El pedido de prisión y proscripción para la vicepresidenta Cristina Fernández realizado por el fiscal Diego Luciani es el mayor retroceso de la democracia argentina desde 1983. No es un hecho fortuito. Es la culminación de un proceso que había comenzado antes de que se terminaran los doce años del ciclo kirchnerista y que se profundizó al máximo durante el gobierno de Mauricio Macri.
La gestión Cambiemos rompió el pacto de convivencia democrática que había regido la disputa política argentina desde el final de la última dictadura. Había peleas ancestrales en el PJ y la UCR, pero un piso de convivencia que Macri resquebrajó. Los denostados partidos tradicionales aceptaban que la disputa política se dirimía en las urnas. La proscripción del adversario era un límite que nadie cruzaba. Los políticos de ambos bandos no estaban dispuestos a ser comparados con los dictadores. Además de que varios habían padecido la dictadura de modo muy directo. Dos ejemplos: el ex presidente Carlos Menem estuvo preso durante esos años; una de las hermanas del radical Enrique “Coti” Nosiglia está desaparecida. En esa dirigencia que hoy podría llamarse “vieja política”, había un hilo conductor de respeto por el voto popular y la voluntad de las mayorías.
Este hilo fue cortado por la tijera del lawfare y el pedido del fiscal Luciani. Abundaron en estas semanas los artículos que intentaron comparar el amañado juicio por la obra pública de Santa Cruz con el histórico Juicio a las Juntas de 1985. La incalificable equiparación se explica porque la derecha argentina fantasea con que este sea un Nunca Más del peronismo, que encarna CFK. El deseo solo muestra qué pulsión autoritaria de la derecha argentina se ha vuelto a imponer.
La operación es de una gran torpeza política. Las elecciones del año pasado las ganó Juntos por el Cambio. Y hasta ahora, lo más probable es que pueda triunfar en 2023 también, con la ayuda inmejorable de una inflación que ronda el 80 por ciento anual. Durante años, el análisis político argentino sostuvo que en el transcurso el siglo XX las clases dominantes se recostaron en las fuerzas armadas para llegar al poder a través de los golpes de Estado. Lo hacían, según esta visión, por su incapacidad para generar un partido conservador con respaldo popular, a diferencia de lo que ocurría en Inglaterra, Estados Unidos y otras democracias occidentales.
En el siglo XXI, la derecha resolvió este problema con la creación de JxC. El radicalismo terminó subsumido en el PRO. El bloque de poder antiperonista, formado por los sectores más poderosos del negocio agropecuario, los grandes medios, el sector financiero, entre otros, tiene ahora una fuerza política con potencia electoral. Por eso es que la búsqueda de proscripción de CFK atrasa tanto. No es extemporánea solo respecto del avance democrático de la sociedad argentina sino de la evolución de la propia derecha local, que ahora gana elecciones.
El tiro por la culata
A regañadientes, la clase dominante argentina aceptó la vida democrática, pero hace años que tiene por objetivo que esa democracia no ponga en riesgo el “modelo” económico que intentan imponer. Luego de la reelección de CFK, en 2011, en los sectores del poder económico que intentan moldear la política nacional –en general sin demasiados resultados–, emergió la idea de que el objetivo debería ser crear un liderazgo peronista de centro-derecha que compita contra Cambiemos. Esta visión fue parida en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Consistía en respetar la competencia electoral pero que esa disputa fuera entre candidatos y no entre modelos de capitalismo. Una democracia relativa.
Con ese proyecto coquetearon varias figuras del peronismo, como Juan Manuel Urtubey. La piedra en el zapato era CFK. El kirchnerismo había creado ya una identidad política. Se había transformado en el peronismo del siglo XXI. Para reemplazar ese liderazgo había que destruirlo en el imaginario social. El 49 por ciento que consiguió Daniel Scioli en las elecciones de 2015, la Plaza de Mayo desbordada para despedir a Cristina y el retorno al gobierno cuatro años después muestran que el plan no funcionó.
A partir de 2018, cuando al gobierno de Mauricio Macri le explotó en la cara su propia política económica de especulación financiera, el proyecto de AEA giró. Ante la imposibilidad de evitar que el kirchnerismo represente a la mayoría de la base electoral peronista, la meta comenzó a ser sumarle a JxC una pata peronista. Producir un cambio en el gabinete del entonces gobierno de Cambiemos y poner a peronistas con peso territorial. En aquel momento Macri fue quien más se resistió y la idea nunca se plasmó.
Es el plan del que habla hoy el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Él lo define como “un gobierno del 70 por ciento”, dejando afuera el 30 por ciento que supuestamente representa el kirchnerismo. Es a lo que se refería Larreta en el Consejo de las Américas cuando habló de un gobierno de coalición. Luego, el embajador estadounidense, Mark Stanley, en una mezcla de confusión y pedantería imperial, pidió que comenzara ahora.
El pedido de Luciani ante el tribunal, ¿se enmarca en esta estrategia? Quienes están detrás del fiscal en las sombras, ¿suponían que con esto se iba a fortalecer el objetivo de quebrar al peronismo para que un fragmento se sume al proyecto de JxC? No es fácil responder estos interrogantes. Al igual que el Frente de Todos, el bloque antiperonista no es una estructura vertical en la que hay un plan trazado por un grupo y el resto sigue la hoja de ruta. Es más desordenado. Tal vez no había ningún cálculo político sobre el impacto del pedido de proscripción y doce años de cárcel para la vicepresidenta. Quizás haya sido motorizado solo por el odio irrefrenable y una idea equivocada de que Cristina ya no cuenta con un apasionado respaldo popular.
En cualquiera de los dos casos, las marchas que se multiplican en todo el país y la gran concentración que se prepara para mediados de septiembre son la prueba de que el pedido antidemocrático del fiscal fue un boomerang. El tiro les salió por la culata.