De tanto andar en tomas de tierras en el conurbano profundo, un día entendió que esa modalidad instigada por la urgencia y la necesidad no conseguía los objetivos propuestos, y se le reveló lo que le dictaba intuitivamente su propia historia familiar. Muchas, la mayoría de esas personas que lo seguían, provenían de desarraigos ancestrales, y aún mantenían saberes útiles en las labores y exigencias del campo, pero para nada valoradas en el nuevo contexto que les tocaba afrontar en las grandes ciudades.
Había que volver al campo, entonces. Había que generar un proyecto y buscar alianzas estratégicas y asesoramiento técnico para poner en marcha una utopía realizable.
Fue la génesis de La Marcha al Campo, que hoy tiene a Gustavo Rodríguez Karaman, coordinador general de la Asociación Civil Don Jaime de Nevares, como vocero y partícipe necesario. Desde hace dos décadas, instalado en Colonia Ferrari, Ruta 2 Kilómetro 70, en las inmediaciones de Las Armas, en el partido bonaerense de Maipú, trabaja en la producción agropecuaria con varias familias lugareñas asociadas en un emprendimiento piloto en tierras fiscales. Ningún hippie, Karaman habla con conocimiento empírico de suelos, aguas y cultivos. Ningún fundamentalista agroecológico tampoco, evalúa la aplicación de tecnología en relación con el medio ambiente y el rendimiento sustentable a largo plazo.
La idea de retomar vínculos con la tierra adquiere especial interés en este período intermedio de pospandemia, cuando se percibe como alternativa saludable descomprimir los grandes conglomerados urbanos, pero además propone, desde el tratamiento de un proyecto de ley, un perfil productivo con la ambiciosa meta de la creación de un millón de puestos de trabajo de manera directa e indirecta, a través de la producción y comercialización de bienes agropecuarios y el abaratamiento de costos para el consumo de los sectores populares.
“La gente no se va de los pueblos porque no tiene vivienda, sino cuando no tiene trabajo”, sintetiza Karaman, con raíces familiares en San Luis, abordando el trasfondo de la problemática y sus aportes para una reconversión paulatina, fomentada y dirigida desde el Estado nacional, para que el emigrado “vuelva al campo con oportunidades de trabajo”.
Según las cifras del Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002, existen casi cuatro millones de hectáreas de tierras fiscales cedidas bajo diversas formas (algunas de manera irregular), y todo eso sin contabilizar los bosques nativos, que no fueron motivo del relevamiento. Aunque en ningún caso los impulsores de la iniciativa alientan la mera distribución de parcelas con atisbos de “reforma agraria convencional, que termina fracasando inexorablemente cuando los hijos de los beneficiarios se van, malvenden las propiedades y así consolidan el régimen de grandes extensiones en pocas manos, que hoy por hoy, son los pools de siembra”, ilustra.
“La tierra fiscal es tierra pública, es decir, del Estado, y el Estado somos todos. No se regala, ni se vende ni se alquila”, pone de manifiesto.
En cambio, la entrega de tierras con fines productivos se concretará en la forma de comodato y por tiempo indefinido a los inscriptos en el programa, lo que permitirá la planificación a largo plazo, indispensable para asegurar su rentabilidad, en los plazos habituales del rubro agropecuario.
“En el campo, hay que pensar en ciclos de tres años para recaudar y reinvertir, y si el productor plantó mal o sufre dificultades por factores exógenos, puede perderlo todo”, señala Karaman.
Durante el período de reinserción o instalación, el Estado, a través de una Unidad Ejecutora, no solo financiará el programa con fondos del Presupuesto Nacional (que podrán absorver parte de los cuestionados planes sociales), sino que avanzará con “inversión en el mejoramiento de las condiciones de ruralidad” incluyendo infraestructura, vivienda, acceso a la educación y la salud.
