Vista a la distancia, la presidencia de James Carter (1977-1981) es una anomalía en la tradición política contemporánea de los Estados Unidos.

Nada en la memoria histórica latinoamericana podía hacer prever que un presidente estadounidense soñara con una política exterior basada en los derechos humanos, que calificara a la CIA como una “vergüenza nacional” y criticara la ayuda militar intervencionista en otros países.

Todo lo contrario. América latina tenía registradas decenas de miles de invasiones militares estadounidenses que buscaban domesticarla (sólo entre 1869 y 1897 se contabilizaron 5.980 embestidas con naves de guerra); permanentes golpes de Estado diseñados en Washington para instalar gobiernos obedientes, e imposiciones económico-financieras brutales para favorecer a las multinacionales estadounidenses.

Y, sin embargo, sucedió. “En 1977 asumió un mandatario que pretendía devolverle la ética a una Casa Blanca desprestigiada por el caso Watergate y los escándalos de la CIA. Carter quería devolverle a su país eso que llamaban la ‘esencia del norteamericanismo’ –asegura el historiador Pablo Pozzi– y, en ese contexto, la política de derechos humanos era central.” Pozzi estuvo exiliado, durante la dictadura de los años 70, en EE.UU., es titular de la cátedra de Historia de EE.UU. en la Universidad de Buenos Aires y PhD en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York.

MILITANCIA EN EL EXILIO DEL NORTE

Por otra parte, la frase tiende a un constante movimiento de balanceo, de modo que ningún “Había argentinos, chilenos e incluso militantes de otros continentes que realizábamos actos juntos, militábamos y, sobre todo, apuntábamos a presionar al Departamento de Estado para hacer valer esa ventana que había abierto la política de derechos humanos de Carter”, recordó Pozzi. “Yo recorría todo EE.UU., desde Nueva York hasta San Francisco pasando por muchísimos pueblitos. En algunos había un auténtico interés por lo que pasaba con las dictaduras latinoamericanas. En Cleveland, Ohio, o en pueblos más chicos, de repente venían cien personas a escucharnos y los medios locales nos entrevistaban. Pero a la media estadounidense no le importaba si el dictador Pinochet era un asesino o si en la Argentina se torturaba a los presos. Lo que los espantaba era que la Casa Blanca usara la plata de los impuestos para asistir a esos dictadores”.

Durante su gobierno, Carter aprobó una ley por la cual antes de dar ayuda al exterior o vender armas hacía falta la aprobación de la nueva Secretaría de Derechos Humanos. Patricia Derian ocupó ese cargo y su papel en el esclarecimiento del genocidio argentino fue admirable. En 1985, ella declaró como testigo en el histórico Juicio a las Juntas, y en 2006, el presidente Néstor Kirchner le otorgó la máxima condecoración que brinda la Argentina a un extranjero, la Orden del Libertador General San Martín, justamente en reconocimiento por su papel a favor de los derechos humanos en nuestro país.

“Las acciones de Patricia Derian fueron muy importantes –continúa rememorando Pozzi–, lo mismo que la visita del entonces secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance. Él trajo la lista de las víctimas de la represión y se reunió con las Madres. La Comisión Argentina de Derechos Humanos había abierto una oficina en Washington con apoyo en Nueva York y en California. Al frente de esa oficina estaban el argentino Horacio Lofredo y Olga Talamante, mexicano-estadounidense que había estado presa en nuestro país. Todos los 24 de marzo se hacían movilizaciones en las calles frente a la embajada argentina en Washington y frente a los consulados en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. El ex presidente Carter lo permitía. El Consejo Nacional de Iglesias de EE.UU., incluso, en aquel momento, aprobó un financiamiento bastante importante para las cuestiones de los derechos humanos en la Argentina e incluso para las Madres de Plaza de Mayo”.

LA ANOMALÍA CARTER

Cómo se explica que en un país básicamente violento, expansionista y construido sobre la idea de la “excepcionalidad” (es decir, que se autoasigna un lugar especial en el sistema mundial y por eso se siente con derecho a actuar por encima de las leyes internacionales) haya surgido un gobierno como el de James Carter?

En 1973 la economía de EE.UU. estaba estancada y había inflación. Para 1971 ya era obvio que no podían cumplir con los compromi- sos asumidos al terminar la Segunda Guerra Mundial y el entonces presidente Richard Nixon decidió unilateralmente terminar con la convertibilidad oro/dólar. Poco después, tuvo que renunciar por un escándalo de espionaje conocido como Watergate. La guerra de Vietnam era cada vez más cruenta y más resistida por los estadounidenses. En 1971, el ex analista militar Daniel Ellsberg (el Edward Snowden de la época) dio a conocer los Papeles del Pentágono, donde se denunciaban las mentiras gubernamentales sobre la guerra y las atrocidades que cometían los militares estadounidenses.

En ese contexto de profundísima crisis de legitimidad, se necesitaba que la ciudadanía volviera a confiar en la Casa Blanca. “Ahí surge Carter, un político católico, ético, que plantea limpiar, transparentar. Era la política que necesitaban los sectores dominantes de EE.UU. en un momento tan conflictivo”, analiza Pozzi. “Luego vendrá una dura campaña mediática que empezó a instalar la idea de que EE.UU. estaba perdiendo prestigio y liderazgo, lo que dio pie para barrer a los sectores de izquierda y liberales al viejo estilo (luchadores por los derechos cívicos, etcétera)”.

La política de derechos humanos dejó de ser una herramienta contra las dictaduras y pasó a ser utilizada como arma para demonizar países o presidentes que no se someten a Washington. “Surgieron una serie de organismos, como Freedom House, vinculados con la CIA, que miden el índice de libertad en el mundo y que deciden que el país con mayor libertad después de Estados Unidos es Israel”, asegura Pozzi. Con Libia, con Siria y ahora con Venezuela y Cuba, el argumento de los derechos humanos es usado por EE.UU. para imponer su poder imperial.