La pregunta siempre llega en forma de aguijón: ¿Es posible aprender de la historia?
A cuarenta y seis años del asalto al poder que instauró la última dictadura cívico-militar, también las enseñanzas se transforman en justicia. Las macabras consecuencias que dejaron los genocidas de uniforme y los genocidas de saco y corbata, obligan a la prensa y a todos los ámbitos educativos a cumplir con nuestro principal papel: recordar aquella destrucción del país para que nunca más vuelvan a suceder ninguno de los actos de semejante barbarie.
La serie de juicios orales que se desarrollan hoy en buena parte de las provincias (en marzo de 2021 sólo en CABA y provincia de Buenos Aires se llevan adelante diez al mismo tiempo) responden a una etapa de juzgamiento reiniciada en 2003 que no tiene límites temporales, y que visualiza muchos años más de condenas a los autores de los crímenes más aberrantes.
Se trata de los espacios sociales y judiciales donde se expone con mayor dureza la consecuencia más dolorosa de la dictadura, las desapariciones. Allí, donde se ventilan los secuestros, las apropiaciones, los tormentos y la muerte, sobrevivientes, familiares y testigos se ponen por encima del horror para lograr que el compromiso de juicio y castigo a los culpables que gritaron las Madres y Abuelas sea una realidad. De aquel intento de olvido, o de reconciliación y perdón que pretendieron los militares y su cría civil (expresada hoy en mínimos ámbitos de la derecha nacional) no ha quedado casi nada.
El respeto a los Derechos Humanos, la sanción de leyes que incorporan las principales convenciones internacionales sobre el tema, el rechazo a todo tipo de golpismo, el abrazo a los pañuelos blancos por una mayoría de la sociedad, impide que avancen los vientos militaristas que soplan en otros países de nuestra América Latina.
¿Es un terreno donde se ha logrado una victoria contundente? Sí, pero ello no significa misión cumplida. Faltan miles de sentencias y miles de enseñanzas para que la tortura y los negacionistas no se cuelen por alguna hendija del mal.
LA PATA CIVIL DE LA DICTADURA
Pero son las consecuencias económicas de la dictadura las que aún sufrimos por obra de una idea implantada a sangre, fuego… y mucha prensa. Los perpetradores del plan lograron un avance significativo en la conciencia de millones que sucumbieron ante algunos pensamientos guías. “Achicar el estado es agrandar la Nación”, “la apertura externa es lo mejor para que funcione una economía”, “el endeudamiento externo no es malo” y otras consignas en ese sentido repetidas por predicadores del neoliberalismo aún permanecen, sobre todo en sectores de la clase media, impidiendo así que se consolide un pensamiento económico más solidario, con visión industrial y alejado de las especulaciones financieras.
Ejemplo de esa resistencia contra el accionar de los estafadores económicos es uno de los actuales juicios de lesa humanidad en Comodoro Py, que pone sobre la mesa el accionar delictivo de Juan Alfredo Etchebarne, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la dictadura, referente civil de la alianza asesina Martínez de Hoz-Videla.
El plan de exterminio que ambos idearon, y que se gestaba desde junio de 1975 en las reuniones que comandaba el abogado Jaime Jacques Perriaux, contemplaba aniquilar no sólo miles de mujeres y hombres de la militancia, sino toda conquista obrera que incomodara al gran capital. Buscaban consolidar su gran saqueo. Leyes laborales derogadas, convenios colectivos aplastados y salarios reducidos fueron las armas centrales de un proyecto que se llamó Proceso de Reoganización Nacional que al mismo tiempo buscaba sacarse de encima a una joven dirigencia sindical, antiburocrática, honesta y combativa, gestada en los calientes 60 y 70.
Rearmar aquellas corrientes de lucha aún es tarea enorme en el movimiento obrero. Jóvenes que hoy miran aquel espejo y buscan leer los textos y las conductas del sindicalismo guerrero de aquellos años, también pelean por llevar a juicio a los empresarios y jefes de personal y seguridad que confeccionaron las listas de trabajadoras y trabajadores llevados a las mazmorras de la dictadura.
Civiles impunes, todavía gozan de sus jubilaciones gruesas y sus prisiones domiciliarias lujosas.
Jueces y funcionarios de la dictadura que caminan perfumados por tribunales (Servini de Cubría, Pedro Hooft o el fiscal Fernández Garello de Mar del Plata), periodistas que participaron de la agitación de la represión (Chiche Gelblung, Joaquín Morales Solá, Jorge Fontevecchia) y una serie de personajes civiles que formaron parte del mecanismo del terrorismo de estado (el cura Emilio Grasselli, secretario de la Vicaría Castrense que les sacaba información a los familiares de los desaparecidos en la iglesia Stella Maris) difícilmente sean condenados por un sector de la Justicia que se puso una venda para procesar a todos los responsables civiles de la villanía 1976-1983.
Mientras el brazo militar y policial de la dictadura pasó y pasará por los juzgados y, en pocas cifras, por las Unidades Penitenciarias, el brazo político intenta mimetizarse desde 1984 enroscándose en los pliegues de distintos partidos políticos del centro a la derecha. En un momento se la llamó “la cría del Proceso” y, en su staff principal, contenía no sólo los más de 600 intendentes civiles que algunos partidos “prestaron” a los dictadores ( la Unión Cívica Radical puso 310, la Democracia Progresista, 109, el MID 94, la Fuerza Federalista Popular de Manrique 78, el Movimiento Popular Neuquino 23 y el Partido Intransigente 4) sino una serie de profesionales que aportaron lo suyo a la construcción del país occidental y cristiano que aborrecía al peronismo, al socialismo, al comunismo, al marxismo, al progresismo y a cuanto ismo humanista levantase banderas de solidaridad. Nunca olvidemos, por citar un caso, que el aún consultado ex ministro del menemismo Roberto Dromi fue intendente de la dictadura en Mendoza.
Menuda y compleja tarea la que cobija nuestra joven democracia: hacer Justicia con los autores de los crímenes es la primera. Colocar, en base a la memoria, cada cosa en su lugar y darle a cada apellido lo suyo, la segunda. Y en la lista asoman tareas: derogar todas las leyes aún vigentes de los años del terror (Ley de Entidades Financieras, Ley que permite al Ejecutivo vender tierras fiscales), luchar contra el negacionismo y forzar a quienes aún no han realizado su autocrítica a pedir perdón por tanta imbecilidad que apoyó a los desaparecedores. Fuimos una sociedad con venda, pero muchas vendas las elegimos nosotros.
La brecha cada vez mayor entre las generaciones que vivieron y sufrieron la dictadura y quienes hoy son nietos o bisnietos de una multitud protagonista (la fiesta de todos del Mundial 78 existió y las celebraciones de Malvinas también), expone el compromiso de informar, difundir, enseñar y filosofar de todas las maneras posibles sobre un espanto que no debe repetirse.
Romper el silencio debe ser cuestión de todos los días y no sólo de los 24 de marzo.