La modalidad y los objetivos están contenidos en el proyecto de ley “Programa Nacional Marcha al Campo”, que en sus disposiciones generales promueve “un reordenamiento de tierras fiscales pertenecientes a todos los niveles estatales para posibilitar y fomentar el establecimiento de personas y familias argentinas o residentes en nuestro país que opten por instalarse en ellas y dedicarse a la producción de alimentos, a efectos de la movilización de la fuerza de trabajo y creación de empleo genuino”.
Los destinatarios del programa se pueden agrupar en tres categorías de sujeto: el desocupado rural, el emigrado con experiencia previa y todos aquellos que busquen nuevas oportunidades y requieran de capacitación. Para eso, se prevé como “indispensable” la articulación entre la Unidad Ejecutora y las universidades nacionales de todo el país, mediante convenios específicos destinados tanto a la capacitación de las personas y familias involucradas en el programa como al otorgamiento de becas de estudios para las y los más jóvenes.
El proyecto, que fue presentado hace dos años por un grupo de 32 legisladores y cuya portavoz visible es la diputada María Rosa Martínez (FdT-Buenos Aires), perdió estado parlamentario, sin llegar al recinto, por disidencias con la oposición y pese a las modificaciones introducidas. En esta nueva instancia, Martínez es cautelosamente optimista en el cambio de estrategia, realizando presentaciones en las provincias para captar el interés de los estamentos de gobierno y volver al Congreso con apoyos locales.
“Es un buen momento para llevarlo de nuevo. El proyecto puede leerse tanto como una respuesta a la encíclica papal Laudato Si, dedicada a temas ecológicos, como a la tasa de concentración en conurbanos que en nuestro país es una de las más altas del mundo”, especifica la legisladora.
Allá lejos y hace tiempo
Inspirador de esta lucha, el ingeniero Guillermo Gallo Mendoza es un veterano pofesional en la materia, egresado de la primera promoción de la carrera de Agronomía, con experiencia en la gestión publica. Como ministro de Asuntos Agrarios en la administración Bidegain de la provincia de Buenos Aires (1973-1974), desarrolló trabajos con los pequeños productores organizados en la activas ligas agrarias de aquel tiempo tumultuoso. Sus empeños también tuvieron posibilidades de aplicación en Salta, Santa Cruz y Córdoba.
El desplazamiento de Bidegain del gobierno provincial (en verdad, un golpe de Estado interno gestado por su vice) y el advenimiento de la dictadura pusieron a Gallo Mendoza en la urgencia de buscar otros aires. Contratado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), hizo pasantías en México, Honduras, Nicaragua, Panamá y otros países.
Recién con el regreso de la democracia, pudo reintegrarse plenamente a la vida política nacional, aportando desde donde más sabe. Hoy sigue colaborando con las provincias, “no con las gobernaciones”, aclara, con pizca de ironía.
De los nueve proyectos de ley en los que intervino como redactor o asesor, no se terminó de tratar ni uno solo, fiel reflejo de los intereses (y la miopía) de muchos sectores vinculados al sector. Sin embargo, a los 92 años, Gallo Mendoza no pierde la fe ni la salud.
“Si el Estado pasa a ser socio del productor, no se puede mentir en el costo de la producción que privilegia la exportación por sobre el mercado interno y se regula el uso de agroquímicos que producen alimentos a la larga perniciosos para la salud”, apunta.
Es objetivo del programa “la modificación de estructura de precios y establecer soberanía alimentaria para saber qué consumimos”, coincide Martínez.
Además, en el texto actualizado del último proyecto, se advierte: “No se trata de repetir estándares de marginalidad ni de replicar condiciones de vida que rasguñen la mera subsistencia en los ámbitos urbano y rural, sino la promoción y progresividad de mejores situaciones económicas”.
Está en sintonía con los dichos de Karaman, militante de tantas otras luchas populares desde la década del 70, para quien debe haber “tierra con gente y gente con tierra, porque amontonarse sin posibilidades de producción no soluciona nada”.