Malvinas forma parte de un sueño colectivo de soberanía, tan lejano como irrenunciable para el Estado argentino, aunque pasen los años y se sucedan estrategias muy distintas. Algunos gobiernos se han inclinado por estrechar el vínculo bilateral con el Reino Unido; otros apelan a la presión internacional. En el medio, se han logrado escasas pero valiosas conquistas trascendentales, como el trabajo humanitario para recuperar la identidad de los argentinos caídos en el conflicto, que pronto abrirá una tercera fase de cooperación.
Con su ascenso al poder en 2019, el Frente de Todos abandonó la línea de Juntos por el Cambio de aproximación a Londres bajo el llamado paraguas de soberanía –priorizando una agenda “omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial”, a la búsqueda de inversiones extranjeras– sintetizada en el acuerdo Foradori-Duncan de septiembre de 2016. La actual gestión retomó la línea de las administraciones Kirchner, al punto de restituirle al área diplomática el rango de secretaría y reposicionando la cuestión de la soberanía como prioridad en cualquier acercamiento con la potencia británica.
POLÍTICAS DE ESTADO
“Desde 1833, hay una violación sistemática por parte del Reino Unido del principio de integridad territorial. La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía de la Argentina sobre sus espacios territoriales es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, explica Guillermo Carmona, actual secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Y añade: “Tiene que ver con una política de Estado en tanto reconocer el modo de vida de quienes habitan las islas sin que eso signifique un derecho de autodeterminación porque se encuentra afectada la integridad territorial de nuestro país”.
En agosto de 2020, se aprobó la creación del Consejo Nacional de Malvinas, un órgano integrado por oficialismo y oposición y representantes de la sociedad civil para proponer líneas de acción al gobierno de turno. El objetivo es trazar políticas de Estado acordes al espíritu con el que se conformó, a través de reuniones periódicas, tanto de su plenario como de las comisiones en las que se subdivide. Su accionar es tan discreto que en 2021 se convocó 17 veces, pero solo se expidió a través de declaraciones referentes a la cuestión Malvinas en dos oportunidades, cuando sus integrantes lo juzgaron necesario.
A la par, el Consejo recomendó diversas políticas al Ejecutivo, algunas de las cuales avanzan con formato de ley. Como una norma de formación y capacitación obligatoria en todo lo referente al reclamo argentino sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes para funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado nacional, sin distinción de jerarquías. La iniciativa de la senadora fueguina María Eugenia Duré ya tiene media sanción del Senado.
También se le propuso al presidente Alberto Fernández la implementación de un puente aéreo humanitario con la aerolínea de bandera entre el continente y las islas para repatriar a los residentes chilenos que siguen varados allí desde marzo de 2020. El Gobierno argentino hizo público el ofrecimiento en dos oportunidades ante la falta de respuesta, por parte de Londres, a los pedidos para que se restablezcan las conexiones con Punta Arenas con dos escalas mensuales en Río Gallegos. Pero las autoridades británicas descartaron la oferta argentina y, en su lugar, avanzaron con Santiago por su cuenta.
Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el planteo argentino ha virado hacia estrategias que apuestan a diferenciar la postura de los países del bloque con particular incidencia a través de las embajadas, donde se reabrieron las comisiones de diálogo en torno de Malvinas. Son espacios donde se busca visibilizar el reclamo para sumar adhesiones políticas. En ese sentido, la misión en España ha sido una de las más activas, recolectando el respaldo de ex mandatarios del Partido Popular y del PSOE en favor de la Argentina.
Además, una de las áreas donde hay especial interés en incidir desde el Gobierno es en la denuncia por la militarización del Atlántico Sur por parte de Londres, así como con medidas que desalienten la sustracción de recursos naturales en el archipiélago, tanto en el plano hidrocarburífero como en la pesca ilegal, en violación de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que impide conductas unilaterales, como la emisión de licencias de largo plazo. En 2020, el Congreso incrementó por ley las multas contra los infractores en la zona económica exclusiva. Ahora se baraja apelar a la vigilancia satelital para extender su accionar sobre las aguas en disputa.
LAS GRIETAS MALVINENSES
La reanudación de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido, entre octubre de 1989 y febrero de 1990, se asentó sobre las Declaraciones Conjuntas de Madrid de esos años. En los papeles, constituían el reconocimiento oficial de ambos Estados a la existencia de una controversia que debía resolverse. Sin embargo, la postura británica no ha variado desde entonces, negándose en forma rotunda a reanudar las negociaciones pacíficas.
Hoy el examen anual de la cuestión Malvinas en el sistema internacional se encuentra en la órbita del Comité Especial de Descolonización. Y el actual gobierno ha llevado el reclamo hasta la Secretaría General de la ONU, a cargo de António Guterres, para reclamar sus oficios en la materia. A nivel político, la apuesta decanta por los foros globales, desde el Mercosur hasta la OEA, pasando por la Celac, la Cumbre Iberoamericana, el Grupo de los 77 + China y los sistemas de países africanos, asiáticos, de Medio Oriente y el Caribe.
La falta de resultados tangibles, sin embargo, abre miradas alternativas en el debate academicista en nuestro país, por ahora con más polémicas que consensos. El politólogo Vicente Palermo, autor de Sal en las heridas. Las Malvinas en la cultura argentina contemporánea, por caso, se muestra escéptico frente a la falta de resultados con la vía multilateral.
“Decir que las Malvinas son argentinas y nos apoyan las Naciones Unidas no es una política de Estado. Estas conductas se componen de un conjunto de ideas fuerza proactivas que van más allá de lo declarativo. En este caso, se debería empezar por construir una visión realista de la situación para pasarla, como posta, entre gobiernos diferentes”, indica.
A su entender, las iniciativas en este sentido en los años 60, los 90 y durante la gestión de Mauricio Macri, con mayor impronta en lo bilateral, buscaron abrir caminos alternativos al arbitraje, la guerra o la falta de resultados concretos de la multilateralidad. El problema radica en que nunca se continuaron e incluso se redujeron a caricaturas, como sucedió con los Winnie Pooh que el canciller Guido Di Tella obsequió a los isleños. Desde la orilla opuesta, en efecto, juzgan estas aproximaciones como concesiones unilaterales por parte de la Argentina.
Pese a la grieta, hubo una política que sí cruzó los cambios de colores políticos y rindió sus frutos, desde el gobierno de Cristina Kirchner hasta el actual: las dos fases del operativo humanitario acordado entre ambos Estados y la Cruz Roja Internacional para restablecer la identidad de los soldados enterrados en el cementerio de Darwin.
A mediados de marzo, se alcanzó un nuevo consenso para una tercera fase, que todavía debe planificarse. Esta vez, contempla la posibilidad de exhumar los restos de dos tumbas, en Darwin y la isla Borbón, que podría dar respuesta a las familias de los caídos en uno de los últimos vuelos de reconocimiento de los Lear jet argentinos, en junio de 1982. Una historia que también se funde con ese sentimiento perpetuo de pertenencia de esas islas a nuestra nación.