La sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue la gran victoria del feminismo de 2020. Sin embargo, el acceso al aborto legal varía de acuerdo al distrito. Según esta nueva legislación, tanto el sistema de salud público como el privado deben garantizar a mujeres y personas gestantes la interrupción del embarazo hasta la semana 14, sin trabas jurídicas ni causales, tan solo con el consentimiento de la paciente. La Argentina, como en otros aspectos, vuelve a mostrar su desigualdad demográfica dado que este derecho no se cumple en todas las provincias de la misma forma.
El caso de la provincia de La Pampa es particular, ya que adhirió en 2018 al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y así pudo garantizar desde el sistema de salud público y tomando el concepto de salud integral de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el acceso a este derecho desde antes de la sanción de la ley. Este fue el paso anterior que permitió que el sistema público de salud pudiese prepararse para garantizar las interrupciones, creando equipos interdisciplinarios de profesionales que acompañaron a las pacientes. Formados por médicas generalistas, ginecólogas, psicólogas y trabajadoras sociales, estos equipos, con base en los centros de salud de atención primaria y en el hospital Lucio Molas, recibían a mujeres, generalmente derivadas por socorristas o por algún allegado.
Durante 2021, la tasa de IVE en La Pampa por cada mil mujeres en período fértil fue del 12,18 por ciento, es decir que es la provincia donde se realizan más interrupciones en el sistema formal de salud del país, seguida por CABA, Tucumán y Jujuy. El año pasado se realizaron un total de 1.075 entre IVE e ILE en la provincia. La Pampa es, también, la cuarta provincia del país con menor porcentaje que embarazos no intencionales, por lo que puede establecerse una relación entre la decisión de las mujeres de acceder a un aborto y hacerlo en el sistema de salud, confiando en su funcionamiento, mientras que en otras provincias se registra una presencia más fuerte de grupos de activistas y socorristas.
El trabajo de las socorristas
Las Socorristas en Red son activistas agrupadas a lo largo del país que cumplieron un papel central en la divulgación de la información antes de la legalización. El miedo de ser encarceladas o sufrir algún tipo de maltrato o penalidad por acceder a un aborto en la ilegaldiad y clandestinidad se hacía más liviano gracias a mujeres militantes que orientaban y acompañaban a otras en la interrupción de su embarazo. Durante 2020, en la Argentina acompañaron a 17.534 personas, el 50 por ciento de las cuales se realizaron un aborto autogestionado, y el 37 por ciento, dentro del sistema de salud. En ese período aumentó notablemente el acompañamiento dentro del sistema, reflejo de la aplicación de protocolos de ILE. En la provincia de La Pampa, durante el 2020, socorristas hicieron el seguimiento de 222 interrupciones, de las cuales un 47 por ciento derivó en ILE en el sistema de salud público y un 40 por ciento lo realizó de forma autogestiva.
En el primer semestre de 2021, ya con la legalización del aborto, la red de socorristas acompañó a 5.614 personas, el 86 por ciento dentro del sistema de salud público y un 4,5 en centros de salud privados.
Dentro de la provincia de La Pampa, el testimonio de una socorrista refleja porcentajes similares: el acompañamiento a mujeres y otras identidades se da de mejor forma en el sistema público. Se puede ver un mayor compromiso en profesionales en el sector estatal que en las clínicas y sectores privados, además de la intimidación que aún genera la temática a la hora de consultar con un ginecólogo sin saber su posición.
Ailín forma parte de la organización de socorristas de Santa Rosa: “En el sistema de salud privado, hay una gran falencia en acompañamiento de abortos, hay muy pocos profesionales que acomapañen y ahora que es ley hay todo un tema con recetar bien la medicación para que las obras sociales lo cubran, es bastante engorroso”.
Los acompañamientos no se terminaron con la sanción de la ley, sino que siguen siendo parte fundamental para su cumplimiento, y continúan siendo el lugar amigable al cual recurrir cuando no se tiene conocimiento de cómo actuar.
Mareas de cambios
Otro de los cambios centrales que trajo la sanción de la ley es la forma en que las usuarias se acercan a la consulta, hay una transformación en la subjetividad que reconoce su derecho al acceso a un aborto, y aunque aún existen mandatos y prejuicios sociales, el proceso de cambio ya comenzó. Entrevistadas para la ocasión, una médica generalista de Santa Rosa, La Pampa, y una integrante de socorristas en red concuerdan en que las mujeres se acercan conociendo que existe una ley que les permite abortar, que se puede hacer con pastillas y no es necesaria una intervención quirúrgica en la mayoría de los casos.
Pilar Galende reside en La Pampa, es médica generalista y forma parte de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Ella brindó la posibilidad de acceder a una ILE desde antes de la sanción de la ley, junto con un equipo interdisciplinario, dentro del sistema de salud público pampeano. Según su testimonio, la sanción de la ley ayudó a descentralizar los casos que llegaban a unos pocos centros de salud, dando tranquilidad a algunos profesionales a la hora de poner su firma, al estar amparados por un marco legal.
Actualmente, las personas gestantes acceden en la provincia de La Pampa a una IVE hasta la semana 14 y pueden realizarse una ILE por causales desde la semana 15. La provincia pudo garantizar desde el minuto cero la aplicación de la Ley de IVE (27.610) gracias a las condiciones preexistentes, de las que fueron parte el Ministerio de Salud de la provincia, la Red de Socorristas, Profesionales por el Derecho a Decidir, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, entre otras organizaciones y profesionales que se comprometieron a que mujeres y disidencias pudieran acceder a un aborto. Antes de la legalización las interrupciones se realizaban de todos modos; este nuevo marco legal saca a esta práctica de la clandestinidad y permite a miles de personas acceder a este derecho sin miedo y sin el prejuicio y la condena de la sociedad.
La clandestinidad fue la norma hasta la aprobación de la ley, en diciembre de 2020. Muchas son las historias en clínicas privadas que ofrecían realizar abortos en las peores condiciones, esa es la pesadilla que se deja atrás. Lo que resta es la apropiación del derecho, y la exigencia de que en cualquier punto de la Argentina se acceda a una interrupción voluntaria del embarazo sin trabas, sin persecuciones ni penas a médicxs que aplican la ley, y que son quienes una vez más garantizan el derecho a decidir. La salida vuelve a ser colectiva. La conquista de la ley fue un paso fundamental, pero que aún necesita reforzarse con el compromiso de la sociedad y el apoyo del Estado, para que vivamos en un país más justo donde todas las personas tengan derecho a decidir sobre su cuerpo.