Por Ernesto López. Director del Instituto de Problemas Nacionales (Unla). Profesor consulto (UNQ). Ex embajador en Haití, Guatemala y Belice
Le tocó a Raúl Alfonsín gestionar el retorno a la democracia luego de la feroz dictadura que llevó adelante un brutal terrorismo de Estado e impulsó una guerra, finalmente perdida, que acarreó una densa carga de consecuencias potenciales. Esa derrota generó una transición por colapso que, a diferencia de casos como los de Brasil y Chile –que tuvieron transiciones pactadas con los militares–, dejaba un alto margen de indefiniciones y por lo mismo de libertad de acción (y resistencia) tanto a los actores políticos cuanto a los uniformados. Tenía, sin duda, una misión difícil en sus manos.
La readecuación de los militares a la vida democrática y el manejo judicial de ese pasado terrible fueron dos cuestiones clave de su gobierno; como es comprensible, ambos asuntos se interconectaban. En un momento inicial, Alfonsín procuró que el enjuiciamiento de las tres primeras juntas militares que habían liderado el llamado Proceso fuera tramitado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Fracasó debido a la interesada incuria de este, que le daba largas a una decisión. Pasó entonces a una Cámara Federal que se comportó muy dignamente y libró un histórico fallo condenatorio el 9 de diciembre de 1985.
En procura de frenar el descenso judicial a lo largo de la cadena de mandos, el gobierno intentó dos maniobras limitantes: estipular una fecha tope de recepción de denuncias en los juzgados y la aprobación de la Ley de Punto Final, en diciembre de 1986, que fracasaron. En Semana Santa de 1987, se produjo el primer levantamiento de los “carapintadas”, militares que se oponían a los enjuiciamientos y reclamaban una reforma profesional a la altura de lo que se había visto y experimentado en Malvinas. Siguió luego, en junio del mismo año, la Ley de Obediencia Debida, que en la versión originalmente presentada por el oficialismo exculpaba a los uniformados con rango menor al de coronel (o equivalentes en las otras fuerzas) sobre la base del desconocimiento de la ilegalidad de las órdenes recibidas. Fue aprobada pero modificada en el Senado, que excluyó de esta posibilidad los delitos atroces y aberrantes. Con este formato, la capacidad exculpatoria de la norma quedó menguada.
Soportó luego otros dos levantamientos carapintadas. El manejo de la cuestión militar se le había puesto ya muy difícil.En 1994, publiqué un libro sobre estos asuntos que titulé Ni la ceniza ni la gloria, apropiándome de palabras que con sentido diverso Jorge Luis Borges dedica en sendos poemas a su bisabuelo Isidoro Suárez, el casi olvidado coronel héroe de la batalla de Junín, y al poeta romántico británico John Keats. Sigo pensando que son apropiadas para caracterizar la poco suficiente gestión de los asuntos militares de ese, sin embargo, apreciable político de sólido fundamento republicano, que fue nuestro primer presidente después de la larga noche de la niebla y el horror.