En el pabellón séptimo de la cárcel de Villa Devoto, el 14 de marzo de 1978, se cometió una masacre. Durante casi cuatro décadas se conoció como “el motín de los colchones”, como si hubieran sido los colchones de gomaespuma, esos que provocan un humo negro, denso y mortal, los responsables de las muertes de sesenta y cinco presos de los llamados “comunes”. Recién en 2014, y luego de la iniciativa de un grupo de sobrevivientes, familiares, abogadxs y organizaciones, logramos que se declare esa masacre como delito de lesa humanidad. La primera vez que nos presentamos ante el Poder Judicial, dijimos que la cárcel es un territorio, como lo es una fábrica, un barrio, una escuela, una universidad, y que en ese territorio la dictadura había desplegado toda su furia represiva ese 14 de marzo, a un mes y medio del Mundial, para que ni la más mínima desobediencia empañara “la fiesta de todos”. En la cárcel viven personas, no monstruos. Y lo que habitualmente se llama “motines” son reclamos no escuchados, pequeñas rebeldías aplastadas con represiones desmedidas y brutales. Y en la inmensa mayoría de los casos, las únicas víctimas son quienes están privados de libertad.
El 24 de abril pasado, en la misma cárcel de Devoto -la única que queda en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la que Horacio Rodríguez Larreta quiere tirar abajo para hacer negocios inmobiliarios y la que está señalizada en la entrada con un cartel gris que indica que allí se cometieron delitos de lesa humanidad- hubo ruidos de masacre otra vez. Pudimos evitarla, pero los hubo. Decenas de presos se subieron a los techos. Dos de ellos cayeron con balas de plomo que se están investigando. Uno se resbaló y se fracturó un tobillo. Los tres, al ingresar a hospitales públicos, fueron diagnosticados con COVID19, es decir: el ciento por ciento de los presos testeados, sin síntomas, resultó positivo. Justamente, los techos fueron tomados ese día porque sabían que el virus ya había entrado a la cárcel, afectando a parte del personal sanitario, pero no lograban que se atendiera su situación, como las de otras cárceles federales y provinciales, en el marco del conjunto de políticas de cuidado establecidas por el gobierno nacional y lo de cada jurisdicción desde que se declaró la emergencia sanitaria el 12 de marzo.
Esa fue también la demanda de un conjunto de organizaciones, entre las que se encuentra el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), una vez que comenzó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO): ¿Cómo se traducen las políticas públicas de prevención y de cuidado en el mundo del encierro? Solemos mencionar solo las cárceles, pero el encierro se extiende a otras instituciones como comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos, centros de atención para personas con adicciones, hogares para niñxs.
Cárceles y pandemia
En el ámbito penitenciario, las dos medidas específicas que se tomaron desde el 12 de marzo fueron notoriamente regresivas, es decir, se retrocedió en derechos adquiridos: se suspendieron las visitas de familiares, con el argumento de la necesidad de impedir el traslado masivo de visitantes y de evitar riesgos de contagio a partir de su contacto con las personas privadas de libertad. Sin embargo, el personal penitenciario no fue acuartelado, y siguió entrando y saliendo de sus lugares de trabajo, en contacto permanente con las personas detenidas. Por otra parte, la falta de visitas supuso un agravamiento objetivo de las condiciones de detención, porque es la visita -un colectivo predominantemente femenino- la que garantiza cosas básicas como una alimentación digna, el acceso a ropa limpia y elementos de higiene personales y para los lugares de alojamiento. Se suspendieron las salidas transitorias, de las que puede gozar una persona privada de libertad una vez que cumple la mitad de su condena y cumple una serie de requisitos como tener altas calificaciones de “conducta y concepto” (en la cárcel, cada tres meses, presos y presas reciben una especie de boletín escolar en el que se les ponen notas por cómo se portan -conducta-, y cuál es el “pronóstico de reinserción” -concepto-) y un informe criminológico favorable del Servicio Penitenciario. En el ámbito federal, sobre un total de unos trece mil presos, al momento de tomar esa determinación los jueces de ejecución, solo unos trescientos presos en todo el país -las cárceles federales están en casi todas las provincias argentinas- tenían ese tipo de salidas. En vez de de dejarlos continuar la cuarentena en sus casas, los devolvieron a la cárcel.
El 15 de marzo, desde el CEPOC, dijimos cuál era nuestra opinión en cuanto al modo en que las políticas implementadas por el gobierno nacional debían traducirse en el mundo del encierro carcelario: “A los y las presos jurídicamente inocentes, es decir, con prisión preventiva: mandenles a casa. A los presos en términos de libertad condicional y asistida: mandenles a casa. A los presos en grupos de riesgo (mayores de 60, mujeres privadas de libertad con sus hijes y embarazadas; personas con afecciones coronarias y respiratorias): mandenles a casa. A los presos con salidas transitorias: dejenles en casa hasta que termine la emergencia”. Terminábamos diciendo: “Y, para las personas que queden aún privadas de libertad, incorporarlas a todo proyecto productivo que facilite sus prontas posibilidades de reinserción. La cárcel es un territorio, como cualquier otro, venimos diciendo desde que comenzamos la lucha por la Masacre en el Pabellón Séptimo. Y en ese territorio viven miles de personas -presxs, personal penitenciario, docentes, profesionales, visitantes- a quienes hay que proteger”. Nada de eso se hizo, y cuando las cámaras de casación federal, nacional y provincial avanzaron tímidamente en establecer grupos más o menos similares a esos, con el agregado de los condenados a penas menores de tres años, el periodismo y la oposición -y una parte del oficialismo también- carroñearon transformando lo que debía ser una política de índole sanitaria en un “festival de libertades de violadores”.
El 24 de abril, desde el CEPOC participamos como garantes de la mesa de diálogo en Devoto junto con la Asociación de Familiares en Cárceles. Contribuimos a evitar una nueva masacre, pero no hemos logrado todavía que la cárcel y las personas que allí viven sean vistas como parte de la comunidad. Al día de hoy, esa batalla continúa.