El 6 de septiembre de 1930 un golpe militar, encabezado por el general José Félix Uriburu, dio inicio a una larga etapa de inestabilidad institucional en la Argentina, que se extendería durante más de cinco décadas.
Al golpe se le han atribuido causas políticas, económicas, sociales y hasta morales. Pero no hay controversias sobre su factor desencadenante: el proyecto de nacionalización y monopolio estatal de los recursos petrolíferos propiciado por el gobierno de Yrigoyen, en el contexto de crisis internacional provocado por la caída de Wall Street de 1929. Por esta razón, sus contemporáneos no dudaban en afirmar que “el golpe del 30 tenía olor a petróleo”.
El golpe del 30 incluye su propia crónica de una muerte anunciada. Los rumores sobre la decisión de los sectores más acomodados de la oligarquía argentina de someterse a las presiones de la Standard Oil (ESSO) para impedir un retorno a la presidencia de Hipólito Yrigoyen circularon profusamente ya durante la campaña presidencial. No era un secreto su intención de salvaguardar los intereses nacionales e impulsar una política social de pleno amparo de las clases subalternas. Según Roberto Etchepareborda, historiador, diplomático y canciller durante el gobierno de Arturo Frondizi, “esta acción debía alarmar a las fuerzas conservadoras, que comprendiendo que ya era imposible esperar una solución electoral, optaron por una política de fuerza. En 1927, uno de sus principales voceros expresó: ‘Ayer fueron los alquileres, hoy es el petróleo, mañana será la propiedad rural amenazada de ser distribuida’”.
La contundente victoria obtenida en las urnas –con el 61,69 por ciento de los sufragios– postergó tal determinación por casi dos años, que fueron utilizados por los medios de prensa más poderosos para generar un clima destituyente, denunciando sistemáticamente la escasa efectividad del gobierno popular, la declinación intelectual del presidente, la corrupción que se desplegaba en su entorno y hasta ponían en cuestión el propio sistema democrático, asociándolo con la demagogia.
LOS INTERESES EN JUEGO
Varios factores coadyuvaron para minar el consenso social del gobierno radical. El más importante fue el impacto causado por las consecuencias de la crisis de 1929 y la inmediata depresión que provocó, que aniquiló el amplio apoyo popular que había caracterizado hasta entonces al liderazgo de Yrigoyen. Ante la significativa disminución en las exportaciones y la fuga de capitales que provocó la crisis, el gobierno decidió disminuir considerablemente el gasto público. Así, al feroz desempleo en el sector privado –uno de sus primeros coletazos– se sumó el retraso en el pago de los sueldos a la administración pública, la lentitud para cubrir las vacantes y la decisión de despedir empleados públicos. La estructura clientelar pacientemente tejida por el anciano caudillo prácticamente colapsó.
Para tratar de paliar la grave situación, el gobierno de Yrigoyen impulsó la negociación de acuerdos comerciales con la URSS, en busca de nuevos mercados. Esta decisión incrementó la presión de las petroleras estadounidenses para acelerar el golpe en ciernes. No es casualidad que las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Uriburu fuesen la destitución del general Mosconi de la presidencia de YPF y la designación de varios empleados caracterizados de la Standard Oil –y sus subsidiarias– en el ministerio público. Así, Octavio Pico y Horacio Beccar Varela (Refinería El Cóndor) ocuparon las carteras de Obras Públicas y de Agricultura. Ernesto Bosch, presidente de la filial argentina de la Anglo-Persian Oil (British Petroleum), fue puesto a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y Matías Sánchez Sorondo, abogado de la Standard Oil, se hizo cargo del Ministerio del Interior. Inmediatamente, el proyecto de nacionalización y monopolio estatal de los recursos petrolíferos fue archivado y se confirmaron las concesiones de la Standard Oil en Salta.
La imagen de Yrigoyen se desplomó incluso entre los sectores populares y estudiantiles que habían sido tradicionalmente su principal respaldo. La declinación de su salud le exigía tomar reiteradas licencias, y el desempeño del vicepresidente, Enrique Martínez, y del ministro del Interior, Elpidio González, merecían calificaciones de incapacidad o directamente complicidad con el golpe, al no haber tomado medida alguna para evitarlo.
LA INAUGURACIÓN DE UNA TRADICIÓN
Otros dos actores políticos fueron determinantes: los partidos políticos y la corporación militar. “Las fuerzas conservadoras –apuntaba el historiador Ricardo Ortiz–, ya sea por medio de sus propios elementos o mediante los sectores del radicalismo cuya concepción les era favorable, habrían de apurar el proceso que traducía aquella división y tratarían por todos los medios de tomar el gobierno o de mantenerse en él”. La división interna que experimentaban por entonces la UCR y el Partido Socialista y la acotada actividad legislativa que se registraba estimularon la ambición oligárquica de retornar a una Argentina “atendida por sus propios dueños”.
En el caso de la corporación militar, el descontento no cesaba de incrementarse a partir de la insistencia del gobierno en involucrarse en su interna, manipulando ascensos y destinos, y desplazando a las jefaturas que habían acompañado la gestión de Marcelo T. de Alvear.
Este combo explosivo se completó con un irrefrenable avance de un discurso nacionalista que definía a la democracia como “la dictadura incontrolable de la chusma y de los demagogos”, y que encontró la adhesión inmediata de los principales medios de prensa, sectores medios y altos y de la corporación militar. Tal como sucedía en el continente europeo, grupos parapoliciales –como la Liga Republicana– generaban violencia y caos en las calles, tratando de instalar la idea de desgobierno, que luego multiplicaba la prensa oligárquica presentando al Ejército como el indicado para pasar a la acción, superar la crisis y regenerar los valores destruidos por la “demagogia” plebeya.
Si bien estaban dadas las condiciones para el golpe, con la correspondiente bendición de la Sociedad Rural Argentina, la mayoría de los generales era reacia a tomar la iniciativa. Quien no dudó fue el general José Félix Uriburu, que por entonces no tenía tropa a cargo. Respaldado por nacionalistas, conservadores y militaristas, Uriburu declaró que su plan consistía en “hacer una revolución verdadera que cambie muchos aspectos de nuestro régimen institucional, modifique la Constitución y evite que se repita el imperio de la demagogia que hoy nos desquicia. No haré un motín en beneficio de los políticos, sino un levantamiento trascendental y constructivo con prescindencia de los partidos”.
El 6 de septiembre de 1930, la Argentina fue víctima del primer golpe de Estado, una práctica que se reiteraría durante los siguientes 53 años. Profesores y alumnos del Colegio Militar de la Nación fueron sus instrumentos, mientras que Yrigoyen no atendía los llamados de varios generales que se ofrecieron a salvaguardar la democracia. Las consecuencias de esa acción siguen vigentes en nuestro presente.