El peligro de la concentración de la información no es nuevo. En 1980, el premio Nobel de la Paz Sean MacBride alertaba en su famoso informe Un solo mundo, voces múltiples –impulsado por la Unesco– sobre las relaciones de poder que se tejen entre los sectores de la comunicación y la democracia como consecuencia de las presiones de las grandes corporaciones.
Sin embargo, una pandemia tuvo que traer consigo una infodemia para que entendamos aquello de lo que ya habíamos sido advertidos. La infodemia va desde la sobreabundancia de información con la que convive a diario el ciudadano que es bombardeado por miles de noticias, con la dificultad de encontrar fuentes y medios fiables, hasta la difusión de noticias falsas que son promovidas por intereses económicos y/o políticos que buscan ejercer poder de daño sobre una persona o actor de la sociedad. Todo esto ha generado una transición y un cambio de paradigma de la intoxicación informativa individual (infoxicación) a la epidemia informativa colectiva (infodemia). Es decir que ya no sólo un individuo se encuentra incapacitado para discernir entre la cantidad y calidad de la información como consecuencia de la avalancha mediática a la que se ve sometido, sino que toda la comunidad en la que se encuentra inmerso es víctima de la enfermedad digital.
Entonces, así como la concentración de las riquezas en pocas manos es la responsable de la pobreza, la concentración de licencias en los monopolios de la información es la culpable de empobrecer la cantidad de voces, atentando contra el derecho a libertad de pensamiento y expresión.
Como consecuencia de esta lógica corporativa que se vuelve hegemónica, se arrincona con mayor fuerza a los pequeños medios que luchan por la objetividad y la independencia, y se los obliga a apagar sus micrófonos como resultado de la acumulación del proyecto global, teniendo un efecto nocivo para una comunidad que necesita estar informada en los términos democráticos que garantizan la diversidad cultural.
La pandemia demostró la necesidad de que la ciudadanía pueda acceder a información veraz. En este sentido, volver a la cuestión del derecho a la información tiene que ver con la particularidad de comprender que la libertad de expresión conlleva en sí misma el derecho a expresarse pero también el derecho a ser informado.
DOS DIMENSIONES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Una de las contribuciones más destacadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de interpretación del derecho a la libertad de expresión, establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, fue la Opinión Consultiva 5 de 1985 sobre la colegiación obligatoria de periodistas. Allí se destaca lo señalado en el artículo 13, que establece literalmente que “quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a recibir informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales”, poniéndose así de manifiesto la dimensión individual y colectiva del derecho a la información.
En su dimensión individual, la libertad de expresión no se termina en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que plantea el uso de cualquier medio para difundir el pensamiento.
Por otro lado, en su dimensión social, la libertad de expresión es un derecho que garantiza el intercambio de ideas, informaciones, expresiones y pensamientos entre las personas. Implica el derecho de conocer todas las realidades y representaciones del mundo así como el derecho de comunicar opiniones. Tanto la dimensión individual como la social deben ser garantizadas al mismo tiempo. No sería correcto eliminar las informaciones falsas con el criterio de exigir la veracidad y conformando un régimen de censura, como tampoco sería correcto –según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-5/85 sobre la colegiación obligatoria de periodistas– que se formen monopolios que construyan noticias que sólo dañan lo establecido en el artículo 13.
Teniendo en cuenta estos elementos, ¿la función de los Estados consiste sólo en garantizar el derecho establecido en el artículo 13 evitando que se generen mecanismos de censura o, por lo contrario, tienen que promover la universalidad en materia de libertad de expresión garantizando la diversidad de voces y el pluralismo?
VOCES MÚLTIPLES
La desinformación se combate creando condiciones de acceso a la información verificables y aquí el Estado tiene un papel superlativo garantizando el pluralismo y la diversidad de las fuentes de información, permitiendo que distintas voces puedan expresarse más allá de la lógica monopólica del mercado que sólo busca la concentración de los medios de difusión.
Por ello, la función del Estado entonces no es la de restringir el derecho a la libre expresión, sino la de ampliar los medios de difusión para que las y los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a otras fuentes para contrastar y comparar aquellas noticias que han sido recibidas. Se requiere de un Estado que regule y que, como pasa en la mayoría de los países que habitualmente son tomados como ejemplo, lo haga evitando las grandes concentraciones, porque eso trae como consecuencia la imposibilidad de garantizar la pluralidad.
Cuando Sean MacBride escribía su informe, se refería a la preocupación por los problemas de la sustentabilidad de los medios, al rol que deben tener los Estados garantizando las instancias de pluralismo. El Estado se encuentra en la obligación de impedir que se lleve adelante cualquier tipo de régimen de censura que atente contra los principios de la democracia. Por el contrario, debe velar para que exista la posibilidad de acceder a diversas fuentes de información verificable, para que, con la misma velocidad con la que se propaga la infodemia, la ciudadanía tenga a su disposición un abanico de distintas interpretaciones de la realidad.
Por ello, el nuevo desafío es terminar de entender a la comunicación como un derecho y no como una mercancía sujeta a los vaivenes de la oferta y demanda del mercado. Sin duda, será difícil actuar desarmando esa lógica propia de un capitalismo cada vez más voraz, pero precisamente por eso el Estado debe procurar que la distribución no sólo sea de la riqueza, sino también de la información. Ya tenemos la vacuna contra el covid-19, ahora vayamos por la vacuna para poner fin a la infodemia.