Entre el 12 y el 18 de agosto de 1959, en la ciudad de Santiago de Chile, se llevó adelante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la cual, en su apartado VIII, resolvió: “Crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos encargada de promover el respeto de tales derechos”, entendiendo que se encontraba “preparado el ambiente en el hemisferio” para dicha creación. El Acta Final fue firmada por 21 ministros representantes de los países miembros.
Sin embargo, es necesario retroceder aún más en el tiempo para describir la génesis de este órgano. Según Esmeralda Arosemena de Troitiño, jurista panameña y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), los estados comenzaron a realizar esfuerzos para contar con un orden internacional regional a partir de 1890: “Allí, creada la Unión Panamericana, se fueron generando importantes acciones para atender especiales situaciones sobre los derechos humanos, destacando el tema de las solicitudes de asilo. Posteriormente, como resultado de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, se redoblaron los esfuerzos y la región adoptó la Carta de la OEA, constituida en 1948, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como un primer instrumento multilateral de derechos humanos en el mundo”.
Por su parte, Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerda sobre la creación de la CIDH: “Las dictaduras de esa época eran demasiado caricaturescas y, si bien algunas perduraron con los años, la presión internacional en su contra fue muy fuerte. Se trataba de modelos obsoletos, con ribetes dramáticamente ridículos. Todavía no había comenzado la era de la ‘seguridad nacional’, que fue un nuevo modelo dictatorial. Ese era el clima de la época, se hacía intolerable pretender en el mundo bipolar que la lucha contra el comunismo era por la democracia, cuando quienes llevaban adelante esa lucha apoyaban o toleraban en silencio dictaduras tragicómicas de semejante grado de brutalidad, arbitrariedad y ridiculez”.
Empero, más allá de los antecedentes con los que contaba el continente americano, la creación de la CIDH responde a un contexto regional particular de la época: por un lado, la existencia de una tensión internacional que vivían entre sí algunos países del continente, y, por otro, la lectura que realizaban ciertos miembros de la Organización sobre la Revolución cubana, consagrada apenas ocho meses antes. El primero de los puntos no fue invisibilizado en el Acta de 1959, por el contrario, se dejó constancia de la tirantez regional y se resolvió llamar a los pueblos y a los gobiernos de América para que “depongan toda actitud que pueda comprometer la paz y la seguridad, a fin de permitir la restauración de la armonía”. Bajo ese contexto, un número significativo de países del continente evaluaba la importancia de dar efectividad a las libertades fundamentales para el ejercicio democrático y consolidar la concordia entre las repúblicas americanas.
LA COMISIÓN, LA CORTE Y EL SISTEMA
La CIDH es un órgano autónomo de la OEA, con sede en Washington, cuya función principal es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente americano y de servir como órgano informativo en esa materia. Está integrada por siete miembros propuestos por los países partes, y elegidos posteriormente por la Asamblea General de la OEA, con mandato de cuatro años.
A su vez, la CIDH junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conforman el Sistema Interamericano encargado de esta materia dentro del continente. Mientras que la primera tiene un carácter más diplomático y de estimulación, promoción e información, la segunda funciona de manera consultiva y contenciosa para con los estados miembros.
Eli Gomez Alcorta, abogada penalista especialista en derechos humanos, sostiene que la CIDH siempre debe ser analizada dentro del Sistema Interamericano: “La Comisión es una salvaguarda que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente los abogados que acompañamos la defensa de DD.HH., en el momento en que tu país te cierra las puertas. Sin embargo, hay que decir que en la práctica no es sencillo acceder a estos órganos. No todas las peticiones enviadas son tratadas, seguramente, por la cantidad de casos que reciben a diario. Más allá de esto, para la Argentina ha sido siempre una guía fundamental tanto en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como de Memoria, Verdad y Justicia, y de graves violaciones a los derechos humanos”.
Sin duda, para nuestro país, la participación más recordada de la Comisión será aquella que permitió, tras la visita en 1979, difundir en el exterior las continuas y atroces violaciones a los derechos humanos ejecutadas por parte de la última dictadura cívico-militar. Algo similar ocurrió a lo largo del continente con las visitas a Chile por las violaciones bajo el régimen de Augusto Pinochet, a Nicaragua durante la dictadura de Anastasio Somoza y a Perú bajo el mandato de Alberto Fujimori, entre otras. Esta situación de emergencia y gravedad en la región obligó a la Comisión a desarrollar herramientas no previstas en la normativa, para marcar su presencia en los terrenos y definir su rol como una fuerte voz de alerta temprana frente a la comunidad internacional. “Estas y otras actuaciones fueron colocando al organismo como un guardián imprescindible en la tutela de los sistemas democráticos latinoamericanos”, agrega Arosemena de Troitiño.
El prestigio acumulado por la CIDH, debido a sus informes durante los distintos gobiernos dictatoriales en América latina, es mayormente conservado hasta la actualidad, y acudir a este órgano, una vez agotadas las instancias dentro de los respectivos países, es cada vez más constante. Esto puede visualizarse en el Informe Anual 2018 emitido por el organismo, donde figura que la cantidad de peticiones recibidas en el último año fue de 2.957, un 18 por ciento más que en 2017 y la cifra más alta desde que se cuenta con registros. Del total de las solicitudes, 139 pertenecen a la Argentina, que ocupa el sexto lugar (de 21), luego de México, Colombia, Nicaragua, Perú y Brasil.
Una de las peticiones aceptadas a nuestro país en los últimos años fue el caso de la dirigente social Milagro Sala. Gomez Alcorta, parte de su equipo de defensa, recordó: “Fue una experiencia muy grata. Primero, por el resultado de la Comisión y de la Corte IDH, y segundo, por el trato directo que hemos tenido con los comisionados Francisco Eguiguren y Esmeralda Arosemena de Troitiño. Estuvieron con nosotros dentro del penal de Alto Comedero, muy interiorizados y con muchos gestos de humanidad para con Milagro. Esto no es común, frente a la poca sensibilidad y distancia que suelen proponer los judiciales. Para nosotros, el rol de la CIDH fue y seguirá siendo muy importante, más allá del intento de este gobierno de cerrar la obligatoriedad de las sentencias de la Corte y de los informes de la Comisión”.
Como contrapunto, durante los últimos años, la CIDH enfrentó duros ajustes presupuestarios, llegando a su punto más crítico en 2016, cuando James Cavallaro, su anterior presidente, debió salir a pedir públicamente aportes para rescatar al organismo. El financiamiento proviene de un presupuesto regular por parte de la OEA, de aportes de sus países miembros y de colaboraciones voluntarias de países del continente europeo. En aquel momento, Cavallaro afirmó que la Argentina estaba aportando mucho menos dinero que lo que hacía anteriormente, y remató: “Que Mauricio Macri sea coherente con sus declaraciones de defensa de los derechos humanos y apoye a la Comisión”. Según la presidenta actual, esta crisis fue parcialmente superada por la modificación del presupuesto anual proveniente de la OEA, sin embargo, no es un tema totalmente resuelto: “Sabemos que las cuotas de los países aportantes son un asunto nacional, pero llamamos a todos los estados a reconocer el trabajo y los logros alcanzados en estos 60 años de vigencia, al cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a mantener los ideales que inspiraron la creación de la Comisión”.