseimiento que ya confirmó la Cámara de Casación sobre los acusados, entre ellos Cristina y Axel Kicillof, con la excusa de que el expediente no llegó al juicio oral. ¿A quién le toca definir este pedido? A la Corte Suprema. Es decir al trío conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Juan Carlos “el Pato” Maqueda. (Por ahora Ricardo Lorenzetti viene votando distinto a sus colegas.)
Son los mismos tres mosqueteros –que en este caso no luchan contra la tiranía aristocrática y a favor de los pobres sino al revés– que esta semana sacaron del Consejo de la Magistratura al senador del Frente de Todos Martín Doñate. El argumento de los cortesanos para esa decisión fue que el FdT había realizado la división de su bloque luego de que el Máximo Tribunal derogara la ley que regía el organismo, sancionada en 2006, y reviviera como a un Frankenstein la fenecida norma anterior.
La jugada política del oficialismo por supuesto existió. Y fue dentro de los clásicos juegos de mayorías y minorías parlamentarias, en este caso para utilizar la fórmula del interbloque, al igual que Juntos por el Cambio, y que entonces el peronismo sea la primera y la tercera minoría. De este modo se queda con tres de los cuatro representantes que la Cámara alta tiene en el Consejo.
Un artilugio similar utilizó Cambiemos en 2016, pero al revés. Construyó una alianza con distintas fuerzas para imponer a Pablo Tonelli en el lugar que, según el entonces Frente para la Victoria, correspondía a Marcos Cleri. Esta misma Corte, en aquel momento, respetó la decisión de la mayoría de la Cámara baja, y Tonelli fue consejero.
Causas y causares
Otra causa emblemática de la judicialización de la política es la del Memorándum con Irán. Ahora está en revisión en la Sala I de la Cámara de Casación. Lo más probable –pero nada es seguro en el serpentario de Comodoro Py– es que se confirmen los sobreseimientos que recibieron los acusados en la denuncia con la que el fiscal Alberto Nisman intentó en su momento “llevarse puesta” a CFK.
En la lista sigue la denominada la causa Hotesur-Los Sauces. La vicepresidenta también fue sobreseída por el Tribunal Oral Nº 5 en noviembre de 2021. Esa decisión fue apelada y ahora debe ser revisada por Casación y –quizá después– por los tres mosqueteros.
La frutilla de este postre de lawfare recargado es la sentencia de la Causa Vialidad. El alegato cinematográfico del fiscal Diego Luciani fue demolido por las defensas, en especial por la de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque al igual que Dólar Futuro o Memorándum, el expediente por la obra pública en Santa Cruz necesitaría culpar por el supuesto delito a todos los diputados y senadores que aprobaron los presupuestos nacionales, los gobernadores de Santa Cruz que licitaban las obras y los diputados provinciales que también avalaban el presupuesto santacruceño. ¿Podía cuestionarse políticamente la decisión de enviar esos recursos a la patria chica de los Kirchner? Sí, por eso existe el recurso del juicio político en todas las democracias. Pero la derecha argentina lo que hace es transformar políticas públicas en delitos penales pervirtiendo el estado de derecho al máximo.
Vialidad está en manos del Tribunal Oral Nº 2. Su presidente es Rodrigo Giménez Uriburu. Al igual que el fiscal Luciani, el juez Uriburu es parte de la muchachada judicial que los fines de semana juega al fútbol en la quinta Los Abrojos del ex presidente Mauricio Macri. En los partidos se supone que todos estos jugadores evitan hablar de las causas que llevan adelante porque tienen un impoluto respeto por la división de poderes. El equipo de Uriburu se llama Liverpool y no por homenaje a John Lennon.
Comodoro Py está repitiendo la práctica que de mínima está aceitada desde las elecciones de 2011, cuando en el inicio del año electoral los diarios hicieron explotar la famosa causa Sueños Compartidos, por mencionar una.
El calendario del lawfare no falla, alcanza con mirar los diarios en los años electorales: Ciccone, Hotesur, Memorándum, y así sucesivamente. Como se prepara el árbol y los regalos para la fiesta de Navidad, un sector de la Justicia federal es un Papá Noel que trae su trineo cargado de una batería de causas armadas o reflotadas para regalarle a la derecha y arrojarlas como lluvia ácida sobre el kirchnerismo. El 2023 no será la excepción. La operación ya está en marcha.