El 9 de junio de 1956, el general de división Juan José Valle encabezó un levantamiento cívico-militar que terminó en una verdadera carnicería. La acción se caracterizó por su falta de coordinación, su improvisación y su permeabilidad a las acciones de inteligencia de la dictadura que por entonces gobernaba a la Argentina, y expresó ante todo el voluntarismo y la determinación de un grupo de heroicos militantes decididos a poner fin a las persecuciones, el silenciamiento y la represión que sufría el pueblo peronista.
La decisión de la dictadura encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas de fusilar a los participantes que cayeron en sus manos, aplicando retroactivamente la Ley Marcial que sancionó luego de los sucesos, invalidó su pretensión de autodefinirse como “Revolución Libertadora”. A partir de entonces, el campo popular la apodaría “Revolución Fusiladora”.
El baño de sangre con el que se pretendió en vano disciplinar al peronismo y que incluyó el martirio de Valle y de otros quince uniformados, a los que se agregó el fusilamiento clandestino de otros 18 civiles en las localidades de Lanús y José León Suárez, significaría uno de los momentos más tremendos y heroicos de la denominada “Resistencia Peronista”.
Los organizadores se alzaron espantados ante el espíritu revanchista y coercitivo que desplegó la dictadura de Aramburu y Rojas. Desde la supresión de la Constitución Nacional de 1949 en vigencia, la prohibición de todo símbolo peronista –desde cantar la marcha y utilizar su escudo hasta nombrar a Perón y Evita–, la liquidación de la Fundación Eva Perón, la censura periodística y la limitación de las libertades civiles hasta la persecución, las acciones violentas y el encarcelamiento de referentes, militantes y simpatizantes peronistas.
ACCIÓN ARMADA
Decidido a poner fin al sufrimiento de su pueblo, Valle encabezó un pequeño grupo que estaba convencido de que una acción armada, aunque limitada en un principio, podría convertirse en el disparador de un masivo levantamiento social. No compartía su opinión el general Perón, quien por entonces estaba exiliado en Panamá, por lo que les negó su apoyo. El expresidente estaba convencido de que una jugada de este tipo solo serviría para justificar un recrudecimiento de las acciones represivas de la dictadura, lo que efectivamente sucedió.
Alertada de la conspiración en curso, la dictadura obró en consecuencia. En la noche previa al levantamiento fueron apresados cientos de dirigentes gremiales, con el fin de aislarlo socialmente, pero no trató de impedirlo, ya que pretendía, como había alertado Perón, utilizarlo para justificar la posterior represión. Ese mismo día, Aramburu firmó el decreto 10.362, que instalaba la Ley Marcial, y dejó preparados los decretos 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364, sobre fusilamiento de los participantes, antes de viajar a Santa Fe. Los decretos, con numeración correlativa, se publicaron a posteriori en el Boletín Oficial.
Abortado antes de nacer, el levantamiento fue fácilmente controlado. Hubo algunos enfrentamientos aislados, en los que murieron cinco miltares entre ambos bandos. Ni siquiera la proclama revolucionaria que pretendían difundir, interfiriendo la transmisión radial de un match de boxeo por el título sudamericano entre el argentino Eduardo Lausse y el chileno Humberto Loayza, pudo difundirse, y solo se escuchó en la provincia de La Pampa.
LA REBELIÓN
Los participantes fueron atrapados en Campo de Mayo, el Regimiento II de Palermo, la Escuela de Mecánica del Ejército y el Regimiento 7 de La Plata, al no conseguir su objetivo de que las tropas se sumaran a la rebelión. Los civiles corrieron suerte similar en la localidad de Florida, en la provincia de Buenos Aires. En Rosario, los revolucionarios tomaron por varias horas el Regimiento hasta ser derrotados. Y también corrieron suerte similar quienes se sumaron en Rafaela y Viedma. La mayoría de los jefes de la sublevación fue detenida. Y Valle, quien había conseguido escapar, finalmente se entregó al capitán de navío Francisco Manrique a cambio de que cesara la represión y se respetaran las vidas de los participantes, compromiso que fue incumplido.
Pese a que la Ley Marcial fue sancionada luego de los sucesos, por lo que no debería haber afectado a los involucrados, el 10 de julio un Tribunal Militar realizó un juicio sumarísimo que dispuso la ejecución de once militares.
Asimismo, la dictadura dispuso que los civiles apresados fueran asesinados clandestinamente, acción que se encomendó a la Policía Bonaerense, que la puso en práctica en los basurales de José León Suárez. Fueron doce los detenidos a los que se les disparó con armas cortas, de los cuales cinco murieron y siete consiguieron sobrevivir.
El silencio de la prensa fue tal que lo sucedido solo comenzó a tomar estado público un año después, cuando el periodista Rodolfo Walsh publicó su libro Operación Masacre, en el que demuestra que los fusilamientos en los basurales ocurrieron antes de que se decretase la Ley Marcial.
La proclama revolucionaria expresaba el patriotismo y la sensibilidad social de los organizadores. Allí se afirmaba que el país “vive una cruda y despiadada tiranía”, que persigue, encarcela, confina y excluye de la vida cívica “a la fuerza mayoritaria”, para dar vida a una “monstruosidad totalitaria”. Se ha abolido la Constitución para posibilitar “la entrega al capitalismo internacional de los servicios públicos y las riquezas naturales”, mientras que se intenta someter por hambre a los obreros a la “voluntad del capitalismo” y “retrotraer el país al más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía”.
Tal como sentenciaba Rodolfo Walsh, “dicho en 1956, esto era no solo exacto: era profético”. Y permite explicar en gran parte el entramado de la historia argentina hasta nuestros días.